HUELGA DE 48 HS DE LOS TELEFÓNICOS
El fracaso de las negociaciones salariales entre los trabajadores telefónicos y las compañías privatizadas profundizó ayer el conflicto gremial que pone en peligro, cada día con más fuerza, las comunicaciones de todo el país.
Los trabajadores anunciaron un paro de 48 horas para el lunes próximo y advirtieron que continuarán con la ocupación de los centros de transmisión nacional. Además, amenazaron con ampliar la toma a todos los edificios de las compañías.
Las compañías, por su parte, pidieron al Gobierno el desalojo de los edificios ocupados.
Pese a los febriles esfuerzos del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que ayer se involucró personalmente en las infructuosas conversaciones, no se llegó a un acuerdo en el reclamo del 25 por ciento de aumento en los sueldos que exige la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra).
Al cierre de esta edición, Tomada se encontraba reunido con todo su gabinete analizando la propuesta de las compañías, al tiempo que se mantenía en contacto con las partes en conflicto. Hoy volverán a reunirse en el Ministerio de Trabajo.
Los centros de interconexión de Telefónica, ubicado en Corrientes y Maipú, y de Telecom, en Cabildo y Dorrego, están tomados por el personal desde el martes último. Allí se realiza el monitoreo de todas las redes de comunicación del país y convergen los servicios de telefonía, télex, Internet y circuitos de clearing bancario.
Los manifestantes aseguran que no sabotearán el servicio, pero afirman que tampoco lo pueden garantizar. Acusan a las empresas de no dejar entrar a los encargados del servicio técnico de los centros para hacer caer el sistema y provocar el caos.
Desde hace una semana, cuando empezó la protesta, se encuentran paralizados los servicios de atención al cliente (número 112), de reparaciones (114) y de información de guías (110). Para peor, no se atiende al público en los centros de atención al cliente.
El clima en el edificio de Corrientes y Maipú era anoche de máxima tensión (sobre lo que se informa por separado). Los trabajadores denunciaron que unos 30 agentes de seguridad, vestidos de civil, intentaban deasalojarlos por la fuerza.
El sindicalista Hugo Moyano se acercó anoche para brindar su apoyo. Junto a los jefes de Foetra, anunció para el lunes próximo una movilización de la Central General de Trabajadores (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en apoyo al reclamo de los telefónicos.
Las negociaciones de ayer comenzaron cerca del mediodía, cuando altos directivos de las telefónicas se reunieron con Tomada, en la sede de la cartera laboral, en Leandro N. Alem al 600, oportunidad en la que el ministro los exhortó a presentar una propuesta definitiva.
A las 16.30, ante un llamado del ministro, llegaron Osvaldo Iadarola y Claudio Marín, secretarios generales de Foetra.
En ningún momento las partes se cruzaron. Como anteayer, se mantuvieron en salas separadas. Junto con el ministro participaron de las negociaciones la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, y el director de Relaciones Laborales, Jorge Schuster.
Si bien no quisieron difundir cifras, las compañías dijeron que mejoraron su oferta salarial.
“La propuesta de ayer fue la última y definitiva; lo que pasa es que esta gente no quiere trabajar”, dijo a LA NACION Eduardo Mirabelli, gerente de comunicaciones externas de Telefónica.
Una fuente oficial que participó de la negociación comentó que el ofrecimiento fue “tan insignificante que ni siquiera podía ser considerada”.
La intención del Ministerio de Trabajo, según trascendió, es “agotar, en nuevos encuentros, todas las instancias posibles”.
“Les expresé a los empresarios la necesidad de hacer una oferta seria y a los sindicalistas, la necesidad de que bajen sus pretensiones”, confió Tomada a LA NACION.
Enfurecido, el vocero de Telefónica dijo que “es imperativo que el (Poder) Ejecutivo ordene el desalojo de los edificios”.
En tanto, la causa penal iniciada el martes último por la denuncia de las empresas telefónicas sigue a cargo del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Gerardo Pollicita, ya que Telefónica y Telecom rechazaron la decisión del magistrado de remitir el tema a la justicia ordinaria.
Mientras la Cámara Federal decide de qué fuero es la competencia, Rafecas y Pollicita coinciden en que la Justicia sólo debe ordenar el desalojo de las centrales de control en caso de que se produzcan o parezcan inminentes hechos de violencia.
“Si bien pueden estar cometiendo un delito, por ahora los ocupantes están tomando mate en actitud pacífica”, describió un funcionario que trabaja en el expediente.
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