INDAGATORIAS COMO DERIVACIONES DE LAS DENUNCIAS DE SANDRA CABRERA

La jueza de instrucción María Luisa Pérez Vara indagó al ex jefe de Moralidad Pública Javier Pinatti en la causa iniciada en setiembre pasado por una trabajadora sexual de la zona de la terminal. La denuncia, respaldada por la dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), Sandra Cabrera, derivó de inmediato en el relevamiento de la cúpula de la sección policial cuestionada, que se extinguiría definitivamente tras el crimen de Cabrera. Sin embargo, la investigación no había registrado avances significativos hasta principio de mes, cuando se tomaron numerosas testimoniales y tras ellas la indagatoria al comisario.

También quedó imputado el dueño de la whiskería Punta Cana, de Castellanos al 600, cerrada en la actualidad. Los presuntos delitos que se le atribuyeron al comerciante son cohecho, amenazas coactivas y retención indebida (de efectos de una joven dominicana que había trabajado en su boliche).

Es que el sumario se inició el 9 de setiembre pasado con la denuncia de esta chica de 22 años, –quien alegó haber sido traída desde su país para emplearse en un supermercado– por una prima, de la misma nacionalidad y pareja del dueño de Punta Cana. Según relató en Fiscalía, luego fue obligada a trabajar en la whiskería con el objetivo de devolver el dinero prestado para el pasaje y en ese sentido el propietario le retuvo 300 dólares. Además, estaba amenazada al igual que su concubino.

Al día siguiente llegó a Tribunales otra presentación, esta vez respaldada por Ammar en la figura de Sandra Cabrera (quien nunca compareció, sino que hizo las veces de vocera). La meretriz denunciante contó que Pinatti le sugería que dejara trabajar tranquilo al boliche mencionado, que había abierto sus puertas a fines de abril en la misma esquina donde ella “paraba” desde hacía cuatro años. La joven continuó en el lugar y poco después fue detenida por Moralidad Pública. Entonces un policía le aconsejó que no peleara con el jefe con estas palabras: “No seas boluda, vos llevás las de perder, estás en la calle y ellos (por los dueños del local) ponen la plata”.

El fiscal analizó ambas acusaciones, encontró coincidencias y solicitó una investigación conjunta. Días después el juez de instrucción Jorge Juárez dio intervención a Asuntos Internos y realizó varios allanamientos, entre ellos a la whiskería y a la casa de su dueño. De los procedimientos surgió el secuestro de un papelito que rezaba el apellido del jefe de Moralidad, con el número de teléfono de la sección debajo. Algunos sospechosos fueron demorados y se secuestró abundante documentación que entonces se anunció probaría la corrupción policial.

Fuentes judiciales contaron ayer que durante el allanamiento, el dueño de Punta Cana admitió espontáneamente que él contribuía, dinero mediante, con Moralidad. Esa declaración quedó asentada en el acta correspondiente. A principios de febrero el hombre presentó un comparendo en el que manifestaba que lo dicho en el operativo no era cierto, sino que lo mencionó porque estaba coaccionado. Los voceros agregaron que en su indagatoria repitió lo que había anticipado, ampliando que no había motivos para un cohecho porque su actividad comercial era lícita. En consecuencia, la acusación contra Pinatti perdería fuerza. De todos modos, el comisario fue indagado, en tanto la prima de la dominicana prestó informativa, al igual que la dueña del local.

En Tribunales explicaron que la versión vertida durante el allanamiento no está revestida por las garantías que tiene un imputado a la hora de declarar, por ejemplo estar asistido por un abogado defensor y conocer su derecho a abstenerse de comparecer. La que tiene validez es la declaración judicial, no obstante lo que consta en el acta de procedimiento se considera como indicio para guiar la investigación, dijeron.

Un careo pendiente

Aunque la pesquisa la inició el juez Juárez, quedó en manos de su colega Pérez Vara, que ya investigaba a Pinatti por una causa de 2002, cuando el funcionario era titular de la comisaría 6ª. En ese sumario ya fue indagado (se presentó espontáneamente), aunque todavía no se definió si el presunto ilícito es una extorsión o una amenaza ni fue resuelta su situación procesal. En ese sentido, hay un careo pendiente, en tanto se estima que los dos expedientes tendrán dictamen de la magistrada casi al mismo tiempo. En concreto, Pinatti y el entonces subjefe de la seccional 6ª, Hugo Sosa, fueron acusados por un detenido de retener una moto, de no querer devolvérsela. Aunque el rodado finalmente apareció, ambos funcionarios debieron desfilar por el fuero penal.