“HABÍA MUCHOS QUE ESTABAN BAJO LOS EFECTOS DE LA DROGA”

“La acción se produce en el momento del máximo riesgo en la actividad penitenciaria, que es el momento del encierro, cuando toman contacto directo los internos con los guardias. En ese momento toman a los dos rehenes. La acción de ‘limpieza’ en el pabellón 11 fue ejecutada a sangre fría, calculada celda por celda, con lo cual los internos (son dos por celda) no tuvieron posibilidad de defensa contra el grupo de atacantes, por chico que fuera, así fuera de cinco u ocho personas, que estaban con armas y con lanzas, o sea: podían mantener la distancia”, le dijo el abogado penalista y licenciado en seguridad pública, Renzo Strada, a los diputados de la Comisión de Derechos y Garantías y también dejó plasmado esos dichos en el informe oficial.

Strada, que actualmente es funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe relató que “tardamos entre una hora y media y dos en obtener la presencia de una persona que tuviera una demanda concreta o algún diálogo mínimo. Durante ese lapso, tuvimos en frente a cinco o seis encapuchados armados que exigían estupefacientes, como Roinol, Valium o Rivotryl, por lo que resultaba imposible hablar con ellos y, como dice el campo científico, no hay que prestarle participación, de manera que no ganen influencia en los demás”.

Los reclusos más reos fueron el principal escollo de la negociación. “Ellos impedían que los presos que tenían intenciones de hablar y colaborar puedan acercarse a las rejas y los tenían aislados, como a cincuenta metros. La idea de Monti (una de la autoridades del Penal) era tener los rehenes a la vista. En ese momento teníamos conflicto en los pabellones 7, 9 y 11. Después, dos internos que tuvieron buena voluntad nos explicaron cómo estaba la situación y nos trazaron una idea global y ya nos avisaron (como a las 10 de la noche) que había una cantidad de nueve muertos en el pabellón 11. Inclusive, uno de ellos había perdido a un familiar en esa refriega y nos dijeron que el problema básico era que el lunes se había consumido muchos productos adulteradores de la conciencia y que ingresaron con la visita del domingo. Había muchos – continuó Strada – que estaban bajos los efectos de las drogas y no articulaban palabras, sólo gritos inconexos. Cuando llegamos hasta las rejas de los insurrectos, nosotros pedimos mantener una reunión con un grupo de 20 (presos) y ‘desarmar’ enseguida”.

El relato prosigue. “Después se produjo la anexión. Los del 5 norte, que es gente pacífica, no tuvieron problemas. Nosotros seguíamos negociando condiciones mínimas. Hasta entonces, no había planteos contra el Servicio Penitenciario, sólo hubo una exigencia por el patio de recreo, pero fue muy vaga. Ellos, pretendían inmunidad en lo inmediato y que no hubiera represión, ni castigos, ni traslados masivos y que no interviniera la guardia armada. En ese momento, nosotros ofrecíamos garantías del Servicio Penitenciario y de la Secretaría de Derechos Humanos y les dijimos que no iban a reprimir”.

La revuelta se complicó cuando los funcionarios se dieron cuanta de que tenían dos conflictos por separado: los pabellones 1 y 3, con un rehén y los otros rebeldes con otro. “El primero que cedió fue el Pabellón 1 y de ahí salieron 4 cadáveres. Ellos se encerraron solos”, dijo Strada. Los del pabellón 3 no siguieron con el desorden, pero se negaron a encerrarse. “La cosa se fue acotando como a las tres de la mañana. El punto de inflexión, cuando se quebraron, fue cuando se descompuso uno de los celadores que estaba de rehén (por convulsiones). Ahí se dieron cuenta que se habían metido en un asunto del que no podían salir. Nosotros seguimos ofreciendo garantías a un grupo de rebeldes, pero la negociación fue dura, duró como ocho horas, hasta que se encerraron y entregaron al otro celador que estaba de rehén”.

Cinco internos fueron los que colaboraron y fueron los encargados de acompañar el recuento celda por celda –según el informe preliminar – . “Desnudos, se comprobó que no estaban lesionados. No hubo intervención de la Guardia Armada en forma violenta, tampoco intervino la policía, aunque estuvo en apresto”, dijeron desde el Servicio Penitenciario.

ROSÚA: “LOS ASESINATOS FUERON SELECTIVOS”

El director del Servicio Penitenciario, Fernando Rosúa ordenó una investigación para saber si la cárcel de Coronda fue “zona liberada” durante diez horas ‑entre el lunes a la seis de la tarde y el domingo a las cuatro de la madrugada‑ cuando un banda de santafesinos con capuchas, facas y lanzas copó el ala norte del penal, provocó un apagón y ejecutó a sangre fría a 13 presos de Rosario, que estaban en sus celdas, desarmados.

“A priori no surge nada, pero yo no me quedo con el a priori. Vamos a investigar todas las hipótesis que se denuncian públicamente porque no descartamos ninguna”, explicó Rosúa que ayer informó a la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados sobre una matanza que no tiene antecedentes en la provincia.

El funcionario apeló a una metáfora explosiva para definir la situación que el gobierno de Jorge Obeid encontró en el sistema penitenciario y en la cárcel de Coronda, el 10 de diciembre de 2003 cuando sucedió a Carlos Reutemann.

