IMPULSAN CAMBIOS A LA LEY QUE PONE TOPES AL GASTO PROVINCIAL

El proyecto de ley de responsabilidad fiscal que el Gobierno envió la semana pasada al Congreso cuenta con el respaldo general de las provincias. Pero ese apoyo no es incondicional, ya que plantean la necesidad de algunos cambios. Por ejemplo, que la Nación también se someta a las mismas restricciones al gasto público y al endeudamiento que aceptarán las provincias.

Además, quieren tener mayor peso político dentro del comité de control previsto en el proyecto, que se encargará de vigilar el cumplimiento de la ley, entre otros cambios al proyecto.

Una de las pautas es que —a partir de 2005— los pagos de la deuda de las provincias no podrán superar el 15% de sus ingresos corrientes, descontados las transferencias a los municipios. Si ese criterio fuese aprobado, al menos 11 provincias no podrían cumplirlo porque ya tienen compromisos de pagos de intereses y de capital por encima del tope.

Según datos de la consultora Economía & Regiones, en promedio, los servicios de la deuda de las provincias equivaldrán en 2005 al 13% de sus ingresos netos. Pero Formosa, Jujuy, San Juan, Rio Negro, Tucumán, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Buenos Aires superarán el límite del 15%. Y en algunos casos, caso Formosa y Jujuy, orillan el 30%, le dijo a Clarín el director de E&, Rogelio Frigerio, nieto.

El Gobierno nacional es el principal acreedor de las provincias, con el 76% del total de obligaciones. Esto fue resultado del canje de la deuda provincial que se hizo en 2002/03, del rescate de las cuasimonedas y del Programa de Financiamiento Ordenamiento de reducción del déficit fiscal. Y como garantía, se estableció que las provincias pagarían los vencimientos de cada año con hasta el 15% de los ingresos que reciben por la coparticipación. “Si se fija ahora un límite del 15%, la Nación debería implementar un esquema de reestructuración de las deudas provinciales que ubique a todas las provincias en condiciones de cumplir con el tope que fijará la nueva ley”, dijo Frigerio.

Pero lo que las provincias cuestionan es que el proyecto excluye al Gobierno Nacional de ese lími te del 15%. Y sólo plantea de manera general el compromiso, con una reducción gradual de la relación entre la deuda pública nacional y el Producto Bruto Interno (PBI). Según Economía, si prospera la reestructuración de la deuda en default, la Nación quedaría con una deuda de 124.000 millones de dólares, equivalente al 85% del PBI. Pero para esto, en los próximos años, los pagos de capital e intereses superarían el 15% de sus ingresos.

Por eso, los ministros provinciales plantean que “el proyecto de Responsabilidad Fiscal contempla pautas totales para las provincias, y sólo parciales para la Nación”.

Según el proyecto, las provincias que superen el tope no podrán tomar más deuda, salvo que se trate de un refinanciamiento en mejores condiciones (por menores tasas o mayores plazos). Salvo —aclara— que los préstamos provengan de los organismos multilaterales de crédito o de programas nacionales. Esta cláusula coloca al Banco Mundial, al FMI o al BID en una situación de privilegio, sostiene Javier Alvaredo, de la consultora MVA Macroeconomía. Lo mismo ocurriría con las provincias que cuentan con mayor acceso a esos organismos, que no son todas.

El proyecto oficial plantea además que el gasto público primario (antes del pago de intereses) —en este caso tanto de la Nación como de las provincias— no podrá aumentar por encima del crecimiento del PBI. Y si la economía no crece o retrocede, “a lo sumo” podrá permanecer constante. Algunos ministros provinciales consideran que en este punto se soslaya al gasto público como un impulsor del crecimiento de la economía. Sobre todo porque la devaluación y la inflación, desde 2001 en adelante, lo redujeron en términos reales un 30%, según los datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Desarrollo (CIPPEC).

El proyecto ingresó al Congreso por el Senado, dado que la Casa Rosada entiende que es allí donde tienen más peso los acuerdos políticos que se logran con los gobernadores. En Diputados, en cambio, el panorama es más incierto, sobre todo por la pelea política que enfrenta a Néstor Kirchner con su antecesor Eduardo Duhalde condiciona el comportamiento del bloque del PJ. Según la promesa hecha a la misión del FMI, los senadores lo aprobarían a fin de mes.