HISTÓRICO JUICIO CONTRA LAS TABACALERAS EN EE.UU.

Las compañías tabacaleras norteamericanas enfrentan el mayor desafío legal de su historia, al iniciarse ayer el juicio por 280.000 millones de dólares que promueve en su contra el gobierno de Estados Unidos, que las acusa de haber mentido sobre los efectos negativos del tabaco.

Según varios especialistas, de imponerse dicha sentencia, más elevada que el valor de la industria, las tabacaleras podrían quedar en bancarrota.

Las compañías dicen, por su parte, que desconocían los efectos nocivos del tabaco y aseguran en privado que la batalla legal del gobierno estadounidense no será nada fácil: deberá demostrar sólidas evidencias de que dicho fraude sucedió en el pasado, sucede en la actualidad y lo hará también en el futuro.

Este proceso civil se realiza en un tribunal federal de Washington, y entre las empresas acusadas se encuentran Philip Morris USA —que controla casi la mitad del mercado del tabaco norteamericano—, R.J. Reynolds, Liggett, Lorillard Tobacco y Brown and Williamson.

Estos cargos fueron presentados sobre la base de la Ley RICO, una normativa utilizada generalmente para combatir el crimen organizado, creada inicialmente para luchar contra la mafia.

De acuerdo a esta ley, el gobierno acusa a las compañías de ser responsables de haber conspirado para defraudar al público durante más de 50 años.

La conspiración, argumentó el gobierno, se inició en la gran sala del Hotel Plaza, cerca del Parque Central en Nueva York, el 15 de diciembre de 1953.

Sostiene que en esa ocasión se llegó a un acuerdo para presentar una estrategia unificada para negar los efectos dañinos del tabaco, lo cual significaría que se cometió un fraude.

Y además señala que, a pesar de la evidencia científica, las empresas tabacaleras elaboraron un esquema “para preservar e incrementar las ganancias de la industria maximizando el número de fumadores”.

Si bien la actitud de las tabacaleras ha cambiado en los últimos diez años y ahora admiten que el cigarrillo es nocivo para la salud, las mismas compañías sostienen que los argumentos brindados en el pasado que señalaban que el fumar no era perjudicial, fueron presentados de buena fe.

El abogado William Ohlemeyer, defensor de Philip Morris, insistió en que las empresas ya cumplieron al perder un juicio en 1998, en el que 46 gobiernos estatales cobraron 246.000 millones de dólares en 25 años por los gastos de salud pública derivados de la adicción al cigarrillo.

El fiscal general, John Ashcroft, calificó el proceso judicial como “un esfuerzo importante para impedir actividades fraudulentas y hacer respetar la integridad en las empresas”.

“Estamos impacientes por presentar ante el tribunal las pruebas que apoyan nuestro caso, para lograr una indemnización, incluida la devolución de beneficios mal adquiridos e impedir a los fabricantes de cigarrillos que hagan publicidad ante los niños de este país”, sostuvo Ashcroft.

Se espera que este controvertido e histórico proceso judicial se extienda al menos seis meses.