IMPULSAN UNA LEY QUE DUPLICA LOS COSTOS POR DESPIDOS

El proyecto, en caso de convertirse en ley, duplicará los costos empresariales por despidos sin causa, pues además de eliminar los topes indemnizatorios (también propuesto por el diputado Héctor Recalde), elevará de 30 a 45 días por cada año trabajado la base de cálculo para una indemnización por despido.

Traducido en términos numéricos, este cambio implica aumentar 100% los gastos de las empresas a la hora de querer despedir a un empleado.

Asimismo, ratifica el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que pone trabas a la decisión del empleador de dejar cesante a un trabajador sin justa causa. Es decir, busca que la empresa sólo pueda despedir a un trabajador en casos muy puntuales, por lo que deberá justificar en forma previa ante las autoridades el porqué de la decisión.

Esta iniciativa es similar a la que aprobaría mañana la Cámara baja y que promueve el diputado Adrián Pérez, del mismo bloque que Maffei.

También crea una presunción de nulidad del despido de un trabajador cuando la empresa lo dejó cesante dentro de los ocho meses en que el empleado haya tenido participación en actividades sindicales, en que hubiese presentado una queja ante el Ministerio de Trabajo o la Justicia o que haya sufrido algún acto discriminatorio, entre otras situaciones.

En estos casos, la norma habilita al empleado a exigir su reincorporación o a reclamar la indemnización que le corresponde por despido incausado, incrementada en un tercio.

Otra de las reformas propuestas recae en que crea en todos los casos de despido y en forma previa a la notificación de esa decisión por parte de la empresa un derecho en favor del trabajador de ser oído y de ser asistido por el sindicato al que pertenece.

Voces. Según Daniel Funes de Rioja, titular del estudio homónimo, el proyecto agrava la indemnización por despido, tipifica una nueva fórmula de despido discriminatorio o socialmente injusto y produce una injustificada inversión de la carga de la prueba, “que permite al trabajador ‘alegar’ la supuesta discriminación en determinados casos y es el empleador el que debe probar que no cometió dicha práctica”.

En la misma línea, Javier Adrogué, socio de Adrogué, Marqués, Zabala & Asociados, aseguró que la regulación propuesta “es francamente exótica: no sólo desconoce la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la estabilidad impropia en el derecho laboral sino que además desconoce la regulación actual para casos especiales como discriminación o trabajadores con tutela gremial”.

El proyecto de Maffei ingresó el pasado 21 de marzo y fue girado a las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Aún permanece en estudio.

Con esta iniciativa ya se superan la decena de propuestas de reforma a la ley laboral que analiza el Congreso. Sin embargo, en los últimos días el Gobierno nacional les aplicó un freno, para impedir que sigan obteniendo sanción, tal como sucedió con la ley que impide al empleador reubicar en forma unilateral a su personal.

“Nos enfrentamos ante proyectos con una gran carga ideológica que no han prestado la menor atención a la práctica cotidiana en las empresas y al sistema legal vigente”, concluyó Adrogué.