INCIDENTE EN EL MAR ARGENTINO CON UN BARCO DE LAS MALVINAS
Cuando los guardacostas de la Prefectura abordaron ayer un pesquero que navegaba sin permiso en aguas territoriales argentinas se toparon por sorpresa con el germen de un conflicto diplomático: por primera vez iban a capturar en infracción un barco con la insignia de las islas Malvinas.
La noticia voló hacia Buenos Aires. La Cancillería entró en alerta y analiza la posibilidad de presentar un reclamo oficial ante Gran Bretaña, indicaron anoche fuentes del ministerio que conduce Jorge Taiana.
El buque John Cheek se entregó sin resistencia ante la llamada radial de advertencia del guardacostas Fique, a las 6.10, 198 millas náuticas al sudeste de Comodoro Rivadavia. Un bote semirrígido con seis prefectos fue comisionado a hablar con el capitán, un español que mostró los papeles y les dejó inspeccionar la bodega. Había 100 toneladas de calamar y merluza.
Según averiguó LA NACION en registros comerciales de Malvinas, el barco pertenece a Fortuna Fishing Co., con sede en la capital de las islas. Una de las directoras de la empresa es Jan Cheek, integrante del consejo legislativo de las islas hasta diciembre pasado. El nombre del pesquero es un homenaje a su esposo, un influyente abogado y político, fallecido hace 10 años.
Fuentes de la embajada británica en Buenos Aires dijeron a LA NACION que están “monitoreando” el caso. “Por ahora, es un problema entre el Estado y una compañía privada”, añadieron. La información sobre la captura les llegó desde las islas. No hubo contactos diplomáticos formales, coincidieron las fuentes de la delegación británica y del Palacio San Martín.
Pero el condimento político del episodio tiende a crecer. En la Cancillería señalaban anoche que se analiza presentar un reclamo “conforme a procedimientos previstos en los convenios internacionales, como la Convención del Derecho del Mar, de 1982 y las normas vigentes en la Argentina”.
El diferendo por la soberanía de las islas -que tuvo su momento de mayor tensión con la guerra de 1982- se ha avivado en diversas oportunidades debido a la política pesquera. Sobre todo porque la Argentina no reconoce el área de exclusión dispuesta por Gran Bretaña alrededor del archipiélago.
El buque capturado tenía licencia del consejo legislativo de las Malvinas para pescar en esa zona, pero al momento del abordaje navegaba claramente por fuera de esa línea (al Norte). Por eso, el gobierno de Gran Bretaña tomó con cautela la noticia.
Las irregularidades cometidas por el John Cheek son dos, según las autoridades argentinas: pescar sin permiso en la zona económica exclusiva y hacerlo con una insignia no reconocida por el país, la bandera de las Malvinas. El gobierno argentino tampoco reconoce el registro en el que está anotada la nave, añadió la Cancillería en un comunicado oficial.
Técnicos del Palacio San Martín valuaron en al menos un millón de dólares la carga del barco en el momento de la captura. El destino de esa mercancía dependerá de una decisión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, que ya abrió un sumario administrativo.
Los primeros resultados de esa investigación podrían conocerse hoy una vez que el buque, escoltado por el guardacostas de la Prefectura, llegue a Comodoro Rivadavia.
Los informes técnicos servirán de base para el eventual reclamo diplomático, indicaron en la Cancillería.
La vía más usual en estas situaciones es enviar una carta de protesta a la embajada del país cuya bandera porta el barco infractor. Pero el procedimiento habitual puede variar significativamente ante la particularidad del diferendo bilateral con Gran Bretaña por la soberanía de las islas.
La Argentina ha endurecido en los últimos meses sus controles sobre las 200 millas marítimas exclusivas, lo que derivó en varias capturas de pesqueros sin permiso. En su mayoría se trata de barcos con bandera de países asiáticos.
EN PUERTO
El incidente con el John Cheek empezó antes del amanecer, cuando el capitán del barco recibió por radio el alerta de rigor por parte del guardacostas. Sin resistirse, dejó actuar a los seis prefectos encargados de la inspección técnica. Por eso, ni el capitán ni la tripulación serán sometidos a una denuncia judicial
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