“Es un campo minado. Hoy dirigir Coronda es administrar el conflicto”, dijo sin que ningún diputado del PJ abriera la boca para retrucar la acusación política a su jefe. Rosúa anunció que la masacre apuró la decisión oficial de dividir el penal con un muro en el medio para ubicar en el ala norte a los santafesinos y en el sur a los rosarinos, ante el temor de que las represalias y la escalada de violencia alcance incluso a los familiares de los internos. “Este era un proyecto previsto para setiembre, pero este hecho aceleró los tiempos ya no podemos esperar más”, afirmó.

El informe de Rosúa a la comisión de Derechos y Garantías demandó dos horas. Lo acompañó el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino y el coordinador del área jurídica de esta cartera, Renzo Strada, a quien le tocó negociar con los amotinados en la crisis de Coronda.

Rosúa desplegó un plano de la cárcel para explicar cómo la banda de encapuchados (“algunos bajo los efectos de drogas”, dijo Strada) tomó de rehenes a un celador y un auxiliar en el pabellón 7 y copó los dos contiguos: el 9 y el 11 y más tarde por un pasillo central avanzó sobre otros tres: el 1, el 3 y el 5. En el 11 ejecutaron a nueve presos y en el 1 a otros cuatro. “Los asesinatos fueron selectivos, los buscaron en sus celdas por nombre y apellido”, dijo el funcionario.

La diputada del ARI, Alicia Gutiérrez planteó la hipótesis de la zona liberada. “¿Qué hicieron para evitar el desplazamiento de este grupo de internos? ¿Por qué no encontraron resistencia del Servicio Penitenciario? Nos llama mucho la atención como entraron tan fácilmente a los pabellones 1 y 11”, escenario de las ejecuciones, dijo la legisladora.

“Voy a tener la información precisa una vez que se terminen las investigaciones”, contestó Rosúa. “Yo he ordenado dos investigaciones. Por un lado, el sumario ordinario. Y por el otro, una investigación a la División Asuntos Internos Penitenciarios que creamos el año pasado. La idea es llegar al esclarecimiento de los hechos, pero hoy no abandono ninguna hipótesis de trabajo”.

‑¿A priori se puede decir que hubo zona liberada?- preguntó Lamberto.

‑A priori no aparece, pero no me quedo con el a priori. Quiero avanzar en la investigación. No descarto ninguna hipótesis, todas las que se denuncian públicamente se van a incorporar a la investigación. Y en esto no solo trabajamos nosotros sino que tenemos la garantía que también investiga el juez de Instrucción (de Santa Fe, Ricardo Patrizi). No me atrevo a afirmar ninguna hipótesis hoy, pero en el correr de los días y apenas tengamos algunas certezas, mi compromiso es informarlos y brindarles todos los elementos que tengamos. A priori no surge nada, pero yo no me quedo con el a priori ûinsistió Rosúa.

En síntesis, agregó‑ están en marcha tres investigaciones. El sumario ordinario que se realiza en estos hechos. La investigación especial que tiene a su cargo Asuntos Internos Penitenciarios y la pesquisa judicial. “Apenas tengamos más elementos y precisiones voy a comunicar el avance de la investigación”.

En ese contexto, Rosúa esgrimió la metáfora de las bombas. “La situación en que se encuentra el Servicio Penitenciario y la cárcel de Coronda la reconocimos el primer día: dijimos que estábamos sentados en un campo minado. La situación es muy conflictiva. El gobernador declaró por decreto la emergencia carcelaria. Y pusimos en marcha un plan de construcciones para resolver dos problemas: la población penal en las comisarías de Rosario y Santa Fe y la sobrepoblación en las cárceles de Coronda y Las Flores. Esa es la realidad que encontramos en diciembre de 2003, estamos trabajando arriba del campo minado”, afirmó.

Un cóctel explosivo que se activó con el efecto Blumberg. “Las leyes Blumberg impactaron negativamente en el sistema penitenciario de la provincia. La reacción de los legisladores nacionales al modificar el Código Penal y la ley de Ejecución Penal ûy restringir las libertades condicionales y los períodos de prueba‑ significó un cambio violento de las reglas de juego y desalentó la recuperación de los internos, sobre todo a los que tienen condenas largas. Si uno plantea que aquellos que tienen penas perpetuas no van a salir nunca, ellos no tendrán nada que ganar y nada que perder. Entonces, la situación en los penales se hace realmente explosiva”, agregó Blumberg.

“La conflictividad es permanente en la cárcel de Coronda”, apuntó después Rosúa cuando le preguntaron sobre la carta que los internos entregaron el 25 de febrero a la comisión de Derechos y Garantías y ésta despachó al gobierno. ” Noticias sobre conflictos recibimos todos los días y operamos sobre estos. Hoy dirigir Coronda es administrar el conflicto. Hoy es eso”, insistió.

‑¿Está probado el ingreso de droga a través de la visita de familiares o ingresa a través del Servicio Penitenciario? ûle preguntó después el diputado Lamberto.

‑Lo que está probado es que la ingresan los familiares porque muchas veces se detecta. El efecto que relató Strada de los días lunes está vinculado a que el domingo es día de visita. No descarto que pueda existir algún personal que cometa ilícitos. Tenemos 500 empleados. Si nosotros detectamos alguno, lo vamos a sancionar, pero en este año y medio de gestión no tuvimos ninguna denuncia concreta sobre involucrados en esto.

‑Acá se habló de trece ejecuciones. ¿Todas fueron premdditadas? Planteó el diputado Gabriel Real, del PDP.

‑No lo sabemos. Todavía no declararon ante la justicia los dos celadores (tomados como rehenes) porque recién salieron de su internación y de la asistencia sicológica. Así que el lunes podemos tener el testimonio de los celadores que puede ser importantísimo para esclarecer los hechos concluyó Rosúa.