HABRÁ MAS CONTROL Y CAMBIOS LEGALES PARA COMBATIR LA EVASIÓN.

“No estamos haciendo terrorismo fiscal.” En la cabecera de una larga mesa con periodistas , el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, presentó ayer con esta consigna el nuevo programa del Gobierno para reducir la evasión.
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El plan lanzado por el Poder Ejecutivo busca aumentar la percepción de riesgo de quienes infringen la ley, mejorar el control de la evasión en operaciones internacionales, incrementar la capacidad sancionatoria y modificar el régimen de monotributo con un aumento de las cuotas.
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Ayer por la mañana, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, presentó en la Casa de Gobierno la iniciativa junto al ministro de Economía, Roberto Lavagna, y al propio Abad. Por la tarde, el titular de la AFIP reiteró los lineamientos de este programa, basado sobre la aplicación de la figura de asociación ilícita para penalizar la evasión agravada, devolver a la AFIP la recaudación de los aportes por seguridad social, incrementar los requisitos para la tramitación del CUIT, modificar el régimen del monotributo e implementar un registro con un perfil de riesgo de los contribuyentes.
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Los principales campos de preocupación de la AFIP pasan por la “proliferación de facturas apócrifas”, la triangulación de operaciones con commodities, el incremento patrimonial con fondos originados en paraísos fiscales y la creciente cantidad de empleados en negro.
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Modificaciones legales
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En este sentido, se enviará al Congreso una serie de modificaciones a la ley de procedimiento tributario y a la de ganancias. Otros cambios se dictarán por resoluciones generales del organismo. Los ejes del programa son:
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En el monotributo, se crea la figura del contribuyente eventual, es decir, que facture hasta $ 12.000 anuales y pagaría un 10% por cada servicio prestado. Además, se deroga la figura del responsable no inscripto en IVA y se fija el techo de facturación en $ 72.000 anuales para los prestadores de servicios. Por encima de esa cifra, los contribuyentes figurarán como responsables inscriptos.
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Se fijan un aporte previsional de $ 50 para todas las categorías y las siguientes cuotas: para los prestadores de servicios y locaciones serán A ($ 30); B ($ 60); C ($ 125); D ($ 245); E ($ 450). Para el resto de las actividades: F ($ 30); G ($ 45); H ($ 80); I ($ 140); J ($ 210); K ($ 310); L ($ 420) y M ($ 700).
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Para evitar la proliferación de facturas apócrifas, los usuarios serán solidariamente responsables con el emisor por el impuesto omitido en la operación.
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La solicitud del CUIT implicará nuevas exigencias, como la demostración de patrimonio y el origen de la sociedad. Los contribuyentes que pidan este certificado pasarán por un período de “examen” durante seis meses, con una factura transitoria.
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Se crea el sistema de perfil de riesgo con una nota de uno a cinco para calificar a los contribuyentes de acuerdo con su conducta. “Si cumplen siempre, van a estar en la categoría número 1; si no cumplen con nada, en la cinco”, detalló Abad. El sistema comenzará a aplicarse en La Plata y en dos zonas del interior del país.
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Ejecución de operativos de control masivo con la participación de más de un millar de inspectores -que serán contratados entre estudiantes de Abogacía y Ciencias Económicas- para controlar empleo no registrado, facturación, controladores fiscales y controles de ruta.
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Inspectores “encubiertos”. Los agentes de la AFIP podrán simular una compra en un comercio como si fueran clientes para verificar la entrega de la factura. Si no la reciben, podrían clausurar el negocio.
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Para evitar la subfacturación en las operaciones con commodities, se tomará como precio de venta el valor de mercado a la fecha de embarque y no la vigente en el inicio del negocio.
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Los fondos originados en paraísos fiscales serán considerados como incrementos patrimoniales “no justificados” en el impuesto a las ganancias.
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Redoblar la inscripción de sociedades extranjeras sin domicilio en la Argentina, que en muchos casos son ficticias. “Ya se inscribieron 1500 sociedades, un 60% son de un país fronterizo”, reconoció Abad sin querer mencionar al Uruguay.
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Suba de las multas en los ajustes realizados por precios de transferencia. Se buscará cobrarles un 0,5% de los ingresos percibidos a las empresas en infracción.
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Lucha contra el empleo en negro: no sólo habrá que pagar la carga patronal, sino también IVA y Ganancias por los empleados no registrados.
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La información obtenida por imágenes satelitales permitirá establecer los activos reales en el sector del agro.
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Se elimina el Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (Inarss) y la AFIP centralizará el control previsional.
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Se reprimirá con prisión a los integrantes de asociaciones ilícitas destinadas a evadir.
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Lavagna consideró que “hay que dar una batalla muy fuerte contra la evasión, cuyo resultado hará posible una reforma impositiva de fondo” y Fernández dijo que, a diferencia de otros gobiernos, éste no promueve moratorias ni promete bajar impuestos, sino que busca perseguir a los evasores. Por su parte, Abad dijo que “bajar el nivel de evasión es fundamental para sostener el sistema institucional en democracia”.