Habrían detectado más de 300 cobros irregulares de ayuda a inundados

De un mes a esta parte, el Ente de la Reconstrucción de la ciudad de Santa Fe –creado a raíz del desborde del río Salado– duplicó el número de expedientes como consecuencia de presuntos cobros indebidos o irregulares de la ayuda económica de 4 mil pesos, otorgada durante la administración reutemista. Así, el titular del organismo, Juan Carlos Forconi, confirmó que ascienden a alrededor de 300 los casos sospechados que en los próximos días serán analizados “a fondo”. Si se detecta un posible dolo, la repartición hará la denuncia penal correspondiente y luego, en caso de confirmación, se intimará para la devolución del dinero.El funcionario reconoció a este diario que esa cantidad de casos dudosos se encontró sin poner “todo el esfuerzo” en esa actividad, ya que en esta primera etapa se trató de “acelerar en todo lo posible el tema de los pagos” de las reparaciones económicas dispuestas por ley provincial.Ante una consulta de El Ciudadano, Forconi señaló que el listado de los presuntos cobros irregulares no será publicado sino elevado, en caso de tener sospechas, directamente a la Justicia.“Debemos estar por arriba de los 300 casos”, expresó el funcionario, al advertir que se trata de “cobros que hoy no se ajustan a la ley, pero de ahí a que haya delito habrá que analizarlos bien”. Para Forconi, esto “no es una cuestión de nombres sino de la posible existencia de la comisión de un delito sin tener en cuenta para nada y en absoluto la persona de que se trate. Vamos a cumplir a rajatabla la igualdad ante la ley”. Y agregó: “No he visto nombres que me llamen la atención”.Como ya lo dijo en otras oportunidades, el titular del Ente de la Reconstrucción reiteró que “acá hay que ser muy cuidadosos en el análisis porque cuando se pagaron las primeras dos cuotas (de 800 pesos cada una), y principalmente la primera, el contexto era diferente”.Su argumento tuvo razón de ser por cuanto las personas afectadas por la tragedia hídrica –desatada en Santa Fe el 29 de abril de 2003– al momento del cobro de esos fondos, estaban alojadas en centros de evacuados o eran autoevacuados. “Era una época diferente y por ahí el criterio que se usó con esos pagos fue totalmente diferente a cómo se evalúa hoy el pago del resarcimiento dispuesto en una ley provincial”, completó.