INMIGRANTES TOMAN IGLESIAS Y UNIVERSIDADES CATALANAS

Unos 600 inmigrantes “sin papeles”, entre ellos argentinos, culminaron ayer un “encierro” de tres días en varias iglesias y universidades de Barcelona en reclamo de cambios sustanciales en el proceso de regularización de extranjeros que se lleva a cabo en España.

En la Universidad Pompeu I Fabra (UPF), en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), en el Centro Polideportivo de Sant Medir y la parroquia de Sant Miquel de Santa Coloma de Gramenet, los encierros se llevaron a cabo con apoyo de estudiantes y vecinos.

Bajo el lema “ninguna persona es ilegal: no tiene sentido el concepto de ilegalidad aplicado a las personas”, un grupo de estudiantes de la plataforma de la UPF se unió a los inmigrantes que desde la noche del jueves hasta la tarde de ayer permanecieron en asamblea permanente en una sede de la universidad.

El viernes comenzó la toma de las dependencias en la UPC, en el polideportivo del barrio de Sants y en Santa Coloma, donde unas 70 personas realizaron una huelga de hambre, aguantada a base de jugos, caldos y partidas de parchís (juego de mesa popular en España y Marruecos).

La mayoría de los que protestaron en la iglesia de Santa Coloma son hombres jóvenes, muchos procedentes de Pakistán, Marruecos y Nigeria, que residen hace más de tres años en la ciudad y aún no pudieron empadronarse -condición para la regularización-, por carecer de recursos para disponer de una vivienda donde hacerlo.

Los inmigrantes, que presentaron sus reclamos a la delegación del gobierno central en Cataluña, piden más flexibilidad en la ley de extranjería y solicitan en concreto que se suprima el contrato como requisito indispensable para la regularización.

También denunciaron la venta de contratos, los despidos y que muchos trabajan sin contrato o con papeles de otros, y pidieron que se admita como prueba de su estancia en España no solamente el certificado del padrón municipal sino cualquier otro documento considerado válido en derecho.

Además, quieren que se permita tramitar las peticiones de regularización mientras aguardan los certificados de antecedentes penales, porque algunos extranjeros proceden de países que no tienen en España embajadas ni consulados que les faciliten la obtención de esos papeles.

Por otro lado, consideran que es muy corto el plazo de tres meses para presentar las solicitudes de regularización, del 7 de febrero al 7 de mayo, y requieren su ampliación.

Unas 25 mujeres se encerraron separadas de los hombres, en la CNT (Central Nacional de Trabajadores) del Raval, poniendo en evidencia su “doble vulnerabilidad” como mujeres e inmigrantes, aunque todos coinciden en un mismo reclamo: “la ley de extranjería debe ser más flexible”.