¿HAY SUPERPODERES EN LA PROVINCIA?

Mucho se habló en las últimas semanas de los superpoderes ante la discusión abierta en el Congreso Nacional por el propio gobierno nacional que impulsa una reforma a la ley Administrativa Financiera que le permita al jefe de Gabinete readecuar las partidas presupuestarias. El asunto ya fue despachado por el Senado y llegará al recinto de Diputados el 2 de agosto.

Al momento de defender el proyecto, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que en todas las provincias existen estos superpoderes y mencionó que Santa Fe tiene la ley N° 12.510. Dicha norma es la de Administración, Eficiencia y Control sancionada a fines de 2005. Tras la afirmación de Fernández, la pregunta es: ¿hay superpoderes en Santa Fe? La respuesta no es única. El ministro Coordinador y legisladores del oficialismo afirman que no, en la oposición dicen que sí y los sitúan en las leyes complementarias del presupuesto y en algunos artículos de la 12.510.

Del lado oficial
“Como ministro Coordinador no tengo superpoderes”, señala Rubén Michlig. Enseguida aclara que “la ley de Administración faculta a modificaciones de presupuesto que no son idénticas al régimen nacional. El Ejecutivo puede modificar el presupuesto con algunas limitaciones. La provincia ha adherido al régimen de responsabilidad fiscal y no estamos exceptuados del cumplimiento como sí está planteado en el régimen nacional”. Esta norma impide pasar partidas de bienes de capital a gastos corrientes, entre otras limitaciones. Después, se encarga de remarcar que “el Ejecutivo ha puesto en conocimiento de las Cámaras las modificaciones presupuestarias autorizadas por la ley complementaria. De la norma surge que en la modificación de trabajos públicos cada decreto se envía a las Cámaras. Nadie puede pensar que no hay conocimiento público del tratamiento presupuestario que tiene la provincia”.

También Juan Carlos Mercier, ex ministro de Hacienda y hoy senador por La Capital, afirma que no hay facultades extraordinarias o superpoderes en la provincia. Es más, sostiene que se fueron perdiendo con la caída de las distintas leyes de emergencia que tuvo la provincia. En cuanto a las leyes complementarias del presupuesto, dijo que años anteriores sirvieron para recortar partidas porque no alcanzaban los fondos pautados para cubrir el año. “Fueron facultades para podar, no para distribuir”, recuerda.

Para el senador es medular el artículo 15 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal al cual adhirió Santa Fe. Allí se determina que tanto la Nación como las provincias “sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado siempre que estuviere asegurado un financiamiento especialmente destinado a su atención. Asimismo, no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras”. La vigente ley Complementaria (12.512) autoriza a disponer ajustes presupuestarios tomando en cuenta el artículo anterior.

A futuro, Mercier señala una serie de artículos de la norma de Administración, cuya autoría en gran parte le pertenece, donde se determinan pautas para modificar los presupuestos.

Voces críticas
En la otra orilla, el senador Carlos Fascendini (UCR-Las Colonias) afirma que en la provincia “siguen existiendo artículos que permiten convertir partidas sin tener que reformular el presupuesto”. El legislador asegura que siempre los Ejecutivos tuvieron facultades extraordinarias, menguando la participación del Poder Legislativo, y admite que “hasta se podría soslayar en situaciones de crisis o emergencia, pero no hoy, cuando todo es normal”. No obstante, Fascendini también cuestiona los superpoderes que tiene la Nación en materia de recursos, puesto que se queda con el 77 % de los mismos. “Las provincias fueron cediendo y después hacen lo mismo hacia municipios y comunas, donde retacean fondos”.

Otro radical, el diputado Hugo Marcucci visualiza superpoderes con las leyes complementarias y ahora con la 12.510, que en su artículo 28 autoriza al Ejecutivo a cambiar partidas compensadamente, y en el 32 que, si bien acota decisiones, deja librado al Ejecutivo el uso de mayores ingresos. “Son artículos que debilitan al Poder Legislativo, ya que dejan en manos del Ejecutivo facultades que le son propias”.

