INDAGARÁN A FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS DE TRANSPORTE

Entre el 1º y el 23 de agosto, funcionarios municipales y empresarios del transporte urbano de pasajeros serán indagados por la Justicia Federal, por su presunta vinculación con posibles irregularidades en el cobro de subsidios nacionales destinados a las empresas de colectivos locales.

La investigación realizada por la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de la Dra. Griselda Tessio, se efectuó sobre la base de una denuncia que apuntaba a presuntas incongruencias entre la cantidad de unidades declaradas en circulación con las que, efectivamente, recorrieron la ciudad de Santa Fe durante los últimos años.

Este dato no es menor, sobre todo teniendo en cuenta que los subsidios nacionales se determinan a partir del número de colectivos en servicio.

Entre los que deberán prestar declaración indagatoria ante el juez federal Reinaldo Rodríguez figuran el ex subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Jorge Miqueri, y quien actualmente detenta el cargo, Julio Michelli. Por el lado de las empresas, figuran Rubén Tocci, Daniel Vidal, Gerardo Ingaramo, Rubén Moore, Hugo Andrés, Raúl Chiapello, Gino Talarico, Mario Ferreyra y Sergio Peña.

En octubre de 2004, el juez Rodríguez puso en manos de la fiscal Tessio la investigación. Y es que durante varios años sobrevoló en la ciudad la sospecha de que se manejó información falsa acerca de la cantidad de unidades que se encontraban circulando.

En aquel momento, existían tres líneas diferentes de subsidios: una a través del denominado Sistau, que es un apoyo general al transporte urbano de colectivos; otro por medio de un precio diferenciado en la compra de gasoil y, finalmente, aparecía un tercer subsidio específico para las empresas de Santa Fe, por haber sufrido las consecuencias de la inundación del río Salado.

LAS PRIMERAS MEDIDAS

Lo primero que hizo Rodríguez antes de derivar la investigación a Tessio, fue ordenar un peritaje que realizaron efectivos de la Policía Federal. El control consistió en verificar colectivo por colectivo, para determinar así la cantidad exacta de unidades en circulación, los números de chasis, motor, patentes, etc.

El objetivo era comparar esta información con los datos suministrados por la Municipalidad acerca de cómo estaba compuesto el sistema.

Posteriormente, personal de Gendarmería Nacional realizó una pericia contable en busca de mayores elementos de prueba.

De esta manera, se analizó documentación recabada a nivel nacional, datos suministrados por la Municipalidad de Santa Fe y por las empresas de transporte urbano.

La primera denuncia judicial por este tema fue presentada por los concejales de Encuentro para Santa Fe, Leonardo Simoniello y Jorge Henn, ante el fiscal provincial Carlos Romero. En aquel momento, el caso recayó en el juzgado de Instrucción N° 5, a cargo del fallecido Eduardo Giovannini. El juez tomó declaración testimonial a los ediles, acerca de un informe que éstos hicieron público a través de su página web, en el que se planteaba la posibilidad de que existieran datos falsos en las declaraciones juradas de las empresas.

Pero poco después, la Justicia Provincial se declaró incompetente para avanzar en este caso porque, si hubieran existido irregularidades, se habrían producido en el manejo de fondos provenientes de impuestos nacionales. Por eso, el caso fue derivado a la Justicia Federal.

La Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) establece penas de prisión que van de tres años y seis meses, a nueve años, para quienes en forma “engañosa se aprovecharen indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional directo de naturaleza tributaria, siempre que el monto anual sea superior a los 100 pesos”.