INDETIFICARON A LOS DUEÑOS DEL LOCAL DONDE FUNCIONABA CROMAÑÓN

Dentro de una caja otra más chica, y adentro otra más pequeña, que guarda otra más: el exasperante juego de cajas chinas que se desató tras la tragedia del 30 de diciembre para establecer quiénes son los verdaderos dueños del boliche donde murieron 193 personas, al fin parece haber llegado a su fin. Una resolución de la Inspección General de Justicia estableció ayer que cinco de las firmas fantasma a las que hasta ahora se les atribuía la titularidad del local de la calle Mitre al 3000 son entidades “ficticias y simuladas” hechas para “violar la ley y frustrar los derechos de terceros”, pide a la Justicia que se las considere nulas por “simulación y abuso del derecho” y reclama que “se le impute la responsabilidad de las mismas a todos sus socios, controlantes y quienes hicieron posible tal forma de proceder”. Si se aceptara su pedido, dos empresarios podrían recibir demandas civiles por parte de las víctimas.

Tras una exhaustiva investigación iniciada el 4 de enero, el organismo oficial dirigido por Ricardo Nissen dio a conocer ayer los nombres de quienes, según sus propias palabras, se “enmascaran” detrás de cinco sociedades extranjeras constituidas en paraísos fiscales justamente para esconder a sus titulares. Se trata de los empresarios Rafael Levy y Raúl Vengrover, quienes desde hace años serían los dueños del local en donde funcionaba República Cromañón. Con inusual dureza, la resolución también carga contra Juan Mario Lerner —el apoderado de una de las firmas— y los suegros de Levy, Juan Chabelsky y Juana Volcovich, por haber consentido integrar una sociedad que fue propiedad de su yerno, “que la manejaba a su exclusivo antojo”.

Las sociedades que la Inspección considera nulas son Nacional Uranums Corporation, Nueva Zarelux Sociedad Anónima, Central Park Sociedad de Responsabilidad Limitada, Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales y Financiera Rucas Sociedad Anónima, todas relacionadas con la propiedad de los locales de las calles Mitre 3038/78 y Jean Jaures 51. Allí funcionaron Cromañón y el hotel Central Park.

En cambio, el organismo no acusó a la otra firma relacionada con Cromañón, Lagarto S.A. A pesar de considerarla “inactiva” e “incumplidora” de varias obligaciones legales, los inspectores que condujeron la investigación Lagarto creen que no es “una sociedad simulada” y que no corresponde iniciar en su contra acciones de nulidad. Lagarto era la sociedad que explotaba comercialmente la bailanta El reventón bailable —antecesora de Cromañón en el local de la calle Mitre— pero que habría terminado la relación con los dueños de la propiedad en agosto de 2003, tras varios meses de atraso en el pago de alquileres que fueron saldados con la entrega de muebles. Según varios testigos enumerados en la resolución, este pago se habría acordado con Rafael Levy, el empresario textil señalado por la Inspección como el principal factótum de la compleja red de sociedades.

El papel de cada una de estas firmas en la trama que según el informe servía para ocultar a Levy y Vengrover es el siguiente:

Nueva Zarelux S.A.: Esta sociedad uruguaya es la dueña de los inmuebles de Jean Jeaures y Mitre desde el 4 de febrero y 17 de marzo de 1998, cuando los compró a Nacional Uranmus Corporation.

Nacional Uranmus Corporation: de las Islas Vírgenes, habría adquirido las propiedades el 18 de noviembre de 1994, de manos de la sociedad Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales S.A.

Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales S.A.: es una firma local pero que está totalmente controlada por la uruguaya Financiera Rucas S.A., otra empresa fantasma.

La investigación de los inspectores oficiales, para la cual desfilaron decenas de testigos, apoderados, escribanos y hasta porteros de edificios particulares, estableció que el “socio controlante” de Nueva Zarelux es Levy aunque, para no perder el estilo, este control es ejercido a través de otra firma off shore, “Avral S.A.” Si la Justicia admite estas pruebas y acepta el pedido del organismo, los empresarios podrían ser demandados por las víctimas en busca de establecer su responsabilidad civil. Y entonces sí, se habrá abierto la última caja.