IBARRA DIJO QUE EL JUICIO POLÍTICO EN SU CONTRA ES INCONSTITUCIONAL

Llegó el momento de la defensa para Aníbal Ibarra. El suspendido jefe de Gobierno porteño comenzó a fundamentar su pedido de nulidad para todo el proceso. Le quitó entidad al dictamen con el que se constituyó la acusación y aseguró que en la votación por la que comenzó el juicio político no se debatió sobre cargos sino que sólo se aludió a la figura de mal desempeño. “Esta forma de actuar es contraria al reglamento y a la Constitución”, remarcó. La sesión está presidida por el titular del Tribunal Superior de Justicia, Julio Maier, y cuenta con la presencia de familiares de víctimas de Cromañón.

En esta audiencia inicial del debate se leyeron primero las 16 acusaciones contra Ibarra. El trámite fue extenso porque Ibarra pidió la lectura completa de los dos dictámenes acusatorios.

Durante su mensaje, Ibarra aludió puntualmente al folclorista Chango Farías Gómez. El legislador kirchnerista posibilitó con su voto que se llegara a los 30 necesarios para comenzar el juicio político. Al cuestionar el método con que se llevó adelante el proceso, el jefe de Gobierno afirmó: “Esas 30 manos que se levantaron fueron para votar quién quería el juicio político a Ibarra, en lugar de votar cargos. Como fue el voto Farías Gómez, que explicó más o menos en esos términos porque daba su voto”.

El suspendido jefe de Gobierno volvió a apuntar contra el procedimiento del juicio político. Pidió la nulidad por “inexistencia de votación” y por “afectarse el derecho a defensa en juicio”. Aseguró que “si hubieran hecho el procedimiento como se debía, no llegaban a 30 legisladores”, y agregó: “No se puede impulsar un juicio político porque un área funciona mal”.

Esta primera jornada de audiencias de la Sala Juzgadora está acompañada por dos movilizaciones que reúnen, por un lado, a los familiares que acusan al funcionario y, por el otro, a quiénes reclaman que no sea destituido.

La Sala Juzgadora de la Legislatura porteña deberá escuchar a lo largo de un mes las declaraciones de más de cien testigos -además de la del propio Ibarra- y resolver si considera que el suspendido jefe de gobierno porteño debe ser separado de su cargo por su supuesta responsabilidad en la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en República Cromañón.

Ibarra sostiene que los legisladores cometieron varias irregularidades, entre las que figura la ausencia de votación puntual de los cargos al momento de suspenderlo y cuestiona por “parcial” el documento de la comisión investigadora que presidió la ex diputada porteña Fernanda Ferrero sobre la tragedia.

Las objeciones de Ibarra a la utilización de este informe -que contiene unas 17 mil fojas- motivaron ayer una reunión de la Sala Juzgadora, que resolvió por unanimidad rechazar ese documento como prueba aunque se acordó recurrir a ese texto, en caso de ser necesario a lo largo del proceso.