GRAVE DIAGNÓSTICO DE LOS PENALES ROSARINOS

Nueve de cada diez penales de comisarías rosarinas no recibe luz natural (casi la misma proporción tampoco la tiene artificial) ni cuenta con ventilación directa; el 80 por ciento presenta humedad y el 65 por ciento de las celdas tiene el cielorraso con peligro de derrumbe.

Ésas son las conclusiones de un lapidario informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe entre todas las seccionales de la Unidad Regional II de Rosario (posee 33 comisarías y 22 subcomisarías). La repartición gubernamental entregó ese relevamiento al juez de instrucción Carlos Triglia, que lo había pedido para analizar si dar curso o no a un inédito hábeas corpus presentado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC): inédito, porque la medida plantea beneficiar a todos los presos de todas las seccionales policiales de Rosario, que son más de mil personas.

Triglia recibió ayer numerosa documentación desde la Defensoría. Entre ella, se destacan dos informes sobre superpoblación de convictos en 2002 y 2003, y dos anexos que registran la evolución del grado de hacinamiento en cada penal y sus condiciones edilicias.

Este diario tuvo acceso a un estudio elocuente: afirma que el 77 por ciento de los penales presenta un gran deterioro progresivo y que sólo el seis por ciento está en buenas condiciones. El 48 por ciento de los lugares es completamente inadecuado en términos de habitabilidad, mientras un ínfimo tres por ciento alcanza buenas condiciones.

El trabajo refiere al período 2003 y fue realizado en todas las comisarías por el centro de asistencia a la víctima de la Defensoría, coordinado por Guillermo Benetti. Afirma que el 65 por ciento de los cielorrasos de los penales son malos, con peligro de derrumbe, y que el 69 por ciento de los pisos son rústicos. La pintura de las paredes es mala en un 91 por ciento y tan sólo tres de cada 100 paredes se encuentran en buenas condiciones.
El 83 por ciento de los revoques son malos, según los especialistas; en tanto, el 80 por ciento de la infraestructura presenta humedad (74 por ciento completamente y seis por ciento en algunas partes). La iluminación natural brilla por su ausencia en el 91 por ciento de los penales. Sólo un tres por ciento cuenta con regular luz natural. Tampoco la iluminación artificial parece cumplir estándares mínimos: el 85 por ciento de las comisarías no la tiene.

El informe sostiene además que el 91 por ciento de las celdas carece de ventilación directa y el 80 por ciento no ofrece siquiera espacios para recreo de aire y sol (sólo seis de cada 100 presentan patios adecuados). El 48 por ciento de las seccionales tiene insuficientes recintos para recreo bajo techo y es ínfimo el porcentaje de dependencias con patio cubierto (seis de cada 100).

La conclusión a la que llegó el equipo de la Defensoría del Pueblo es que al 85 por ciento de las comisarías les falta lugares de visita. El nueve por ciento tiene recintos insuficientes y sólo el seis por ciento cuenta con espacios adecuados para tal fin.

En el 85 por ciento de los casos no hay agua caliente en los baños; sólo 12 de cada 100 acceden a este beneficio. El 79 por ciento de las dependencias carece de revestimientos sanitarios y sólo el tres por ciento posee azulejos. Sucede algo similar en cuanto al piso de los baños: mientras el 76 por ciento son rústicos, sólo en un tres por ciento ostentan cerámicos.

En definitiva, en materia de infraestructura edilicia general, el 77 por ciento de los penales presentan un gran deterioro progresivo. El 14 por ciento registra condiciones regulares, el tres por ciento malas y el seis por ciento está en buenas condiciones. Y con respecto a la habitabilidad, el 48 por ciento de los lugares es completamente inadecuado, el 31 por ciento inadecuado, el tres por ciento en parte inadecuado y 9 por ciento malo, sin contar un seis por ciento regular y un ínfimo tres por ciento en buenas condiciones.

Fuentes tribunalicias revelaron que el juez Triglia comparará este material con el entregado por la Unidad Regional II y el resto de los juzgados de instrucción (les pidió tanto a sus colegas como al comisario José Maldonado la lista de todos los hábeas corpus correctivos presentados desde 1999). El magistrado requirió además informes a la Cámara de Apelaciones, que le envió todos los acuerdos sobre problemática carcelaria de los últimos cinco años, incluso la reunión plenaria del 20 de marzo de 1996. Esa resolución destaca la desigualdad presupuestaria entre Rosario y otras ciudades y regiones de la provincia, explicaron los voceros.

Por último, Triglia solicitó a la Corte Suprema que informe sobre las notas elevadas por la Cámara Penal que dan cuenta de la grave situación que atraviesan los presos de comisarías. El máximo tribunal aún no respondió en la causa que promete convertirse en un escándalo.