INÉDITO: ACEPTAN UNA DEMANDA POR SEGURIDAD

El inédito recurso amparado en la ley 10.000 que reclama una correcta prestación del servicio de seguridad pública fue aceptado por la Justicia civil rosarina y, después de la contestación del gobierno santafesino sobre el plan diseñado en la materia, es la fiscal Liliana Di Taranto la que debe decidir si corresponde seguir con el pleito –los apoderados de la provincia pidieron que sea rechazado, con costas al demandante–.

El expediente fue iniciado el 3 de mayo pasado por un vecino de 77 años en el Juzgado Civil Nº 1, de Jorge Scavone, quien decidió darle curso –podría haberlo declarado inadmisible–. El magistrado le dio diez días hábiles al Estado para que, en un informe circunstanciado, detallara qué políticas está desarrollando en el área de seguridad. La provincia pidió una prórroga de 10 días, que le fue concedida, y finalmente entregó el llamado plan de seguridad 2004-2007. Allí se mencionan mejoras legislativas, de infraestructura, penitenciarias y hasta judiciales ya realizadas o en vías de concretarse.

Además, los apoderados gubernamentales reclamaron el rechazo del pleito, con costas al demandante. Se trata de Hugo Peralta, ex docente de la UNR y miembro del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Universidad. El hombre nunca fue víctima de un atraco, pero sí vecinos y conocidos, por lo que se decidió a recurrir a la Justicia después de la masacre de Coronda, del 11 de abril, y el acuartelamiento policial del día siguiente.

Desde el pasado miércoles el sumario se encuentra en la Fiscalía Nº 8 para que Liliana Di Taranto elabore un dictamen, muy significativo para la continuidad del litigio. La representante del Ministerio Público puede entender que el trámite no corresponde o avalarlo e incluso pedir medidas.

Marisa Malvestiti, abogada que patrocina a Peralta, expresó su disconformidad con el descargo del gobierno provincial. “Es una mera formalidad, un racconto histórico de cosas que se han hecho y de proyectos que todavía no llegaron a la calle. De lo contrario no veríamos que todos los días ocurren incidentes policiales graves”, opinó la profesional.

Esta consideración se refleja en las últimas estadísticas confeccionadas por la Corte Suprema, de las que este diario dio cuenta en su edición del lunes. Según los números oficiales, el fuero penal rosarino fue el que más se desarrolló el año pasado, un cuatro por ciento, a pesar de que en 2003 había descendido tres puntos respecto de 2002. Desde el retorno de la democracia, nunca habían ingresado tantos expedientes penales en la ciudad: 139.770 en total.

“El informe circunstanciado habla de la Patrulla Rural y Urbana, de la policía comunitaria, de acciones en relación con la Justicia y la política penitenciaria, como la construcción de cárceles, que dicen redundará en beneficio de la policía”, relató Malvestiti. “Pero este año hubo 17 muertos sólo contando la masacre de Coronda y el incendio en la Alcaidía de Mujeres de hace pocos días”, remató la abogada, en referencia a las víctimas fatales, 15 y dos respectivamente, que dejó como trágico saldo el colapso del sistema penitenciario.

Probablemente antes de la feria tribunalicia de invierno haya novedades en este caso, que no registra antecedentes. Se basa en la ley 10.000, cuyo espíritu es proteger intereses difusos como los ambientales y ecológicos, la salud pública, la conservación de la flora y la fauna, el patrimonio histórico y artístico y valores similares de la comunidad, según el artículo Nº 1 de la norma. Y que ahora un juez determinó puede aplicarse a la seguridad.