El socialista Alfredo Cecchi no duda en afirmar que el Ejecutivo “tiene superpoderes desde hace años, a través de la ley Complementaria que se sanciona paralelamente al presupuesto. Se otorgan facultades discrecionales con un agravante; en los últimos cuatro presupuestos denunciamos que fueron achicadas las previsiones ex profeso, porque los excesos posteriores terminan siendo una aplicación arbitraria del Ejecutivo”.

Miembro informante del socialismo en las discusiones presupuestarias, Cecchi considera a esto “decisiones políticas. Como no tienen decretos de necesidad y urgencia, reemplazan la facultad del gobierno nacional con una facultad de facto que le da el tener ingresos superiores a los presupuestados”. Después, reconoce que con la ley de Administración hay prioridades a la hora de ejecutar mayores partidas, pero no se aleja el riesgo de que el poder administrador distribuya recursos soslayando el control legislativo.

El ARI votó en contra de la adhesión a la ley de Responsabilidad Fiscal y su jefe de bloque, Antonio Riestra, cuestiona que las provincias cedan permanentemente mayores recursos a la Nación. Pero, además, asegura que “la ley de Administración corrió de lugar a la Legislatura en el control de los presupuestos y dejó con superpoderes a los Ejecutivos de turno”.

Ley de administración
Los artículos 26 al 34 de la ley de Administración refieren a normas sobre modificaciones presupuestarias y deberán ser tenidas en cuenta por el gobierno a partir del presupuesto 2007 que ya no contará con una norma complementaria.

Entre dichos artículos el 27 autoriza al Ejecutivo a incorporar partidas para atender hechos de fuerza mayor o excepcionales comunicándolas al Poder Legislativo. El 28, en tanto, lo faculta a hacer modificaciones compensadas en los créditos presupuestarios.

El 32 determina que “el Poder Ejecutivo no podrá disponer o aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras”.

Por su parte, el artículo 33 determina las pautas a tener en cuenta al momento de mayores ingresos a los previstos. Se establece que primero se deben destinar a reducir los déficits presupuestarios, luego a la disminución de la deuda pública provincial y recién después a los gastos para el ejercicio financiero, comunicándolos a la Legislatura.

Lo que vota el Congreso
La iniciativa en discusión en el Congreso Nacional consiste en cambiar el artículo 37° de la ley 24.156 de administración financiera. En la actualidad, esa ley estipula que sólo el Congreso puede reformar el monto del presupuesto, el endeudamiento previsto, y reasignar partidas de gastos corrientes, de capital, las aplicaciones financieras y cambiar las finalidades. Además de modificar la ley de Administración Financiera, el proyecto también exime al ministro Coordinador de cumplir con el artículo 15 de la ley de Responsabilidad Fiscal. Una vez sancionada la ley, el jefe de Gabinete podrá incrementar gastos corrientes en detrimento de las partidas asignadas en el presupuesto nacional -una ley votada cada año por el Congreso-, a gastos de capital.

Ayer, en la Cámara de Diputados el oficialismo consiguió en la dar luz verde en la comisión de Presupuesto y Hacienda al dictamen de mayoría favorable al proyecto para incrementar las facultades del manejo presupuestario del jefe del Gabinete, que tiene media sanción del Senado.

El bloque del Frente para la Victoria estará en condiciones de convertir en ley el proyecto del Poder Ejecutivo el 2 de agosto, que es la primera fecha prevista para completar el trámite de la controvertida iniciativa.

En números

Alfredo Cecchi hace mucho hincapié en los presupuestos enviados con cálculos exiguos de recursos que le permiten al Ejecutivo luego utilizar partidas en forma arbitraria. Señala que en el 2003 hubo 332 millones de pesos más recaudados respecto de lo previsto; en el 2004, 819 millones y en el 2005, 1.051 millones. Afirma que “son 2.200 millones que el Poder Ejecutivo ha gastado e invertido sin consultar a la Legislatura”.