INQUIETA LA POSIBLE PÉRDIDA DE IDENTIDAD DEL NUEVO BANCO DE SANTA FE

En distintos sectores ha preocupado el comunicado dado a conocer en su momento por el Banco Central de la República Argentina, dando cuenta de la aceptación de la oferta del Banco de San Juan SA para hacerse cargo del Nuevo Banco de Santa Fe que, en su último párrafo, refiere textualmente que “la fusión final, prevista para dentro de los próximos 12 meses, concluirá formalmente el proceso de consolidación de ambas entidades que en la fecha se autoriza”.

Según algunas voces, esto puede significar la desaparición del Nuevo Banco de Santa Fe absorbido por el Banco de San Juan SA y no el mantenimiento de la entidad como otra independiente de su compradora.

El gobierno de la provincia tiene sus cuentas oficiales en la entidad santafesina -es su agente financiero hasta el 2008- y esto movió a la consulta al ministro de Hacienda y Finanzas, Miguel Asensio, quien sostuvo a El Litoral que la provincia venía reclamando sin éxito conocer la resolución completa del BCRA, donde están contenidas todas las condiciones de compra y desenvolvimiento futuro. El tema, incluso, fue planteado el jueves al gobernador Carlos Reutemann por el mismo Asensio, quien se excusó de hacer alguna declaración antes de conocer dicho texto.

Sin embargo, el titular de Hacienda reconoció que el gobierno “como hipótesis de mínima” deberá evaluar su mantiene las cuentas de la provincia en el banco tras su compra por parte del San Juan SA; no siendo la única, quizás, decisión a tomar. De no contar en las próximas horas con la aludida resolución, Asensio indicó que se comunicará directamente con el presidente del BCRA, Alfonso Prat Gay.

La Asociación Bancaria, por un comunicado dado a conocer, entre otros puntos sostiene que “el panorama se enturbia más si observamos que uno de los condicionamientos impone la fusión de las tres entidades en una sola, pudiendo así que la Casa Central, las decisiones políticas de la herramienta financiera de Santa Fe, se establezcan en las provincias de San Juan o Santa Cruz. Hasta aquí llega el absurdo institucional actual”, agrega el sindicato.

EN LA LEGISLATURA

Por su parte, el diputado Carlos Favario (PDP) reiteró que la aprobación de la continuidad del Nuevo Banco de Santa Fe como agente financiero y caja obligada de la provincia debe contar con la autorización legislativa. El legislador ratificó su postura en la última sesión del cuerpo que integra y a pocas horas de conocerse la decisión del Banco Central de aprobar la compra del 93,4% de las acciones del banco local por parte del Banco de San Juan.

Favario dijo esperar la remisión al Poder Legislativo de toda la documentación de la operación, enancándose en el compromiso hecho público semanas atrás por su par Carlos Paganini (PJ), integrante de la Comisión Legislativa de Seguimiento de la Privatización del Banco. Éste había señalado también la necesidad de que todas las actuaciones originadas entre el banco y el Estado tengan ratificación legislativa.

En varias ocasiones Favario señaló que “el contrato original de la provincia con el Banco General de Negocios no puede ser renovado automáticamente”. Entiende que, de acuerdo a las disposiciones legales, y “con las condiciones de la licitación que oportunamente se realizó, automáticamente cayó, en el momento en que cayó el BGN”, y agregó que “si actualmente el Nuevo Banco continúa ejerciendo esas funciones, lo hace por una situación de hecho y nada más”.

PEDIDO DE INFORMES

Por otra parte, Favario presentó un pedido de informes para conocer el plazo definitivo para terminar el proceso de liquidación de los entes residuales del Banco de Santa Fe Sapem y del Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo.

La minuta reclama el estado de ejecución presupuestaria de dichos entes del ejercicio 2002 y de los 9 primeros meses del presente año, así como las medidas adoptadas a los efectos de la recuperación de los créditos, con detalle de deudores y montos adeudados. Otros puntos reclaman conocer los montos de créditos efectivamente recuperados y un detalle de la enajenación de activos y una indicación del procedimiento administrativo utilizado en cada caso.