Ilarraz se presentó a la pericia psicológica, pero pidió posponerla hasta después de la indagatoria
Ilarraz evitó la prensa y la reunión para concretar la medida de prueba no fue en el Departamento Médico Forense.
El cura Justo José Ilarraz se presentó este lunes por la mañana a Tribunales. Estaba citado por la jueza Paola Firpo para realizarse una pericia psicológica pedida hace alrededor de dos años, en el marco de la causa que lo tiene como acusado de múltiples abusos sexuales a menores en el Seminario de Paraná. Ya en el lugar, con la presencia de los profesionales que llevarían a cabo la medida de prueba, los peritos de parte e iniciado el acto por la magistrada, el cura pidió posponer la medida hasta después de la indagatoria. Así se confirmó a ANÁLISIS DIGITAL. Momentos antes, su abogado defensor, Juan Ángel Fornerón, había dicho a este medio que “esta pericial debería haberse hecho en forma posterior a la indagatoria”.
Ilarraz entró cerca de las 8.30 a Tribunales. Prefirió pasar inadvertido ante la prensa que aguardaba en el lugar. Afuera de las oficinas de Medicina Forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ), esperó su abogado defensor y dos hombres más que serían familiares del acusado. Sin embargo, la medida de prueba se llevó a cabo en el despacho del Equipo Técnico Pericial del Juzgado de Familia Nº 1 de Paraná. El acto arrancó exactamente a las 9 y en el lapso estimado de una hora, Ilarraz salió apresurado hasta el estacionamiento del Palacio Judicial, donde subió a un vehículo y se fue.
Según se indicó desde una querella, la reunión fue breve, y sólo a los fines de solicitar posponer la medida de prueba hasta después de la declaración indagatoria. Algo de esto había deslizado su defensor, al cuestionar que la pericia psicológica se realice antes de la indagatoria. Sucede que con la primera declaración que realizará el acusado en el marco de la causa, podrá conocer el tenor de la eventual imputación y esperar la pericia con otra información sobre su situación procesal.
“La pericia es una medida como cualquier otra medida de prueba”, aclaró la jueza a cargo de la causa Paola Firpo. “Se dispuso hace dos años y ahora se concretó”, reconoció y planteó que Ilarraz tenía el derecho “a realizar la pericia o abstenerse”. “Toda pericia es para evaluar en conjunto con otros medios de prueba que se recepcionaron a lo largo de la investigación y se siguen recepcionando. Es como cualquier pericia psicológica-psiquiátrica. Así como se le realizaron a los siete denunciantes-víctimas, se le hace a la persona que es sospechada. Es para ver sus facultades mentales y condiciones, para conocer algunas cosas sobre su vida”, manifestó. Además, Firpo confirmó que Ilarraz se movió resguardado de los medios de comunicación “por el acoso periodístico”.
Ante la consulta de este medio sobre el momento en que se solicitó la medida de prueba, Firpo subrayó que “se puede pedir en cualquier momento del proceso”, y agregó: “Es más, si él no la quiere realizar hoy y lo quiere hacer después de la indagatoria, no hay ningún inconveniente. El Código Procesal Penal no establece un plazo en el cual realizar estas pericias”.
La magistrada recalcó también que “se lo llamó a indagatoria para que ejerza su derecho de defensa respecto de los delitos que se le acusan por parte del Ministerio Público Fiscal y por parte de la querella”. Esa declaración está prevista para el 21 de abril. “Puede declarar o abstenerse, pero sí o sí presentarse”, aseguró.
Después de la indagatoria
Juan Ángel Fornerón deslizó de alguna manera que el cura se negaría a someterse a la pericia antes de la indagatoria. Lo dijo a este medio afuera de las oficinas del Departamento Médico Forense, donde estaba atendiendo a la prensa, ya que la reunión con los peritos de parte y los profesionales se realizó en otro lugar.
Negarse a la medida de prueba es “una facultad que tiene todo imputado de abstenerse”. “Muchas veces las pericias psiquiátricas pueden ser invasivas sobre la persona y es un derecho que tiene un imputado sin que su abstención pueda ser tomada en su contra.
Entendemos que esta pericial, de la forma en que fue planteada, avanzará en cierta forma sobre los hechos que vivenció a lo largo de su vida Ilarraz. Atento que desde los 10 o 12 años fue al Seminario y después fue sacerdote, y él no ha prestado indagatoria. Entonces, nosotros entendemos que esta pericial debería haberse hecho en forma posterior a la indagatoria. En el expediente obra agregado todo un estudio sobre la persona de Ilarraz, llevado adelante por los mejores especialistas a nivel mundial, y esa pericia en forma categórica descartó cualquier tipo de tendencia morbosa o de cualquier otra índole. Todos esos elementos los tiene la justicia y evidentemente no trascienden como sí otras cuestiones”, se quejó el defensor.
