“HAY QUE SALIR DEL ATRASO”

El próximo 10 de mayo los tres poderes públicos de la provincia, más representantes de los magistrados, los abogados y los empleados tribunalicios, firmarán un acuerdo para reformar la Justicia santafesina (todos los códigos procesales y la ley orgánica). ¿Será posible plasmar semejante cambio? ¿Cómo debería hacerse? El presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Santa Fe, Julio de Olazábal, considera imprescindible instaurar la oralidad y cree que por fin están dadas las condiciones para ello. El magistrado habla con conocimiento de causa: junto con otros reconocidos juristas elaboró en 1995 el anteproyecto de Código Procesal Penal, que entonces fracasó, pero que se discute nuevamente en la Cámara de Diputados desde mediados de 2005, cuando fue presentado como iniciativa parlamentaria por legisladores de distintos bloques.

De Olazábal, camarista de la sala IV de la ciudad capital, pasó por Rosario el 25 de abril para participar de un panel en homenaje al fallecido juez de Instrucción Carlos Triglia. En su disertación, en el Colegio de Magistrados, habló entre otras cosas sobre la necesidad de reconocer que los jueces fallan de acuerdo con ideologías y que el Poder Judicial debe abrirse a la gente y a la prensa.

—¿Cuáles deberían ser los ejes del cambio de la ley penal santafesina?

—No sé en qué consiste la reforma que se ha anunciado. La idea básica del anteproyecto de código que trabajamos (desde 1993, junto con los abogados Víctor Corvalán y Jorge Vázquez Rossi y el juez rosarino Ramón Ríos) fue la de una Justicia más transparente, es decir que la sociedad pueda comprender de qué se trata. Con juicios orales: no porque estemos enamorados de la palabra, sino porque la oralidad unida a la publicidad permiten al común de la población saber qué está ocurriendo. El gran cambio está dado por la sustitución de las actas del proceso, que por ser escritas no todo el mundo las puede leer, por un proceso oral y público.

—¿Por qué en más de 20 años de democracia no se logró la reforma? ¿Por oposición de los jueces?

—Me resulta bastante confuso saber qué ocurrió, porque a aquel anteproyecto lo hicimos por encargo de una comisión bicameral en la que estaban presentes diputados y senadores. Al proyecto lo presentamos en Rosario, vino el entonces gobernador Carlos Reutemann y dijo que antes de que terminara su mandato tendríamos el código en funcionamiento. Parecía que todo estaba dado para que se sancionara. Luego, como pretexto, se utilizó la falta de disponibilidad de dinero. Se me ocurre que no se contaba con el suficiente consenso de todos los operadores del sistema judicial. Consenso que ahora está: las cosas han cambiado suficientemente; la gente y los operadores ya se dan cuenta.

—El país nos mira…

—El país y el mundo, porque en toda Latinoamérica no existe ninguna provincia con un código procesal como el nuestro. Un gran procesalista rosarino, Héctor Superti, una vez tuvo una humorada y dijo: «Santa Fe debería mantener el sistema escrito para que lo declaren monumento histórico cultural de la humanidad y entonces fomentar el turismo, que vengan turistas extranjeros para verlo». En su momento no se hizo un estudio serio sobre las necesidades materiales que debían cubrirse para que el proyecto funcionara. Ahora se estaría subsanando porque el Poder Ejecutivo habría puesto técnicos para que estudien el presupuesto y la estructura. Es de esperar que, de una vez por todas, Santa Fe salga de su atraso.

—Antes dijo que no tenemos un problema de leyes sino de ideologías. ¿A qué se refería?

—Cuando se aplica una ley no se hace un traspaso limpio al caso concreto sino que la ley es interpretada por los jueces. En ese proceso tienen un papel las ideologías, los jueces no somos neutros morales ni neutros ideológicos. Cada uno tiene su ideología, aunque este tema no se debate porque es tabú. A mí me parece importante destacar cuáles son las ideologías. Para los que estamos en la función pública sólo hay una respetable: la de la Constitución. No creamos que la tarea del juez es aséptica, porque tiene valores. Hay que señalar y reconocer los valores.

—¿De qué manera la Justicia, como usted menciona, debe abrirse a la gente y a la prensa?

—A través de un juicio público. Como nuestro proceso es escrito y se va acumulando en expedientes de 200 fojas, se transforma en algo que ya nadie puede leer. Lo terminamos leyendo los abogados y los jueces; está como en otro idioma. Cuando el juicio sea oral, podrá estar presente un periodista y ver por qué se falló de una manera y no de otra. Por ejemplo, porque los testigos nada dijeron, no por perversidad del juez.

—¿Mientras tanto qué se puede hacer?

—Trabajar para que la reforma salga, porque un sistema escrito es incompatible con la publicidad. Hay que impulsar el cambio.

JORNADAS SOBRE REFORMA

Juristas, legisladores y jueces analizarán durante cinco lunes en Rosario los cambios a producir en la legislación penal. Las jornadas, que se desarrollarán en la Fundación Libertad, son organizadas por esta entidad, la Cámara de Diputados y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Hoy, a las 17.30 y en Mitre 170, se considerará la responsabilidad institucional en la fijación de las políticas judiciales. Disertarán la vicegobernadora María Eugenia Bielsa, el ministro de la Corte Roberto Falistocco, el ministro de Gobierno Roberto Rosúa y el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Araujo.