HAMMERLY ACUDIRÁ HOY A LA LEGISLATURA PARA HABLAR DE AGUAS

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alberto Hammerly, concurrirá a la Legislatura por segunda vez en menos de dos meses para informar sobre el futuro de la concesión de cloacas y agua potable. La visita del ministro coincide con el peor momento de las relaciones entre el gobierno y la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe a pesar de que las partes conformaron hace una semana una comisión técnica para estudiar los costos y las variables que, según la concesionaria, “rompieron la ecuación económica-financiera del negocio”.

Lo único que disimula la inexistencia de diálogo entre las partes es la expectativa por la negociación que llevan adelante el gobierno nacional y el grupo Suez por la concesión de los servicios sanitarios en Capital Federal y el conurbano bonaerense, aunque allí el contrato es de características diferentes al de aquí. En Santa Fe el escenario de la salida de Aguas Provinciales aún es posible porque así lo ha comunicado la empresa en la intimación del 16 de marzo y que reiteró la semana pasada. El propio Hammerly tiene la impresión de que “hay demasiados pruritos por parte de la concesionaria como para sentarse en forma positiva a encontrar una salida a la concesión”.

La imposibilidad de llegar a una renegociación exitosa del contrato es porque el gobierno y la empresa van por carriles separados. Aguas habla el idioma del dinero a través de un reclamo tarifario a la vez que saca provecho de las resoluciones, decretos y leyes que convalidaron sus incumplimientos. El gobierno provincial, en tanto, zigzaguea entre la desprolijidad que fue la concesión desde el momento mismo en que alguien pensó en quitarse de encima la ex Dipos, las responsabilidades institucionales y políticas de quienes ocupan el staff permanente de la provincia en la última década, la presión social por la falta de servicios, y las consecuencias increíbles que tienen los tratados bilaterales de protección de inversión que firmó Carlos Menem en los 90 y que hacen muy viable la demanda en el organismo de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi) por 310 millones de dólares contra el Estado. En la Casa Gris están convencidos de que de perder ese juicio, la Nación le trasladará a Santa Fe una parte del monto descontándolo de los fondos de coparticipación.

Incumplimientos

En diciembre de 1995 el entonces gobernador Carlos Reutemann firmó la privatización del servicio a través de un contrato que establecía metas y objetivos en cuanto a parámetros de calidad, ampliación de plantas potabilizadoras, construcción de plantas de tratamientos de efluentes, y la expansión de las redes de cloacas y agua potable que constituyen las obras más reclamadas por los santafesinos y las más urgentes desde el punto de vista sanitario y social.

Aquellos objetivos se cumplieron en una mínima parte y aquí vale hacer una primera aclaración. Nueve años después los santafesinos no tienen las obras y entonces tanto la empresa concesionaria como los sucesivos gobiernos son socios del incumplimiento, al margen de los atenuantes que puedan invocarse por la crisis económica.

Sin embargo, los papeles oficiales –que son los que cuentan a la hora de renegociar o demandar a la otra parte–, no atestiguan ni documentan incumplimientos. Ese detalle quedó en claro el 23 de febrero pasado en ocasión de informar a la Legislatura el ministro Hammerly (ex presidente de la Cámara de Diputados entre 1999 y 2003), y Adalberto Damianovich, el abogado que él designó para encabezar una comisión de seguimiento de la demanda de Aguas ante el Ciadi.

Ese día, Damianovich confirmó que “tal vez técnicamente lo que son incumplimientos del concesionario no aparecen como tales, aún cuando políticamente y desde un punto de vista de la buena fe, podamos reprocharle actitudes”. Este reconocimiento sonó más cruel cuando Damianovich blanqueó lo que todos ya sabían: “De los nueve años que transcurrieron de la ejecución del contrato, tuvo metas y objetivos suspendidos; suspendidos, nos guste o no, por acuerdo de ambas partes”. El abogado citó como ejemplo la primera renegociación con aval legislativo de 1999 más la batería de resoluciones y decretos que se firmaron desde 2000 en adelante.

Los tratados

Si bien la demanda que Aguas Provinciales presentó ante el Ciadi es contra el estado nacional por la devaluación, el gobierno santafesino está preocupado porque de salir un fallo adverso cree que “el gobierno nacional pretenderá repetir con la provincia, reclamándole en lo que tenga que ver con la coparticipación aquellos gastos que ellos entiendan que no le corresponden”.

El contrato entre Aguas y el Estado provincial no preveía la jurisdicción de tribunales internacionales. ¿Cómo se llegó al Ciadi, entonces? Damianovich le explicó a los diputados provinciales que los tratados internacionales de protección bilateral de inversiones que se firmaron en los años 90 tienen “una herramientita que es una trampa” que consiste en poner una cláusula donde se dice que si con posterioridad a la firma del acuerdo –como los que por ejemplo se hicieron con España y Francia– otra nación consigue condiciones más favorables para el intercambio, también le serán reconocidas.

Algunos tratados posteriores a los de Francia y España “introdujeron nuevas condiciones, como la incidencia del tema jurisdiccional”. Damianovich recordó que “en el contrato de Aguas se decía que debía someterse a los Tribunales locales. Sin embargo, los tratados se van sumando, generando una especie de código, y los más nuevos admiten que los planteos se hagan directamente ante el Ciadi. Eso por ejemplo se firmó con las islas Fidji, que parece inocente porque cualquiera se preguntaría qué podemos estar perdiendo con un país con el que casi no hay intercambio, sin embargo la cláusula del tratamiento igualitario con la Nación más favorecida hace que Francia y España puedan recurrir directamente al Ciadi”.

La situación no es para nada ventajosa para la provincia y los usuarios del servicio. En aquella sesión del 23 de febrero, Damianovich sostuvo que por las actitudes de la concesionaria “hace dudar que realmente quiera renegociar” e hizo notar que “por tratarse de un tribunal comercial no va a contemplar la situación de emergencia de un país”. A su par, el ministro Hammerly remató la idea: “Hay que tener en cuenta que el Banco Mundial –que nos prestó los 40 millones de dólares– forma parte del Ciadi. La Corporación Financiera Internacional (que es parte del BM) son socios de ellos (de Aguas) y forman parte del Ciadi”.
El dinero que reclama Aguas es el mismo que ganaría en un escenario ideal si trabajara los 21 años que restan de concesión. Damianovich admitió que uno de los pocos elementos de presión que quedan “es el hecho de que son empresas que están en todo el mundo y que en cada lado que tuvieron que retirarse es mala propaganda”.

OPOSICIÓN

La oposición agendó tres temas centrales sobre los cuales pretende que el ministro de Obras y Servicios Públicos informe esta tarde en su paso por Diputados. La respuesta de Aguas a la invitación para participar de un fondo fiduciario que solvente las obras de expansión de cloacas y de agua potable. También buscarán informarse sobre la evolución de la demanda de la empresa ante el Ciadi. Y, por último, pedirán detalles sobre la comisión mixta que se reúne desde la semana pasada para estudiar la ecuación económica-financiera de la concesión.