GUTIÉRREZ ROMPIÓ EL SILENCIO Y DIJO QUE “ES LA LEY DEL PRINCIPIO, NO LA LEY DEL BOLSILLO”

“Veo que el gremio judicial dice que ya, al existir un proyecto, habría un paro general por tiempo indeterminado en el poder judicial. Pero el amparo es una acción individual en cada uno de los magistrados y cada uno decidirá qué es lo que debe hacer cuando llegue la oportunidad”.

Consultado en Radio 2 sobre la posición individual que adoptaría, Gutiérrez aseguró: “Siempre he sido amparista”.

Al referirse a una eventual derogación de la ley de enganche, el ministro de la Corte sostuvo: “Soy un convencido de que estas cosas, directa o indirectamente pueden afectar la independencia del poder judicial. Esto es una cultura del principio, no del bolsillo, más allá de que en esta oportunidad nos hayamos favorecido. Pero cuando en 1985 u 86, con todo el respeto, un comisario ganaba más que un juez, no había muchos que se preocuparan de esto, salvo nosotros”.

El propio gobernador Jorge Obeid admitió que le desagrada la norma por la disparidad de salarios que genera en la provincia, e incluso sugirió la derogación. Precisamente, Gutiérrez aclaró: “No quiero entrar en ninguna polémica con el señor gobernador. Esta ley fue votada por la Legislatura provincial, no fue hecha por los jueces”.

LOS JUDICIALES EN ALERTA

Los trabajadores judiciales santafesinos dispusieron ayer el estado de alerta y movilización y expresaron la indignación del gremio por los intentos de “hacer aparecer a un régimen salarial que garantiza equidad y justicia en nuestras remuneraciones como un instrumento de privilegio”.
En un comunicado de prensa, la Asociación Tribunales del Poder Judicial de Santa Fe, que conduce Juan Nucci, destacó que la medida de fuerza se adoptó “ante la posibilidad de algún trasnochado intento por atacar el régimen salarial que, a partir de su justicia, garantiza el correcto funcionamiento del poder judicial”.

El documento, de una dureza poco habitual, sale a la luz pocas horas después de conocerse las sostenidas críticas del gobernador Jorge Obeid a la norma que ata los salarios de la Justicia provincial a la nacional y que generó el último aumento a jueces y empleados de Tribunales.

“No me cayó bien … no me gusta, pero es una ley y hay que aceptarla”, dijo el martes el mandatario provincial, aunque enseguida insinuó que “lo importante es que (la exposición pública de los aumentos) abre el debate que puede llevarnos a la posibilidad de derogar esa ley”.

El comunicado de los judiciales sintetiza la historia de la ley porcentual, habitualmente conocida como ley de enganche, señalando que es el fruto de la lucha de varias generaciones de judiciales. “La instauró el doctor Illia a nivel nacional en la década del 60, la derogó en todo el país el dictador Onganía”, afirma.

“La recuperamos en el 73, pero también la derogaron los genocidas del 76 cesanteando a toda la conducción gremial. Volvimos a recuperarla, pensábamos que definitivamente, con la llegada de la democracia. Entre tantas tropelías contra los trabajadores, el menemismo marcó el primer ataque en democracia a nuestro régimen salarial”, agrega.

“Así, la ley de enganche cayó en la mayor parte de nuestro país. Los judiciales santafesinos, con muchísima lucha y sacrificio, sostuvimos sus dos principios fundamentales: relación vertical y sistema de coeficientes que garantiza lo que a muchos no les gusta, esto es que en el poder judicial, cuando le aumentan a los de arriba, nos tienen que aumentar el mismo porcentaje a los de abajo”, sostiene el documento.

“Por ignorancia u otras razones, medios de prensa de la provincia están informando que los jueces cobran por la ley de enganche. Esto es una absoluta falacia, la ley de enganche es el sistema que rige a los trabajadores, administrativos y personal de maestranza del poder judicial, a nadie más”, dice más adelante.

“Hoy nos hablan de privilegio. Tal vez para algunos pensamientos reaccionarios sea privilegio que a partir de este aumento, recién ahora, no haya más judiciales debajo de la línea de pobreza, conforme a los números del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), pero también pareciera que son privilegiados más de la mitad de nuestros compañeros, que no llegan a los 1700 pesos que tanto la CGT como la CTA consideran canasta familiar básica de una familia tipo”, añade el comunicado.

“Se pretende hacer creer a la comunidad que las vergonzosas remuneraciones que padecen otros trabajadores y los jubilados, son por culpa de lo que cobramos los judiciales. Lo que le falta a nuestros compañeros, a nuestros jubilados, no lo tenemos los judiciales, se lo han apropiado las privatizadas, el sector financiero, los inventores de la deuda externa ilegítima. En síntesis, los que con la complicidad de muchos que ahora se rasgan las vestiduras, destrozaron la Argentina y condenaron a millones de compatriotas a la exclusión más aberrante”, concluye.

Judiciales de Santa Fe

Por su parte, el titular del gremio en Santa Fe, Juan Cisneros, también defendió ayer el aumento otorgado a los judiciales como consecuencia de la ley de enganche. Aseguró que desde el sector simplemente luchan por lo que les corresponde y se extrañó por la advertencia de Obeid en cuanto a una posible derogación de la norma. “Nos preocupa, porque entendemos que Obeid es un demócrata y esta ley siempre fue vulnerada en la dictadura”, afirmó.

Para Cisneros el aumento a los judiciales “no es ningún privilegio sino un salario que tendrían que tener todos los trabajadores porque hoy es una vergüenza la miseria que se está pagando como sueldo. Hay una gran cantidad de trabajadores que están en blanco y que están por debajo del índice de pobreza”.

Según explicó el dirigente, la media de lo que reciben mensualmente como salario los judiciales ronda los 1.500 pesos, aunque destacó que casi un tercio de los empleados, en su mayoría ingresantes, percibe un sueldo aproximado de 1.050 pesos, tras la aplicación del último aument que viene causando polémica.

Los radicales, a favor de la derogación

El presidente del comité provincial de la Unión Cívica Radical y senador provincial, Felipe Michlig, manifestó ayer el rechazo de su partido a la “política salarial de privilegio” de los trabajadores judiciales de la provincia y expresó su apoyo a la derogación de la llamada ley de enganche propuesta el martes por el gobernador Jorge Obeid.

“En una provincia con tantas necesidades de recomposición salarial insatisfechas, no puede concebirse una herramienta de ese tipo. El radicalismo está elaborando un documento que haremos público a la brevedad, en el que rechaza puntualmente la política remunerativa de los judiciales y apoya la derogación de la ley de enganche”, afirmó el dirigente radical, que hizo referencia a los conflictos “en todos los frentes gremiales del sector público”.