INMOBILIARIO: OFENSIVA DE LA API SOBRE GRANDES PROPIETARIOS

La delegación sur de la Administración Provincial de Impuestos (API) comenzó a enviar intimaciones a 800 grandes contribuyentes rosarinos para que se pongan al día con el pago del inmobiliario urbano. Van por un monto de 18 millones de pesos, que representa el 57% del total de las deudas pendientes de cobro en la ciudad por este tributo. La titular del organismo en la región, Susana Rizzo, adelantó que habrá después una segunda etapa de reclamos al resto de los propietarios en situación irregular.

Para evitar subas de alícuotas, diferenciándose de otras administraciones, el gobierno santafesino decidió apostar a un incremento de la recaudación mediante un control fiscal más eficiente, primero a través de los grandes contribuyentes y después al resto de la población.

La funcionaria reconoció que la mora y la evasión es “en proporción” más importante en el segmento de los ciudadanos de mayores recursos. El inmobiliario urbano es un claro ejemplo. Los 800 contribuyentes ahora intimados, que deben más de 10 mil pesos y sus propiedades están valuadas por el fisco (no por el mercado) a partir de 60 mil pesos, representan el 57% de la deuda por cobrar. El restante 43% abarca a 10 mil casos.

Aunque mejoró el pago de impuestos de la mano de la recuperación de la economía “hay una tendencia de la sociedad de no cumplir con las obligaciones fiscales”, dijo Rizzo, quien aseguró que el porcentaje entre mora y evasión sigue siendo “elevado” y que las “estimaciones de la doctrina señalan que ronda alrededor del 50%”.

Los resultados del operativo “rastrillo” realizado en diciembre pasado en las zonas comerciales como galerías céntricas, calles San Martín y Mendoza (en Echesortu) son otra pauta de esa realidad. Sobre 694 comercios rastrillados se detectaron numerosas irregularidades (muchos de los cuales cumplieron después de ser intimados), que derivaron en que 54 casos se avanzara en inspecciones o en verificaciones internas de control fiscal.

Otros sectores en la mira
El operativo “inmobiliario urbano” es la primera de las iniciativas de la API para el 2006, a la que sumará en el corto plazo los denominados procedimientos “sorpresa” en diversos sectores productivos, que “tradicionalmente” son considerados de alta informalidad.

Aunque Rizzo evitó dar precisiones sobre cuáles serán esos sectores -para mantener el efecto “sorpresa”- se puede inferir que podrían ser de la partida aquellos que registran un alto índice de informalidad como son el agropecuario, construcción, comercio minorista y los industriales relacionados por su producción con los convenios fiscales multilaterales (interprovinciales).

El año pasado, el operativo “Abril” entre pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores sobre las cuales la API contaba con información de reiterados incumplimientos, generó el reclamo por parte del organismo de 3,2 millones de pesos y 31 inspecciones, algunas de las cuales encontraron más de un cargo contra esas firmas.

El plan de enfocarse en los sectores con mayores índices de irregularidades en detrimento de otros también responde a una limitación: el personal con que cuenta la repartición. Un problema que podría agravarse el próximo año dado que se prevé que a fin de 2006 estarían con posibilidades de jubilarse alrededor de 50 de los algo más de 300 empleados con que cuenta la repartición local.

Inmobiliario rural
En otro orden, y a contrapelo de lo que se podría suponer de un sector que se vio beneficiado tras la salida de la convertibilidad y el congelamiento de alícuotas y valuaciones, la evasión de los propietarios de campos en el pago del inmobiliario rural ronda entre el 70% y 80%, reconoció la titular local de la Administración Provincial de Impuestos (API), Susana Rizzo.

Aunque aclara que los montos no son significativos y que “Santa Fe no es una de las provincias donde los productores son los más incumplidores”, admitió que el porcentaje es “elevado”.

El operativo llevado adelante el año pasado para el cobro del inmobiliario rural en la zona sur de Rosario llevó a intimar a 242 grandes propietarios de campos que tenían deudas mayores a 10 mil pesos con el fisco provincial, que en total representaban ocho millones de pesos.

Aún después de las intimaciones, la API inició juicios de apremios a 137 de esos 242 contribuyentes.

Además la funcionaria señaló que en el caso del campo también se detectan irregularidades en el caso del pago de la ley 5.110 (aportes sociales) debido a la alta informalidad en materia laboral en el sector y en sellos.