GRAVES INCIDENTES EN LA LEGISLATURA PORTEÑA
Luego de siete intentos fallidos, el macrismo consiguió anoche aprobar en general el Código Contravencional porteño. La clave del éxito fue el quórum conseguido merced a un insólito acuerdo con integrantes de Autodeterminación y Libertad (AyL), el bloque que responde a Luis Zamora.
Noemí Oliveto, jefa del citado grupo, fue la promotora del pacto a través del cual las autoridades de la Legislatura le aceptaron la renuncia a Patricia Flores y permitieron el ingreso de Daniel Vega, psicólogo amigo de la ex esposa de Zamora.
Claro que después de haber cumplido con su parte, Oliveto hizo su pequeño gran show cotidiano y pidió que los legisladores debatan la iniciativa de reforma con organizaciones de derechos humanos, y posterguen el tratamiento del proyecto hasta diciembre.
Vilma Ripoll, de Izquierda Unida, también hizo de las suyas, y, fiel a su costumbre, gritó y quedó al borde de las lágrimas cuando la emprendió contra la policía. Su discurso fue de los más simpáticos en un contexto de exposiciones chatas.
Y tal como estaba previsto, mientras los diputados trataban la iniciativa de reforma, un puñado de activistas protestaba en la puerta del edificio, en Perú 169. Dentro del recinto, la escena era dominada por los travestis y los piqueteros que coparon las gradas para abuchear a los expositores que no fueran de izquierda y, disconformes con la votación, terminaron generando desmanes con un saldo de varios heridos leves.
Además del quórum zamorista, para obtener su victoria, el bloque de Compromiso para el Cambio (CPC) contó también con el guiño del Partido de la Ciudad, de Jorge Giorno, y los dos diputados de Recrear, Carlos Araujo y Fernanda Ferrero.
De todas maneras, la ajustada votación que permitió el triunfo del macrismo -31 votos, el mínimo indispensable- no significó necesariamente una derrota para Aníbal Ibarra, puesto que todavía falta tratar el proyecto en particular, cosa que sucederá en lo inmediato en una nueva sesión especial.
Además, y tal como anticipara Infobae semanas atrás, el jefe de Gobierno, a través de su secretario de Seguridad y Justicia, Juan Carlos López, dejó en claro que vetará la norma en el caso de que se voten algunos de los puntos con los que está en desacuerdo.
Pero en concreto, lo saliente de la votación de ayer es que a partir de ahora cada falta tendrá una pena, que podrá ser, de acuerdo con cómo salga la próxima sesión, sólo de multas o hasta de varios días de arresto.
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