INHIBICIONES: SON 15 PROPIEDADES, POR UN VALOR DE 20 MILLONES DE DÓLARES

El Departamento de Estado recibió ayer la “Nota de Protesta” del Gobierno argentino por la inhibición de los bienes diplomáticos que dispusieron los jueces estaduales norteamericanos. La protesta “urge al gobierno de EE.UU.” a que adopte las medidas necesarias para restablecer el “orden jurídico vulnerado”.

En total con medidas cautelares o de inhibición en EE.UU. hay 15 inmuebles que tienen un valor fiscal estimado de 20 millones de dólares. Y la demanda del fondo NML Capital Limited, con sede en las Islas Caymán, suma 172,5 millones de dólares. En ese sentido, las acciones judiciales parecen simbólicas.

En forma paralela, los representantes legales de la Argentina en EE.UU. apelaron las decisiones judiciales. Además, solicitaron a la Corte Federal de Washington que retire las diversas causas de los juzgados estaduales porque no tendrían competencia para actuar en temas de alcance internacional, de resorte de los jueces federales. Por eso, e invocando que ya el juez Federal Thomas Griesa tiene causas abiertas, por razones de “economía procesal”, se pide la unificación de todas las causas.

Ahora, y de acuerdo a las leyes estadounidenses, los jueces conceden el traslado de las apelaciones en el plazo de 30 días.

Todas estas acciones fueron decididas por un equipo especial conformado por la Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro, que a su vez, definió una “hoja de ruta” con la estrategia que seguirá la Argentina con relación a la renegociación de la deuda. Por supuesto, “esa estrategia se mantiene guardada bajo siete llaves”.

Según la Nota de Protesta, la decisión de los jueces norteame ricanos viola normas internacionales, entre ellas, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1967 que establece la “inmunidad de jurisdicción y de ejecución” y la “inviolabilidad de los bienes diplomáticos” y la fija que las notificaciones judiciales a los gobiernos deben ser vehiculizadas por la vía diplomática, en este caso a través del Departamento de Estado.

En cambio, la medida cautelar o de inhibición en el Condado de Maryland fue notificada por un sheriff directamente en la residencia del agregado naval argentino, mientras las de los galpones militares en el Condado de St.George los funcionarios judiciales colocaron la faja del Juzgado.

Notas de Protesta similares fueron enviadas, en su momento, a Alemania e Italia cuando juzgados de esos países accionaron contra bienes del Estado.

En la Cancillería admitieron ayer que los cuatro galpones militares no estaban registrados como bienes diplomáticos, pero desde 1977 gozaban de las exenciones impositivas que se conceden a los bienes de los Estados extranjeros. Con este argumento, dicen que los galpones militares también están amparados.

En el Gobierno admitieron que Defensa siempre fue remisa a declarar los bienes en el exterior, pero que ahora, a partir de los pleitos judiciales, todas las dependencias deben registrar como diplomáticos los activos en el exterior. Se comenta que la Jefatura de Gabinete dio esa orden a todos los Ministerios.

El registro diplomático de los bienes del Estado argentino en el exterior es una cuestión decisiva ya que por diversos decretos del Gobierno argentino los bonos de deuda que se emitieron durante los 90 contenían una cláusula de renuncia a la “inmunidad soberana”, con la excepción de las reservas, fondos del Presupuesto y los bienes públicos esenciales. Y desde ya los diplomáticos.

Ayer el canciller, Rafael Bielsa, almorzó con el embajador de EE.UU., Lino Gutiérrez, y le transmitió la queja argentina. Se comentó que al mejor estilo diplomático, el representante de EE.UU. anotó en el reverso del menú sus enérgicos planteos.