INDAGARÁN A BOMBEROS EN UNA CAUSA ANEXA A CROMAGNÓN

Cuatro bomberos de la Policía Federal y cinco representantes de empresas especializadas en la seguridad edilicia de los locales nocturnos fueron citados a declarar en condición de imputados en el marco de una causa anexa a la que investiga la tragedia de República Cromagnón. El juez Julio Lucini busca establecer si realizaban maniobras ilegales vinculadas a la emisión de los certificados contra incendios indispensables para poder habilitar un boliche bailable en la Capital Federal.

Las nuevas citaciones se inscriben en una causa colateral al expediente principal de Cromagnón, en la cual se investiga el proceder de quienes tenían la responsabilidad de emitir el certificado de seguridad contra incendios, un trámite obligatorio para que el local pudiera funcionar.

Lo que el juez busca determinar es si familiares —u otras personas— vinculados a Bomberos habían montado empresas que se ocupaban de asesorar a locales nocturnos respecto de las condiciones de seguridad necesarias para obtener una habilitación.

La Justicia investiga si los efectivos de Bomberos, ante un requerimiento de certificación, terminaban derivando a los interesados a alguna de esas dos empresas, que al tener —supuestamente— vinculación con los uniformados “garantizaban” la aprobación necesaria para poder funcionar.

De confirmarse las sospechas sobre estas maniobras irregulares, se estaría, en el caso de los Bomberos de la Policía, ante el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”.

Las empresas sospechadas de participar de esta suerte de “mercado cautivo” se llaman Baipex y Bausis, y las indagatorias comenzarán el 4 de agosto, luego de la feria judicial. Entre los bomberos convocados por el juez Lucini figuran el oficial Marcelo Nodar —y también su esposa, Viviana Vigne, presunta titular de una de las empresas sospechadas—, Marcelo Esnok, Gustavo Bravo y Alberto Corbellini.

Entre los civiles que dirigen las empresas sospechadas, además de Vigne, citaron a Rubén Fuertes, María Alejandra Fuertes, Luis Perucca y Gabriela Lindqvist.

Esta causa se inició a partir de la declaración indagatoria de Fabiana Fiszbin, la ex secretaria de Control Comunal del Gobierno porteño, quien se encuentra procesada por el homicidio culposo de 194 personas. Fue ella quien acusó a Atilio Alimena, defensor del Pueblo adjunto, de tener intereses directos en estas empresas presuntamente vinculadas con Bomberos. Sin embargo, según fuentes judiciales, esta vinculación, hasta el momento, no se ha comprobado; y sí, en cambio, se han reunido pruebas que evidencian una relación “por lo menos extraña” entre las firmas cuestionadas y Bomberos.

Pero las palabras de Fiszbin no fueron las únicas que buscaron correr la mira hacia Atilio Alimena y, sobre todo, hacia los Bomberos de la Policía Federal. Desde la jefatura del Gobierno porteño se ha insistido en la misma dirección desde hace por lo menos quince días. De hecho, Aníbal Ibarra acusó ayer a la Comisión investigadora de la Legislatura de no bucear en el accionar de Bomberos, un tema que, en definitiva, termina reorientando la cadena de responsabilidades hacia el Gobierno nacional. Más precisamente, hacia el ministro del Interior, Aníbal Fernández, que es el jefe de la Policía Federal.