HOY PODRÁN SER LIBERADOS LOS MILITARES DETENIDOS

Carlos Slepoy, abogado de la Acusación Popular española, declaró: “Me parece absolutamente injusta y equivocada la decisión del gobierno español. No tiene precedentes”.

Acerca de que salieran el libertad, Slepoy dijo que sería inconcebible que sucediera. “Yo tomé como denuncia el pedido de detención, que pone a disposición las actuaciones que hay aquí, más 300 testimonios. El juez debería mantenerlos detenidos. Además, está la eventualidad de que se fuguen ante una posible acción futura, si los libera. No existe ninguna justificación para que los deje en libertad”.

Por otra parte, Juan María Alberg Cobo, defensor de uno de los militares detenidos, opinó, también en diálogo con Radio 10: “Corresponde que los requeridos sean liberados inmediatamente. Así espero que sea, entre hoy y mañana. En cuanto a que Garzón pone indebidamente a disposición de Canicoba Corral los antecedentes, al ser estos legales y violatorios de la soberanía argentina, no deben siquiera ser consideradas por el juez federal”.

Liberación

Los militares detenidos a pedido del juez español Baltasar Garzón acusados de genocidio y delitos de lesa humanidad quedarán libres entre hoy y mañana, habida cuenta de que el presidente del gobierno ibérico, José María Aznar, decidió no solicitar su extradición.

Tal como lo anticipara Infobae el pasado miércoles 27, los militares quedarán libres ya sea por vía de una notificación del Reino de España sobre la decisión tomada de no cursar el pedido de extradición, o bien porque mañana opera el vencimiento de los plazos establecidos en el tratado de cooperación penal internacional entre ambos países.

Es decir, los caminos para la libertad de los uniformados son dos. Si hoy llega al juzgado un informe vía Cancillería en el que el gobierno español desestima el pedido del juez, serán liberados inmediatamente. Si por el contrario, la vía diplomática demora esta notificación, los 42 militares irán quedando libres en el curso de la semana por “default” del plazo de 40 días inserto en el trato de extradición.

De todas maneras, si ésta es la opción a aplicarse, mañana ya quedarían libres 25 de los detenidos.

Los que obtendrían su libertad primero serían, entre otros, Alfredo Astiz, Jorge Olivera Róvere, Antonio Bussi (intendente electo de San Miguel de Tucumán), Luciano Benjamín Menéndez, Arturo Lami Dozo, Armando Lambruschini (cuya hija de 15 años fue asesinada por la guerrilla en 1977), Jorge Anaya y Omar Graffigna.

Como fuese adelantado la semana pasada, Aznar tenía en su despacho tanto el pedido de extradición formulado por Garzón, como la negativa que había elaborado el fiscal de la Audiencia Nacional Española Pedro Rubira, y estaba evaluando ambas presentaciones.

El último análisis realizado en la reunión de gabinete determinó que no era procedente el pedido de Garzón y dio la razón a Rubira.

No hubo genocidio

El fiscal explica en su presentación que en la Argentina no hubo un genocidio tal como se lo describe a éste en los convenios internacionales sino “una destrucción cívica” contra personas “de todos los estratos sociales” y “muy variada ideología”.

La fiscalía cita en su escrito un fallo del Tribunal Supremo de su país en relación a las violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Allí se admitió la posibilidad de juzgar a los acusados en España sólo para los casos ocurridos contra españoles y a partir de julio de 1978, cuando el delito de torturas fue incluido en el Código Penal español. A estos argumentos hizo lugar Aznar para rechazar el pedido.

Por su parte, Garzón ya apartado de los procedimientos regulares, salió a pedir al juez argentino Rodolfo Canicoba Corral que lleva la causa, que no ponga en libertad a los 40 uniformados que mantiene detenidos y que, en cambio, los procese en la Argentina, de acuerdo con las imputaciones de graves delitos por los que había pedido su arresto con fines de extradición.

El pedido del mediático juez no será ni siquiera tenido en cuenta por Canicoba Corral porque no se inscribe dentro de los procedimientos regulares, “hay procedimientos que cumplir”, dijo severo el magistrado, para completar: “Si no hay pedido de extradición, no hay detenciones”, tratando de dejar claro en todo momento que se apegará rigurosamente a los procedimientos establecidos.

Garzón pretende que Canicoba procese o informe su imposibilidad de hacerlo para tratar de presionar al presidente del gobierno y al Consejo de Ministros a que revea su decisión. Pero el juez argentino no hará lugar a las presiones. La realidad es que no es quien debe valorar la posibilidad de procesarlos, sino que debe haber pedidos de fiscales o querellantes en cada una de las causas donde se denuncie a militares, y en cada uno de los juzgados donde esas causas se sustancian, por lo cual el pedido de Garzón no sólo es improcedente sino además constituye otra mera maniobra efectista.