Sobre la citación a indagatoria del cura, Fornerón dijo que será “la posibilidad que tiene Ilarraz de ejercer su derecho de defensa”. “Hace dos años y medio que Ilarraz lleva adelante la investigación y no se lo ha citado a indagatoria. Será el momento en que podrá exponer su verdad y no tenemos duda de que en forma categórica se va a acreditar lo que constitucionalmente ya tiene todo ciudadano argentino y que es precisamente su inocencia”, entendió.
El defensor subrayó sobre la causa que es “un proceso atípico” que vienen “cuestionando” y precisó: “Un proceso nulo. Y entendemos que así será declarado porque se está siguiendo adelante en base a una acción penal prescripta, pero en este caso concreto -la pericia psicológica-, la medida es para establecer si la persona es conciente, si está en sus cabales mentales, es de rutina”.
Críticas a la prensa
El defensor consideró que “toda persona que se somete a un proceso penal, pasa por un estrés lógico” y agregó respecto de Ilarraz que “a lo largo de estos dos años y medio no fueron felices las publicaciones” periodísticas. “Lo que trascendió mediaticamente, sobre todo en cuanto a la veracidad. También salió una resolución judicial, en la cual, expresamente el magistrado interviniente en la causa -en referencia a la jueza Paola Firpo-, planteó el hecho que en forma diaria se reproducen cuestiones que son falsas o erróneas y faltan a la verdad. Quiero aclarar que la prensa difunde muchas veces información que le llega, entonces no los hago responsables de difundir material erróneo, pero sí, las fuentes que muchas veces preservan los periodistas, no le acercan el perfil certero de la realidad”, cuestionó.
Testimonios y prueba de cargo
Asimismo, sostuvo que “en el expediente, hasta el momento no existe ninguna prueba de cargo en contra de Justo José Ilarraz”. “Son siete las denuncias, pero desfilaron más de medio centenar de testigos que no puedo reproducir lo que dijeron -porque voy a hacer caso a la decisión que puso el magistrado-, pero puedo decir que en modo alguno, los testimonios constituyen prueba de cargo en contra de mi defendido”.
En cuanto a las declaraciones por escrito realizadas por autoridades de la Iglesia, Fornerón sostuvo: “Entiendo que esas respuestas se dieron en marco de una investigación que supuestamente se hizo hace más de 20 años y nuestra constitución establece plenamente que las comisiones especiales como por ejemplo la Investigación Diocesana, pueden tener de hecho repercusión y trascendencia en el marco de la Iglesia. Resultan totalmente intrascendentes en el aspecto constitucional o civil de los procedimientos ordinarios de un sujeto argentino”.
Prescripción
Fornerón adelantó que están “a la espera en pocos días de una audiencia en el Superior Tribunal de Justicia para ahondar a fondo y definir lo que entendemos una acción penal prescripta”. “No estamos en presencia de un delito imprescriptible, no es delito de lesa humanidad. Todo el proceso que se siguió está a nuestro criterio viciado de nulidad y no tenemos ninguna duda que si no es instancia provincial, va a ser en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se declare de esa forma”, completó.
Cabe aclarar en este aspecto que la prescripción fue discutida en repetidas oportunidades, en las que se agotaron las instancias judiciales provinciales. Ese debate de forma y no de fondo fue resuelto en noviembre del año pasado, por la nueva Cámara de Casación Penal.
La causa
La causa por supuesto abuso a niños de entre 12 y 14 años en el Seminario Menor de Paraná, entre los años 1985 y 1993, inició en septiembre de 2012. Luego de una investigación interna en el ámbito eclesiástico que durante todos estos años se mantuvo en secreto -hasta la publicación de la Revista ANÁLISIS-, y no fue remitida a la Justicia Civil.
El sacerdote fue enviado al Vaticano para realizar una Licenciatura en Misionología, donde se recibió con un trabajo titulado Los niños: nuevos misioneros para nuevos tiempos.
Volvió al país en 1994 y estuvo un año en Córdoba. Luego fue destinado a Tucumán, donde ejerció su actividad pastoral en Monteros, hasta que estalló el escándalo.
Fuente: Análisis Digital
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