¿Hacia la penalización?

Carlos Pagni, en su columna del lunes 12 de marzo en el diario La Nación (que junto con la de Osvaldo Pepe en el diario Clarín de ese mismo día, desencadenó la furia presidencial), señalaba “la clausura de una etapa de la administración” y “una nueva configuración en el mapa del poder”. ¿Hay, en estos primeros meses de este primer año del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, indicadores de un cambio semejante? Creo que sí. Aquí sólo me interesa la metodología política.

Como fondo, la aprobación de la Ley Antiterrorista, rechazada no sólo por la oposición, sino por prestigiosas figuras del Poder Judicial y que generó reservas, incluso, en sectores del oficialismo. A pesar de sus propias declaraciones, el Gobierno se ha dotado de un arma legal para penalizar, llegado el caso, tanto opiniones como movimientos de protesta (penalización que es ya práctica gubernamental corriente en Venezuela y Ecuador, por ejemplo).

Sobre ese telón de fondo y en lo que hace a las opiniones críticas, las reacciones de la señora Presidenta se han vuelto inmediatas. En su discurso de la noche de ese mismo lunes, la identificación de los autores fue explícita, aunque sus nombres no se hayan pronunciado: Carlos Pagni fue tachado de antisemita y Osvaldo Pepe de nazi, además de un paralelo con el Proceso. (“¿No les hacen acordar a las cosas que decía Videla?”). O sea: la máxima autoridad del Estado está identificando a personas, y les está imputando características extremas. En comparación, el “¿Qué te pasa, Clarín?” de Néstor queda como la reprimenda benévola a un crío desobediente.

No defiendo el contenido de los artículos escritos por uno y otro periodista –que por otra parte no necesitan de nadie para defenderse– y estoy lejos de concordar con todo lo que se dice en una y otra columna. Pagni, por ejemplo, presenta algunas de las opiniones de Kicillof como si fueran aberrantes, sin decirlo explícitamente, apelando al sentido común ideológico de sus lectores. Ignoro si el señor Kicillof considera (o si ha declarado) que “las ciencias económicas, tal como se las enseña en las universidades argentinas –o en el 90% del sistema académico internacional–, son la fachada técnica de un aparato de dominación”; en todo caso es una afirmación no muy alejada de mi propia opinión. Además, que ese economista, hoy importante funcionario del Estado, sea marxista o no, importa muy poco –y creo que a la señora Presidenta le importa aun menos. El problema no pasa por ahí, es un problema de metodología política. Con la personalización del ataque a esos periodistas por parte nada menos que de la Presidenta de la Nación, el enfrentamiento del Gobierno con los medios se desliza peligrosamente hacia una situación penal, teniendo en cuenta, sobre todo, la ambigüedad de la Ley en cuanto a lo que puede ser considerado una acción terrorista.

Con respecto a los movimientos de protesta, tenemos las declaraciones de la ministra Garré, que calificó los bloqueos del viernes 16 de “salvajes” “desestabilizantes” y “extorsivos”, identificando con nombre y apellido a varios dirigentes políticos. “Persisten en usar esta metodología salvaje para lograr algún tipo de demanda o, peor, para desestabilizar”. “Se esconden detrás de un reclamo legítimo y usan métodos ilegítimos”. En La Nación del sábado 17, Claudio Jacquelin resumió muy claramente la gravedad del asunto: “La ministra no utilizó ninguna metáfora, sino un preciso término con consecuencias legales: la extorsión es un tipo de delito incluido en el Código Penal argentino, que reprime con prisión de cinco a diez años a quien los cometa. Y en este caso, gracias a la sanción a fines del año pasado de la polémica Ley Antiterrorista, impulsada por el Gobierno, podría tener un agravante que duplique la pena de quien sea condenado por tal delito”.

En este contexto, curiosamente, la lógica polémica de la señora Presidenta sigue siendo de una inconsistencia notoria. Ejemplo: en su columna, Osvaldo Pepe recordó, en números, los viceministros, diputados nacionales y provinciales, senadores, concejales e intendentes que responden a La Cámpora. Como respuesta, Cristina se limitó a recordar los miles de concejales e intendentes que hay, en relación con los cuales, en ese nivel, las cifras de La Cámpora no tienen ningún peso. Este razonamiento es absurdo, en la medida en que no se toma en cuenta el conjunto de esa lista, ni la posición jerárquica de los cargos, ni las relaciones de influencia. Es como si yo dijera que la Presidenta tiene un poder insignificante, dado que es un cargo entre los 312 funcionarios del Ejecutivo (cifra dada por Cristina). Extraño ejercicio presidencial.

¿Qué podemos hacer? No lo sé. Pero si la clase política no encuentra una manera de evitar que esto se ponga muy feo, bueno… ¿cómo era? ¿Que se vayan todos?