INCORPORARÁN MÁS PERSONAL CIVIL A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS

El gobierno provincial modificará la estructura de la Dirección de Asuntos Internos reduciendo en ella la supremacía numérica del personal policial al que reemplazará por personal civil. De ese modo buscará transformar al órgano de control, actualmente en la esfera del poder político dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Pública, en una estructura mayoritariamente civil.

El Ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, confirmó el cambio institucional alegando que se pretende modificar los métodos de control e investigación que esa dependencia realiza. Según indicó el propio funcionario, actualmente hay un 70% de policías y 30% de civiles y se intentará invertir esos porcentajes.

En diálogo con LT10, el Ministro explicó que la medida a implementar “forma parte de un proceso gradual”. Además, recordó que “cuando se creó la Dirección de Asuntos Internos hubo resistencia por parte de la policía porque sostenían que debía ser un organismo policial pero lo creamos como extra y dependiente de la Subsecretaría de Seguridad (…) La resistencia corporativa se dio en 1997 pero desde allí se logró establecer una conducta y una modificación en muchos aspectos de la cultura policial de manera que vamos camino a afirmar esa línea y tengo esperanzas y experiencia para decir que va a andar bien”, observó.

En el mismo sentido consideró que la institución “se fue prestigiando, y hasta fue usada por Jueces como organismo de investigación de todo delito”. Por este motivo, es que el Gobierno de la Provincia se aboca –por estos días y según la palabra de Rosúa- a la tarea de “modificar gradualmente la composición del personal como un objetivo para fortalecer la dependencia”.

Si bien no estimó fecha en la cual comiencen a notarse los cambios ya que “en el manejo de la cosa pública son importantes los aspectos presupuestarios para darle legalidad a los actos”, estimó que “el gran salto se dará con el presupuesto del 2007”.

Al ser consultado sobre la respuesta que darían los efectivos de la fuerza pública a tal iniciativa, el funcionario dijo: “la policía lo tiene que tomar como lo tiene que tomar” (Sic).

Por otra parte, en su edición de hoy el diario La Capital afirma que el organismo gubernamental también requiere conocer la situación de revista actual del personal policial involucrado en esas causas con un listado de 22 expedientes judiciales en los que se investiga la participación de personal policial (a los que cita con nombres y apellidos) en la comisión de presuntos delitos. En las notas remitidas a las autoridades judiciales se adjuntan listados de causas. A la Justicia federal se le pide saber cuáles expedientes aún no tienen resolución definitiva. A la Justicia provincial se requiere saber si en las causas detalladas existe personal policial involucrado y cuál es esa situación procesal.

La mayoría de las causas mencionadas en las listas que se remitieron en las tres cartas se refieren a presuntas violaciones a la ley 23.737 de estupefacientes, lo que remite a la denuncia de complicidad policial con tráfico y consumo de drogas formuladas en mayo por la jueza federal Laura Cosidoy. Rosúa no aceptó ayer que su orden a Peters de investigar a quienes investigaron a policías acusados de delitos importe cuestionar o poner en entredicho a Asuntos Internos, según el matutino.

“Lo que me interesa es saber si están bien las medidas aplicadas, la investigación y la evaluación del daño que produjo la actuación del policía investigado. La idea es que no existan complicidades internas que morigeren sanciones disciplinarias. A los policías no los vamos a juzgar dos veces por las mismas causas. Ahora vamos a investigar a los investigadores. Si la oficina de Sumarios trabajó bien o mal. No al que fue destinatario de la sanción de la oficina, sino a la oficina que sancionó. Quiero ver si estuvo bien o se quedó corta”, admitió Rosúa al periódico.

Además, agregan que cuándo la jueza Laura Inés Cosidoy formuló su denuncia pública el gobierno respondió con dos argumentos: cuestionando que la denuncia fuera mediática y destacando que las investigaciones las hacía Asuntos Internos. Este diario le preguntó a Rosúa si con esta medida no se desdecía. “De ninguna manera. No se pone en tela de juicio a Asuntos Internos. Lo que se reafirma es lo que hemos dicho siempre y es que el gobierno no ampara ningún accionar irregular en su fuerza policial”.