“Grave”, el diagnóstico de la oposición

Todo el arco político coincidió en señalar el impacto institucional de la imputación a la Presidenta; piden garantías para la Justicia.

Casi sin atenuantes, la oposición advirtió ayer sobre la “gravedad institucional” planteada por la imputación de la Presidenta en la causa iniciada por el fallecido fiscal federal Alberto Nisman y ratificada por su par Gerardo Pollicita, en la que se coloca a Cristina Kirchner al frente de un supuesto plan para encubrir la pista iraní en la causa por el atentado contra la AMIA. También reclamaron garantías para que la Justicia investigue.

El titular de la UCR y senador nacional, Ernesto Sanz, calificó como “una cosa muy grave” que la Presidenta haya sido imputada, y consideró que “se requieren mucha responsabilidad, mucha serenidad y rapidez en el esclarecimiento del caso”.

Su rival en la interna radical, el diputado Julio Cobos, sostuvo que “no es normal tener un país con un vicepresidente procesado y una presidenta con un pedido de imputación”, en alusión a las acusaciones que Amado Boudou afronta en la Justicia por enriquecimiento ilícito, la supuesta compra de la ex Ciccone y la documentación de un auto.

Similar fue el planteo del jefe del bloque de Diputados del Frente Renovador, Darío Giustozzi. Que el vicepresidente esté procesado y la jefa del Estado imputada “es muy grave”, señaló, para interpretar que estos hechos marcan “un ciclo político con un desenlace devastador”.

“La denuncia de Nisman avanza en el lugar donde debía hacerlo: la Justicia. La sociedad argentina espera por su esclarecimiento”, interpretó el diputado socialista y candidato presidencial del Frente Amplio-UNEN, Hermes Binner.

La diputada Margarita Stolbizer aseveró que la imputación resulta “fundamental” para que se “avance” en la investigación de Nisman, “que fue, sin duda, la causa de su muerte”, indicó. “Esta cuestión nos pone en la mirada atenta y crítica del mundo entero, y por eso la Justicia debe dar muestras de su independencia”, señaló la líder del GEN.

La diputada macrista Laura Alonso indicó que como vicepresidenta de la Comisión de Juicio Político sigue “cada nueva situación con atención porque es de suma gravedad institucional” el delito que se le imputa a Cristina Kirchner. “El fiscal ha dicho que hay sospecha simple de que la Presidenta participó de un ilícito”, remarcó Alonso.

En igual sentido se expresó su compañera de bancada Patricia Bullrich, quien agregó: “Sabíamos cuando se votó el memorándum con Irán que se estaban entregando la causa y la verdad”. Dentro del mismo espacio, la vicejefa del gobierno porteño, María Eugenia Vidal, reclamó que la muerte del fiscal Nisman “no sea un hecho más de impunidad”.

“Si la democracia y las instituciones funcionan, una imputación sobre el presidente no busca golpes de Estado, obliga celeridad para conocer la verdad”, indicó el jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri.

Con otro enfoque, la legisladora socialista Alicia Ciciliani reflexionó que “está bien que cualquier ciudadano, por más cargo que tenga, esté obligado a rendir cuentas” y remarcó que la Presidenta “tendrá la oportunidad de demostrar ante la Justicia que es inocente”.

“Más allá de las permanentes acciones del Gobierno por desacreditar la denuncia de Nisman, la Justicia confirma que la misma tiene sustento y es fundamental que la Justicia actúe sin presiones”, postuló el diputado massista Adrián Pérez. Su compañero de bloque Alberto Asseff reclamó que “la investigación se profundice”.

“Está claro que nuestro país está atravesando una gravísima crisis institucional y política, teniendo en cuenta que es nada menos que la Presidenta la imputada por el supuesto encubrimiento en uno de los atentados más graves de nuestro país”, sintetizó la legisladora de Libres del Sur Victoria Donda.

“Es necesario que la Justicia pueda dar certezas de independencia y libertad para continuar la investigación”, advirtió el diputado Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica. “El memorándum con Irán persigue el encubrimiento del atentado contra la AMIA y lo firmó la Presidenta”, remarcó.

 

 

 

 

Fuente: La Nación