HABRÍA 340.000 SUBSIDIOS MAL OTORGADOS

Un 16% de los subsidios otorgados por el plan Jefes y Jefas de Hogar -unos 340.000 casos sobre un total de 2 millones- fue asignado a personas que no cumplen con los requisitos más amplios establecidos en el decreto de creación del programa (aunque luego esas exigencias se fueron ajustando con las reglamentaciones). A esa conclusión llega un estudio elaborado por los economistas Jorge Paz y Pablo López Zadicoff, el primero de ellos investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y ambos profesores de Economía Laboral de la Universidad del CEMA.

El trabajo está basado en el cruce de datos de los sondeos de mayo de 2001 a octubre de 2002, de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. En la última medición del año pasado fue cuando se capturó la mayor parte de los datos de los beneficios otorgados, mediante una pregunta que permitió identificar a los receptores del plan. Esos resultados se cruzaron con las respuestas dadas por la misma población que había participado en las encuestas previas.

Entre las conclusiones se señala que el programa incluyó a personas que no eran el objetivo específico del plan Jefes y Jefas, ya que en muchos casos no se trataba de desocupados. Del total de los que en octubre dijeron ser beneficiarios y habían respondido también en mayo, sólo el 24,5% era seis meses antes desocupado; el 25,7%, asalariado no registrado, y el 29,2% (el mayor porcentaje), “inactivo típico”, es decir, personas que no tienen trabajo ni lo buscan.

Al ser consultado por LA NACION, el secretario de Empleo, Enrique Deibe, dijo conocer que muchos inactivos ingresaron al plan, pero agregó que es porque, además de tener que ver con la situación laboral, el programa está relacionado con la pobreza. “Hay muchas mujeres que antes eran inactivas, sobre todo porque no veían posibilidades de conseguir un trabajo, y luego se sumaron al plan”, admitió el funcionario, que también reconoció que podría ser que hubiera casos en que dos integrantes de un hogar perciban el subsidio.

En el caso de los asalariados en negro, no puede establecerse fehacientemente que alguien que figuraba como tal en la encuesta de mayo y en la de octubre aparece como beneficiario del plan no haya perdido el puesto que tenía (vale recordar que entre un mes y otro el empleo creció). Pero también hay elementos para pensar, según el trabajo, que se puede mantener la ocupación y cobrar el plan al mismo tiempo. “Los asalariados no registrados tienen una probabilidad mayor que los desempleados de participar en el programa; la idea central es que los asalariados no registrados que ya estaban trabajando lo seguirán haciendo mientras cobran el subsidio, o bien los beneficiarios tenderán a informalizarse para poder seguir recibiendo los beneficios del programa”, se señala en el informe.

Desconocimiento

La posibilidad de mantener un trabajo -informal- y un plan al mismo tiempo tiene que ver con la cantidad de horas dedicadas a una contraprestación o, directamente, con que ésta se realice o no. Deibe admitió que el Gobierno no conoce el porcentaje exacto de personas que cumplen con ese requisito. Se estima que estaría entre el 60 y el 70% de los beneficiarios. Otro punto que analiza el trabajo de es la posible complementación del plan con el empleo en empresas privadas. Destaca que se “favorece la demanda de trabajo reduciendo los costos laborales”. Sin embargo, el funcionario de Trabajo reconoció que el resultado del plan que les permite a las firmas tomar el pago del plan como parte del salario tuvo resultados muy modestos: apenas incorporaron unos 2000 trabajadores.

Según Deibe, esto es porque en los últimos meses se creó empleo en sectores que tienen tradición de tomar personal en negro y que, si bien se les está ofreciendo menor costo laboral, temen mayores controles del Estado. Además, dijo que existe resistencia por parte de algunos empresarios, que creen que los beneficiarios de un plan social son personas que “no tienen apego a la cultura del trabajo”.