Impulsan la prohibición de consumir alcohol en la vía pública

En la jornada de ayer la Cámara Baja de la provincia aprobó una norma que mezcla tres iniciativas recogidas en el recinto, autoría de los diputados Alejandra Vucasovich (Bloque Federal), Luis Rubeo (FPV) y Darío Boscarol (UCR) respectivamente, todas relacionadas con la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

La medida, que ahora fue girada al Senado para que allí se defina si obtiene sanción definitiva, establece en su artículo uno que “queda prohibido en todo el territorio de la provincia el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos” y también se restringe “en todo el territorio provincial la venta, expendio o suministro a cualquier título y la entrega a domicilio de todo tipo de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del establecimiento donde se realice la venta, expendio o suministro a cualquier título a partir de las 22:00 y hasta las 6:00”.

Para el caso de los menores de 18 años, se recuerda que la abstención debe regir durante todo el día, cualquiera sea la naturaleza de la boca de expendio. En caso de que se infrinja este punto, los que deberán responder por el accionar serán los padres.

Los únicos lugares que quedan por fuera de la letra son aquellos que “en días y horas previamente determinados por los Municipios y Comunas correspondientes” tienen permiso para colocar mesas en la vía pública. También se exceptúa a las fiestas populares y los eventos turísticos, culturales o de otra naturaleza que ameriten la habilitación.

Para que el objetivo establecido en el articulado se logre, los integrantes de la Cámara Baja proponen que se eduque a la población en la materia y se endurezcan las sanciones actuales, tal es el caso del aumento en el monto de las multas. A esto suman la posibilidad de regular severamente la publicidad que pueda promocionar lo que aquí se prohíbe.

Con respecto a los repartidores de bebidas alcohólicas se estableció que podrán funcionar pero sólo ante el requerimiento de mayores de edad. Serán los operadores telefónicos los que deban solicitar la identificación que acredite que superó los 18 años.

Boscarol, uno de los autores, se refirió a la sanción específica que se genera a raíz de una contravención y el otorgamiento de poder de acción al ministerio de Seguridad. Asimismo también indicó que incorpora un elemento novedoso como el traslado a los padres de las sanciones si se trata de menores, quienes deberán ser citados, abonar la multa o realizar trabajos sociales según el caso.