HABILITAN DESIGNAR CIVILES AL FRENTE DE CÁRCELES

Una reciente disposición del gobierno provincial habilita a que las cárceles santafesinas puedan ser conducidas por civiles y no exclusivamente, como hasta ahora, por oficiales del Servicio Penitenciario de la provincia (SP).

La resolución fue adoptada mediante un decreto del gobernador Jorge Obeid quien consideró oportuno que las funciones destinadas al doble propósito de reinsertar socialmente a los detenidos y garantizar su eficaz custodia pueda ser desempeñada por funcionarios civiles que ostenten idoneidad para el cargo.

Mediante el decreto 3000, el gobernador modificó parcialmente el Reglamento Interno del Servicio Penitenciario provincial que en su numeral 058 disponía que al mando de la dirección de las unidades carcelarias de esa repartición se desempeñara exclusivamente un oficial superior u oficial jefe del escalafón cuerpo general del SP.

En el texto, el mandatario plantea que el SP cuenta con oficiales superiores y jefes de otros escalafones suficientemente capacitados para la conducción de unidades penitenciarias pero que, además del personal de esa procedencia, un examen completo de la problemática del área permite advertir la existencia de ciudadanos con condiciones para tales funciones. Y para ello enmendó el apartado del reglamento que habilita, entonces, a los civiles a tomar a cargo la conducción de las cárceles.

La atribución de nominar a civiles al frente de prisiones tuvo por última vez vigencia en la provincia en 1974. Desde entonces la experiencia se interrumpió junto con la modificación legal que lo impedía. Para su restablecimiento parece haber contribuido la experiencia de la gestión del interventor civil que está a cargo de la cárcel de Coronda desde mediados de abril de este año.

Quien ocupa ese puesto, Jorge Bortolozzi, fue nombrado para conducir el difícil proceso de administración y pacificación de la mayor penitenciaría provincial luego de la crisis provocada por la matanza de 14 presos, episodio registrado el 11 de abril último.

Bortolozzi sostiene una política de diálogo interno entre las autoridades del penal, los empleados del SP y los delegados de los pabellones. Su misión inicial se había planteado restablecer el principio de autoridad y seguridad en el marco de la observación de los derechos humanos.