Gustavo Morón: “Será fundamental lograr un acuerdo con la Justicia para solucionar el problema”

El funcionario a cargo de controlar el sistema, dijo que actuará para reducir los juicios; también anunció la convocatoria a un comité consultivo.

 

“El sistema buscó crear previsibilidad y corrigió el factor incertidumbre, pero ahora estamos con un problema coyuntural importante que es la litigiosidad”, dice sobre el sistema de riesgos del trabajo el superintendente Gustavo Morón. El funcionario evalúa como prioritario encontrar una salida al tema y dice que la fórmula para eso está en un diálogo con los representantes del Poder Judicial.

 

 

Morón coincide con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) en el diagnóstico de que el elevado nivel de judicialidad está ocurriendo por las diferentes interpretaciones que hacen los jueces respecto de cuestiones que están reguladas por la normativa. Las principales son la actualización de las indemnizaciones y la aplicación desigual, según el juez que toque en suerte, de la tabla que valora la incapacidad laboral.

 

En la Superintendencia muestran números a manera de ejemplo. Dicen que para el caso de un empleado accidentado en enero de 2014 a los 25 años de edad, con un salario mensual de $ 8000 y un porcentaje de incapacidad de 55%, el sistema prevé una indemnización que, según la fórmula, se ubica en algo más de $ 980.000, pero que, cuando los jueces disponen sumar actualizaciones a cifras que ya estaban actualizadas, ese valor se multiplica y puede superar los $ 4 millones si la sentencia es cobrada este mes. El problema que observan los funcionarios, además de la disparidad de cobros entre los trabajadores -según el juzgado en que recaiga la causa-, es el riesgo para la sostenibilidad del sistema.

 

 

Morón, que asumió a mediados de diciembre, dice que la solución pasará por un diálogo con representantes de la Justicia para explicar los alcances de las normativas, que ya prevén la actualización de montos al calcularse los pagos. Afirma que por ese lado, y no por una nueva reforma regulatoria, se podrá encontrar una salida al problema.

 

Según el superintendente, “los índices de mortalidad por causas laborales han mejorado mucho y las prestaciones, también”, mientras que los índices de accidentes en general han bajado, “pero no tanto”. Los últimos datos oficiales son, en realidad, los de 2014. Ese año, el índice de incidencia de fallecimientos fue de 86,2 por millón (hubo, en números absolutos, 776 muertos por causas laborales). El índice mostró una baja respecto del año previo (95,5 por millón) y representó alrededor de un tercio del récord registrado en 1998, con una incidencia de 223,4 por millón. De las muertes ocurridas en 2014, 47,4 por millón fueron en el lugar de trabajo y el resto, en camino (son los llamados in itinere).

 

En el total de accidentes, la incidencia fue de 66,4 por cada 1000 trabajadores cubiertos, con un promedio de 38 días de licencia. En el año previo, el índice había sido de 69,9 accidentes por cada 1000 asegurados.

 

Según definió Morón, una de las tareas que encarará en su gestión será una “reingeniería de las comisiones médicas” para lograr un funcionamiento más ágil y una convocatoria al comité consultivo del sistema que está previsto por la ley.

 

Ese grupo de trabajo, que debe considerar cuestiones regulatorias, se conformó en su última reunión con representantes de la CGT, la Unión Industrial, las cámaras de Comercio y de la Construcción, y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

 

El funcionario también anunció la creación de una gerencia de lucha contra el fraude en el ámbito de la Superintendencia. En la gestión de su antecesor, Horacio González Gaviola, se habían hecho denuncias por casos fraudulentos en las provincias de Córdoba y Mendoza, donde se detectaron casos “copiados” de personas dependientes de un mismo empleador, que eran llevados a juicio por supuestas enfermedades.

 

Contador de profesión, Morón asumió en la Superintendencia a mediados de diciembre. Había estado ya en el organismo, entre los años 2000 y 2002, cuando actuó como responsable de la gerencia de Técnica y Planeamiento. Su último cargo en la gestión pública fue como auditor externo de la Policía Metropolitana, y previamente había sido gerente del Plan de Seguridad Pública, durante la gestión de Mauricio Macri en la ciudad.

 

 

 

Fuente: La Nación