Hospital Provincial: la Justicia no pudo demostrar venta de bebés

Se revocaron los procesamientos de las personas investigadas y detenidas en el marco de una pesquisa por tráfico de bebés en la ciudad de Rosario. En junio de 2009 salió a luz la existencia de supuestas adopciones dudosas en el hospital Provincial, con la sospecha de connivencia de médicos, parteras, empleados, particulares y abogados, involucrados en este delito. A poco más de un año, la Justicia no pudo probar que haya existido una organización regenteada con el objetivo de llevar a cabo la venta de bebés.

En contacto con el periodista Luis Novaresio, el juez Daniel Acosta, manifestó que "la entrega en guarda está permitida, no prohibida". En cuanto a la onerosidad, el magistrado manifestó que "hay que investigar solamente algo atinente a un vicio de consentimiento, según lo que ilustra el expediente y de acuerdo a lo expresado por el juez de primera instancia no hubo presunta estafa procesal".

En este sentido, explicó que lo se hacía era "cambiar documentación del bebé, modificar el domiclio y a partir de eso se engañaba ante todo al juez porque la guarda hubiera sido entregada aún en el juzgado de origen". "Acá se cambiaba el domicilio para que sea competente el juez, pero no se demostró que haya dinero de por medio y tampoco lo dice el fallo de primera instancia", añadió Acosta.

En tanto, mientras la estafa procesal podría estar dada en el engaño que se hacía a los intermediarios que dan dinero, beneficiados por la maniobra, no se pudo probar estafa procesal tal como se la conoce hoy. "No existe porque tiene que haber una víctima patrimonial, acá no hubo engaño de ese tipo porque el que entregó el dinero sabía lo que iban a hacer. Hubo libre determinación de entregarlo", argumentó.

El hecho se hizo público en junio del año pasado a partir de la confusa adopción de un bebé cuya madre, Liz Benítez, vino desde Santiago del Estero a Rosario para darlo a luz en el hospital Provincial. El caso abrió un abanico cuyos elementos reflejaban la posible existencia de una asociación ilícita detrás de esas adopciones. A través de esa figura penal, el juez Juan Andrés Dónnola imputó a dos mujeres y a un hombre y la causa acumuló cerca de 7 detenidos y varios allanamientos en el centro de salud y en estudios jurídicos y viviendas de la zona de Rosario. Incluso, se sumaron testimonios de mujeres jóvenes que tiempo atrás habrían pasado por la misma situación.