INDULTOS: EL PROCURADOR PIDE A LOS FISCALES ACELERAR LAS CAUSAS

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, instruyó a sus fiscales a que hagan cuanto puedan para acelerar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La resolución vale más como gesto político: es una forma de hacerle notar a la Cámara de Casación que hace ya meses debería haberse pronunciado acerca de la constitucionalidad o no de los indultos.

La resolución fue fechada el miércoles y se dirigió a los fiscales ante las Cámaras Federales de todo el país y a los fiscales ante la Casación. Righi les pidió que “extremen los recaudos procesales necesarios y pertinentes para agilizar los procesos por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el último gobierno de facto”; si fuera necesario, los autorizó a que denuncien a los tribunales por retardo de justicia.

Ex abogado personal del Presidente, Righi retoma así un pedido público que el propio Néstor Kirchner formuló en marzo, en un acto realizado en el Colegio Militar por el aniversario del golpe de 1976. Cuando el Gobierno barajaba dejar sin efecto por decreto los perdones, Kirchner se lo reclamó “pronto” a la Justicia, “tal como desea la sociedad”.

Los indultos ya fueron declarados inconstitucionales por varias Cámaras Federales, como la porteña y las de San Martín, Paraná y Córdoba. La última palabra la tendrá la Corte Suprema, que en junio de 2005 se pronunció sobre la imprescriptibilidad de estos delitos en el caso “Simón”. Sin embargo, la Corte no dirá palabra hasta que fije su posición la Cámara de Casación, máxima autoridad penal del país.

Este tribunal, que nunca se caracterizó por sus posiciones progresistas, tiene serias demoras al respecto. Como ya informó Clarín, es difícil que dicte alguna resolución antes de fin de año. En algunos casos, no se sabe ni siquiera qué jueces van a intervenir: casi todos están recusados por diversos organismos de derechos humanos; salas integradas por conjueces —abogados de la matrícula— aún no decidieron si los camaristas pueden seguir en el tratamiento de las causas o no.

La Cámara de Casación es la misma que accedió hace pocas semanas a excarcelar a militares presos por el Plan Cóndor. En la primera instancia, los jueces se quejan porque cada apelación en sumarios sobre derechos humanos suele tardar bastante. El caso más conocido es el del camarista Alfredo Bisordi, que se refirió por escrito a una ex desaparecida como “delincuente terrorista”.

Righi mencionó otro episodio en los considerandos de su resolución. Puntualizó que en este tribunal está frenado desde el 8 de noviembre de 2004 —nada menos— el expediente sobre el secuestro del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse.

“La tarea de impartir justicia impone el deber de reducir al mínimo posible cualquier demora en la tramitación de causas penales, pues todo retraso necesariamente genera ineficiencia”, agregó el jefe de los fiscales. También fue diplomático: aclaró que no desconoce “la recarga de trabajo que pesa sobre los tribunales, en especial sobre la Cámara Nacional de Casación Penal”.

En todos los casos, los indultos fueron firmados por Carlos Menem entre 1989 y 1990. Beneficiaron a una mayoría de militares y represores; también a ex jefes guerrilleros y delincuentes comunes. Gracias a que los fueron declarando inconstitucionales,

avanzaron investigaciones contra los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, entre otros.