Imputan por fraude y asociación ilícita a empleados de la EPE

El juez de Instrucción Nº9, Carlos Carbone, tomó durante toda la mañana de ayer doce indagatorias a empleados de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y a un grupo de comerciantes imputados en la causa por fraude en el consumo de energía eléctrica. Tras los interrogatorios, once personas quedaron detenidas, entre ellas cuatro empleados de la EPE. Un comerciante fue liberado y uno más está prófugo. La titular de la Fiscalía 4ª, Cristina Rubiolo, confirmó que el juez imputó con dos figuras delictuales a los empleados de la EPE Pedro Catizone, Juan Carlos Spetale, Humberto Muriel y Daniel Ferrari. A todos ellos se les imputa el delito de fraude a la administración pública y de integrar una asociación ilícita. La pena podría ser mayor para el jefe de la organización, quien debería permanecer en prisión preventiva. En cambio, a los comerciantes se los acusó sólo de fraude a la administración pública, un delito excarcelable. Los once detenidos continuaban hasta anoche alojados en dependencias de la comisaría 6ª.Las indagatorias comenzaron a las 8 en el primer piso de los Tribunales provinciales y se extendieron hasta las 15. Se presentaron junto a sus abogados defensores los cuatro empleados de la EPE, el electricista particular Angel Colazo (el cual también está imputado de ser miembro de la asociación ilícita, aparte del fraude) y los comerciantes Miguel Angel Rodríguez (casa de pastas Capriana), Marcelo Tenaglia (ciber), Héctor Trillini (Soldamet), Martín Sánchez (ciber) y Manuel García (restobar Puerto del Aire). El empresario Adrián Hanna (indumentaria) fue representado por un defensor general. Y también concurrió Marcelo Valente (parrilla La Tablita), quien tras el interrogatorio quedó en libertad. Mientras tanto, Claudio López (según los investigadores, el propietario de pastas Capriana) permanecía hasta anoche prófugo.Fuentes judiciales afirmaron que algunos de los acusados se abstuvieron de declarar, mientras que todos ellos -a través de sus abogados- comenzaron a tramitar ayer los pedidos de excarcelación.Ante esas solicitudes, el juez le correrá vista a la fiscal para su dictamen, pero luego evaluará los antecedentes de cada uno. El magistrado que instruye la causa tendría hasta 48 horas para expedirse.Una fuente cercana a la causa deslizó que, entre los imputados, la situación de los agentes de la EPE sería mucho más complicada que el resto.Varios meses La fiscal Rubiolo aclaró que si bien la investigación lleva varios meses (once desde que la causa está en el tribunal y a cargo de Carbone), se están "transitando los primeros pasos judiciales". Rubiolo remarcó que las indagatorias implicaron el primer cara a cara de los imputados con el juez. "Ahora hay que esperar -dijo la fiscal- qué cosas tienen ellos para decir y qué pruebas pueden presentar".No obstante, adelantó lo que indica en materia de sanciones el Código Penal. "La imputación por el fraude a la administración pública prevé una prisión de dos a seis años; en cambio por asociación ilícita corresponde una pena de entre tres a diez años, siendo para los jefes de esta asociación ilegal una sanción mínima de cinco años, lo que ubica al delito como no excarcelable. Además, por ambas figuras delictivas se prevé como máximo 16 años", explicó Rubiolo.Es importante destacar que existen otras pautas a contemplar dentro del Código de Procedimiento. Por ejemplo, deberá evaluarse si los detenidos son reincidentes, si cometieron el delito con medios sofisticados y si el daño patrimonial es importante, entre otros agravantes. Esto podría incidir en la decisión sobre la libertad de cada uno de los imputados.La investigación de este fraude de energía comenzó hace un año, cuando directivos de la EPE empezaron a sospechar de un grupo de sus empleados. Adujeron que integrantes de las cuadrillas técnicas, justamente encargados de detectar los fraudes, habían organizado una empresa paralela encargada de enganchar a usuarios, de mediano y alto poder adquisitivo de Rosario y sus alrededores.Ofrecían varios servicios, que realizaban por la noche y fuera del horario de trabajo, y por el que cobraban por única vez entre 200 y 500 pesos. Invertían los cables, cambiaban el medidor, realizaban puentes con bajada directa a la red y conexión cero, y hasta colocaban un sofisticado mecanismo que frenaba el conteo real del medidor de luz. Este aparato hizo que la maniobra fraudulenta se ganara el mote de "Operación Cangrejo" y que instalaban junto al medidor logrando que el conteo de kilovatios "caminara para atrás".Por todos estos toques en la luz, según se dice en la jerga, los usuarios se beneficiaban con hasta un 60 por ciento de merma en el valor real de sus facturas.Fuentes policiales informaron anteayer a este diario que hay unos 50 sospechosos y que también fueron detenidos siete clientes de domicilios particulares, quienes quedaron en libertad a las pocas horas. Y que la misma suerte corrió la titular del pequeño comercio de fiambres de Baigorria 2185, Mirta Carranza.Los operativos fueron realizados por agentes de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), quienes trabajaron codo a codo con el juzgado, técnicos de la EPE e ingenieros electricistas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).El interventor Luis El Halli Obeid dijo que se recuperará el dinero que se perdió en este fraude, al que calculó en 70 millones de pesos anuales.