INDAGARÁN A TRES ABOGADOS POR ESTAFAS CON CRÉDITOS FALSOS

Otros tres abogados quedaron imputados en la causa por las estafas cometidas para cobrar créditos ficticios en convocatorias de acreedores. Se trata de dos hombres y una mujer que quedaron acusados de actuar en complicidad con empresas concursadas para incluir falsos acreedores en el proceso judicial y así recuperar parte del activo. Uno de los indagados brindó información que reforzó las sospechas de los investigadores: dijo que la organización falseó firmas suyas en escritos judiciales. La nómina de acusados se ampliará hoy cuando otros cuatro letrados sean interrogados por maniobras similares.

Con las tres nuevas indagatorias ya suman siete los profesionales del derecho acusados de cometer maniobras defraudatorias en juicios civiles. Cuatro de ellos se encuentran detenidos desde la semana pasada. Los tres abogados interrogados ayer están en libertad porque se les reprocha una participación secundaria en una presunta asociación ilícita y no el rol de organizadores o jefes. Esta semana continuarán las citaciones a letrados y particulares. Si hoy se presentan los cuatro profesionales convocados sumarán 11 los integrantes del foro local sospechados de estafa.

La investigación comenzó en el año 2003 en el juzgado de Instrucción a cargo de Raquel Cosgaya. Entonces se detectó que en la convocatoria de Granero Argentino se había presentado una empresa fantasma reclamando un crédito. Se estableció que se trataba de un ardid ideado entre abogados y los titulares de la empresa convocada para reclamar créditos falsos, lo que perjudicaba a los verdaderos acreedores minoritarios.

El 27 de septiembre pasado fueron detenidos los abogados Jorge Fernández Méndez y Paulo Di Ciacio. También quedó preso el operador de granos Marcelo Romero Acuña. Todos ellos estarían vinculados a la empresa fantasma B&M, que figuraba como acreedora de Granero Argentino por un monto de 250 mil pesos.

A partir de ese caso testigo se detectaron maniobras similares en otros 13 expedientes civiles. Las operaciones se efectuaban inventando empresas acreedoras con domicilios inexistentes. Dos días después fueron apresados los abogados Carlos Hernán López y Luciana Masagli, quien quedó bajo arresto domiciliario.

Sigue la nómina
De los tres profesionales que ayer se sumaron a la lista -cuyos nombres se mantuvieron en reserva- dos hablaron y uno guardó silencio. El letrado que aceptó prestar declaración “aportó información útil para la causa y que fortalecen la acusación”, según fuentes del caso. Al ser indagado (por tentativa de defraudación y falsedad de instrumento público) dijo que había patrocinado a Romero Acuña como titular de una empresa llamada Naipa, en el marco de un juicio civil contra Zucco S.A.

Sostuvo que en una ocasión presentó un documento en ese litigio, pero que a partir de entonces las firmas que figuran al pie de los escritos fueron falsificadas. Sus dichos complicaron la situación de otro colega preso, Carlos López, a quien hoy le ampliarán la indagatoria por insertar esas firmas apócrifas.

Pasado el mediodía se presentó espontáneamente una letrada que quedó en libertad tras hacer su descargo. “Se presentó porque otros abogados que trabajaron con ella fueron citados. Le imputan la participación en dos expedientes civiles que patrocinó en algún momento”, indicó el representante legal de la mujer, Lisandro Cattáneo.

En su exposición, la abogada “se dedicó a comentar cuál fue su participación en esos expedientes, en los que sólo presentó escritos como cualquier abogado”, amplió el defensor. La mujer alegó desconocer que esos escritos fueran usados con fines ilícitos.

Para ayer también se esperaba la declaración de la esposa del operador de granos Romero Acuña, pero la mujer faltó a la cita sin dar explicaciones. Deben indagarla por usurpación, falsedad ideológica y defraudación. En tanto, mientras continúa el desfile de acusados, personal especializado de la Unidad Regional II perita las computadoras y los teléfonos celulares secuestrados en los allanamientos.

También sigue en pie la recusación efectuada por uno de los detenidos, Fernández Méndez, quien tildó de “imparcial” a los investigadores. Ese incidente será resuelto en los próximos días por los jueces de la Sala I de la Cámara Penal. “Quieren sacar a toda costa la causa de este juzgado”, planteó un investigador convencido de que ningún otro juez contará con el tiempo necesario para leer, acorde a los plazos legales, las 5 mil hojas de documental. Otro camino para lograrlo sería la acumulación del expediente en un juzgado donde algún imputado tenga causas en trámite. Con ese fin, algunos defensores pidieron ayer informes de antecedentes.