INDAGAN A DOS PERITOS POR LAS COIMAS EN EL SENADO

Los citados por Bonadío son el subinspector de la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Rubén Villalba, que intervino como perito oficial, y el ex policía José Luis Bolatti, experto que designó la defensa del ex jefe de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) Fernando de Satibañes, informó a LA NACION un funcionario que interviene en la causa.

El magistrado resolvió, en cambio, absolver a los abogados defensores de Santibañes, Hugo Pinto y Gabriel Presa, que habían propuesto y presentado el peritaje cuestionado ante el juez de la causa de los sobornos, Daniel Rafecas. La causa se había iniciado, precisamente, por una denuncia de ese juez, que reveló las anomalías del peritaje e involucró en su acusación a los peritos y a los abogados. Lo hizo en la misma resolución en la que dictó el procesamiento de nueve imputados por el pago de sobornos, entre ellos, Santibañes.

Para el magistrado, se trató de “una maniobra desesperada” de la defensa del ex jede de la SIDE “tendiente a entorpecer la investigación”. Para Pinto y Presa, ahora sobreseídos, “una denuncia tan injusta como infundada”.

El fiscal de la causa, Jorge Di Lello, había pedido las indagatorias de Villalba y Bolatti y coincidirá con Bonadío en desvincular a los abogados.

El informe técnico cuestionado por Rafecas desmentía el relato de Pontaquarto, a partir del análisis de las llamadas de su teléfono celular -y de su ubicación- durante los días en que se negociaron y se pagaron los sobornos, según el propio Pontaquarto.

Concretamente, mostraban que el día 18 de abril de 2000, cuando Pontaquarto aseguró haber ido a la SIDE para retirar el dinero de las coimas, y el 26 de abril de ese mismo año, cuando dijo haber entregado la plata al entonces senador Emilio Cantarero, estuvo en lugares distintos de los que nombró. Días antes de los últimos procesamientos en la causa, del 2 de agosto pasado, los allegados a Santibañes presentaron esos datos a la prensa como la prueba de que Pontaquarto mentía.

Pero, tras analizar la información original con la que se elaboró la pericia, en el juzgado descubrieron que en el informe técnico los datos habían sido cambiados. Ese descubrimiento fue ratificado más tarde ante la Justicia por un experto en comunicaciones. La corroboración del relato de Pontaquarto y el análisis de sus llamadas telefónicas se convirtieron entonces en el corazón de la resolución de Rafecas. “Se trata de un hecho gravísimo, que casi no tiene antecedentes en el fuero; una maniobra desesperada tendiente a entorpecer la investigación, sin importar los medios, con tal de impedir deliberadamente que la Justicia alcance la verdad de los acontecimientos”, había afirmado Rafecas en su resolución.