Imponen una fianza millonaria en el escándalo real español
Fianza millonaria o embargo bochornoso. Esas son las dos opciones con las se enfrenta el yerno del rey Juan Carlos I de España, Iñaki Urdangarin, por el caso de corrupción por el que está imputado junto a un socio, una causa que la Casa Real sigue con preocupación y fastidio.
El juez instructor del caso de corrupción en Urdangarin -casado con la hija menor del Rey, la infanta Cristina- impuso hoy una fianza de 8,1 millones de euros contra éste y su ex socio Diego Torres, al considerar que practicaron una "actividad delictiva premeditada".
El magistrado José Castro de los juzgados de Palma de Mallorca dio a ambos imputados un plazo de cinco días para pagar la fianza y les advirtió de que, en el caso de no abonar dicha suma, "se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla", según una resolución de más de 500 páginas emitido por el tribunal.
El juez admite que la fianza sea abonada "en cualquiera de las formas admitidas en derecho", y dada la elevada cifra, les amplía el plazo de presentarla a cinco días hábiles a contar "desde el siguiente al de la notificación de la presente resolución", que, no obstante, puede ser recurrida en reforma y apelación.
El importe es el mismo que habían solicitado a finales de noviembre la fiscalía y el sindicato Manos Limpias, que integra la acusación particular en el caso por el presunto desvío de fondos públicos al llamado Instituto Nóos, una sociedad sin fines de lucro creada por el esposo de la infanta Cristina y su ex socio.
En el escrito, el juez consideró que Urdangarin y Torres fundaron Nóos para aparentar que no perseguían fines lucrativos y acceder así a fondos públicos mediante convenios, rodeándose además "del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas".
La suma de fianza equivale a los fondos públicos recibidos por Nóos de los gobiernos regionales de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007, unos 6,1 millones de euros, más una tercera parte.
El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, había expresado a mediados de este mes su oposición a la fianza, alegando que todos los contratos firmados por Nóos eran correctos y que el yerno del rey sólo ocupaba una función representativa en el instituto. Además, había calificado la suma solicitada por la fiscalía de "exagerada" y dijo no saber si su cliente puede hacer frente a ella.
Esta novedad se suma a otra noticia alrededor del caso que escandaliza a la Casa Real. Ayer, el juez Castro citó a declarar como imputado también al secretario personal de las infantas Cristina y Elena, Carlos García Revenga, que constaba oficialmente como tesorero del Instituto Nóos.
García Revenga se proclamó inocente el pasado 24 de enero mediante un comunicado, pero deberá volver a hacerlo el próximo 23 de febrero ante el juez.
Ese mismo día, Urdangarin deberá presentarse para declarar sobre tres presuntos delitos de fraude fiscal, casi un año después de su anterior declaración acerca del supuesto desvío de fondos públicos al instituto Nóos.
El delito fiscal es el quinto por el que están imputados Urdangarin y Torres en esta causa, y se añade a los de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad y fraude a la Administración.
El duque de Palma, de 45 años, es el primer miembro de la familia real española imputado ante la Justicia, algo que ha causado graves daños a la monarquía.
Indignación
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca reaccionó rápido frente a la noticia del día e informó hoy que ha decidido retirar el nombre de la calle dedicada a "Los Duques de Palma" debido a la "indignación" popular por la presunta implicación de Urdangarin en el caso.
Dicha calle, uno de los principales paseos de la ciudad, volverá a denominarse "La Rambla" como se llamaba antiguamente, por "respeto a la opinión ciudadana" tras constatar la "indignación" de los palmesanos en relación con el caso del Instituto Nóos.
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