Impulsan pensión para personas detenidas durante el proceso

El mes pasado, un grupo de diputados provinciales dio ingreso a un proyecto de ley que impulsa el otorgamiento de una pensión para las personas que hayan sido presas políticas durante la última dictadura militar en Santa Fe.

El beneficio promovido por los legisladores Marcelo Brignoni, Luis Rubeo, Antonio Riestra, José Tessa, Gerardo Rico y Oscar Urruty establece otorgar una pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio “para aquellas personas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o privadas de su libertad, como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles”.

El monto a percibir sería equivalente a la suma de tres veces el haber mínimo de pensión vigente en la provincia de Santa Fe.

Según explica el proyecto, podrán acceder al beneficio las personas con domicilio real en la provincia al momento de su privación de la libertad y que no resulten beneficiarios de una prestación nacional, provincial o municipal, derivadas de la misma situación.

En cuanto a la extensión del beneficio, la iniciativa indica que en caso de fallecimiento del beneficiario serán acreedores al beneficio el cónyuge o concubina que pruebe la convivencia, los hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta su mayoría de edad o los hijos incapacitados para el trabajo, mientras dure la incapacidad.

En el mismo sentido, se expresa que “no podrán acceder al beneficio o mantenerlo quienes hubiesen sido condenados por delitos de violación a los derechos humanos, traición a la Patria, contra el orden constitucional, o de lesa humanidad”.

Por otra parte, se indica que la autoridad de aplicación de la medida será la Caja de Pensiones Sociales – ley Nº 5110- quien se encargará de la recepción, la tramitación y el otorgamiento de los beneficios.

“Como consecuencia del Golpe Militar que instauró la última dictadura y posterior Estado de Sitio que vivió nuestro país se abolieron las instituciones, destruyéndose toda resistencia social, provocando injusticias y desigualdades, y como consecuencia muchas personas padecieron graves tormentos, privados de su libertad o perdieron la vida o la identidad”, explicaron los diputados en los fundamentos del proyecto.

En otro párrafo, agregaron que “estas personas defendían una Justicia Social fundada en una sociedad igualitaria, en esa tan nombrada independencia económica que posibilitaría el manejo de nuestros recursos en función de los intereses nacionales. Muchos de nuestros hermanos padecieron graves tormentos, y muchos de sus hijos desconocen hasta la fecha su verdadera identidad. Sus familias fueron perseguidas y torturadas”.

Por tal motivo, los legisladores aseguraron que “es nuestra tarea ser los voceros de los que no tienen voz, solidarizándonos con el dolor de aquellos que padecieron en las cárceles o el exilio” y resaltaron en ese sentido que “el Estado Nacional está llevando a cabo una reparación histórica para que las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado mediante los juicios”.

“Es el momento de realizar otro tipo de reparación”, remarcaron”.