INSOLITA HISTORIA QUE TIENE COMO PROTAGONISTA AL JUEZ FEDERAL SANTIAGO HARTE
Un general intercediendo por la libertad de un secretario de un juzgado federal preso durante las primeras horas de la dictadura, a quien el golpe de Estado parece haberle salvado la vida. Y la posibilidad en manos de aquel funcionario judicial de juzgar al militar casi 30 años después, a pesar de lo cual decidió excusarse por razones de violencia moral. El malestar del militar por considerarlo un “desagradecido”. Todos elementos que bien podrían formar parte de una novela, y que están sin embargo entre los fojas de la Causa Feced.
La noche del 23 de marzo de 1976 el entonces secretario del juzgado federal N° 2 Santiago Harte fue secuestrado por un grupo de personas que lo mantuvo cautivo hasta entrada la madrugada. Lo encapucharon y golpearon hasta que comenzaron a llegar las primeras imágenes del helicóptero de María Isabel Martínez de Perón abandonando la Casa Rosada. El grupo estaba siendo investigado como una banda mixta de civiles y policías que operaba en la zona, y pretendía un escarmiento, pero entendió la complicación que significaría el traslado de la víctima con retenes militares en los ingresos a la ciudad. Así decidieron llevarlo en el baúl de un coche y abandonarlo en un camino de las afueras de Rosario donde fue encontrado y trasladado a la cárcel de Zeballos y Ricchieri que por entonces estaba bajo la responsabilidad de la Gendarmería.
Era la mañana del 24 de marzo cuando el jefe directo de Harte, el responsable del juzgado federal N° 2 Alegría Cáceres, se cuadró ante el jefe del Segundo Cuerpo y, luego de hacer sonar payasescamente sus tacos, se puso a su disposición mientras mantenía su mano derecha a la altura de su sien, y le recordaba con orgullo su paso por el Liceo Militar. La intervención pareció dar sus frutos porque el 26 de marzo el detenido Harte fue llevado ante el general Ramón Genaro Díaz Bessone, quien lo recibió en su despacho y le hizo saber que había recuperado su libertad. Ese hecho es usado hoy por aquella víctima para excusarse de actuar en una causa que tiene al militar como uno de los principales imputados: la causa Feced.
El protagonista de esta historia es Santiago Harte, quien 29 años después revelo el episodio en un pedido de excusación, ya que argumenta “violencia moral” para decidir en la causa, por haber estado detenido bajo el mando de Díaz Bessone. El general tampoco se quedo callado y retruco, en otro escrito, que lo dicho por Harte son “falaces manifestaciones” y que solo hizo una gestión de buenos oficios para que apareciera con vida, negando que hubiese estado detenido bajo la órbita militar. A renglón seguido lo calificó de “desagradecido”.
El episodio no es sino consecuencia de la decisión del camarista Carlos Carrillo, quien como presidente de la Cámara Federal de Rosario ordenó que la misma actúe como un tribunal pleno y no en dos salas separadas con tres miembros cada una. Esto ha provocado, además de la demora en la resolución de las causas, situaciones insólitas por el entrecruzamiento inagotable de nombres de jueces civiles y penales de primera instancia, camaristas y miembros del tribunal oral. Como la de un camarista que se excusó de participar en una de las tantas conformaciones de cámara para resolver una medida procesal, ya que uno de los encartados era nada mas y nada menos que quien lo había detenido y liberado en la última dictadura.
Los protagonistas de esta historia, cuyo cruce judicial es revelado por Rosario/12, tuvo lugar en el mes de marzo, pero se origina 29 años atrás, en marzo de 1976. Entonces Santiago Harte era secretario del juzgado federal N° 2 a cargo del doctor Alegría Cáceres, mientras el general Ramón Genaro Díaz Bessone era jefe del Segundo Cuerpo de Ejército.
En rol de secretario de un juzgado federal, Harte investigaba a una banda de policías y civiles que había cometido varios delitos. Por eso quienes conocen su historia de cerca, aseguran que fue secuestrado por un grupo de uniformados que pretendía cobrarse su osadía. Pero el golpe de Estado curiosamente cambió su destino: los policías volvieron sobre sus pasos, y arrojaron a Harte atado en un camino cercano. Allí fue encontrado rato después y conducido a su lugar de detención: la cárcel de Zeballos y Ricchieri.
Allí compartió su encierro con Rodolfo Ruggeri, hasta ese momento el intendente peronista de Rosario, que también había sido detenido por las fuerzas armadas que habían derrocado al régimen constitucional. En ese lugar el profesor lo tranquilizó. “Quedate tranquilo pibe, si nos blanquearon quiere decir que no nos van a matar”, alcanzó a decirle Ruggeri en una de sus charlas, para tranquilidad del nobel secretario de juzgado que lógicamente temía por su vida.
A los pocos días Harte recobró su libertad y fue conducido ante el mismísimo jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, el general Ramón Genaro Díaz Bessone. Ese episodio es el argumentado por el ahora miembro del tribunal oral N° 1 ‑que tuvo entre sus casos más recientes, el juzgamiento de los responsables de la masacre de Ramallo‑ para excusarse de participar como “juez subrogante para integrar la Cámara que deberá decidir un incidente de recusación relacionado con la causa Feced y sus conexos”, según reza el escrito firmado por Harte ingresado el 11 de marzo de 2005.
En el mismo texto recuerda que “en un caso que guarda estrecha relación con los actuales Jordana Testoni, Enrique y otros (en referencia a la causa de quien era jefe de la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu) tuve oportunidad de expresar las razones de violencia moral que me llevaban a solicitar que se me excusara de entender en los mismos. Ello en razón de los hechos que describí en mi nota de los que fui víctima en oportunidad de producirse el Golpe militar en fecha 24 de marzo de 1976 y mi privación de libertad, siendo que para esa época me desempeñaba como secretario del juzgado federal N° 2”, según dice Harte. Aquella petición, cabe agregar, fue acogida por la Cámara, por lo cual se descarta que esta, siga el mismo camino.
En rigor los motivos de la excusación resultan demoledores: según Harte “quien me comunicó en forma personal que recuperaba mi libertad y me dio las explicaciones del caso fue quien se desempeñaba como jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, el entonces general de División Ramón Genaro Díaz Bessone, que es quien resulta imputado en la presente causa”.
Si bien Harte reconoce que “la situación de violencia moral que estoy invocando, no está expresamente contemplada entre las causales de
excusación previstas en el articulo 55 del Código Procesal, constituye
según Francisco D’Albora ‘una circunstancia que debe ser tenida en cuenta toda vez que con su manifestación persigue quien la invoca, la finalidad de asegurar una recta administración de justicia'”, dice el juez en su presentación.
Pero este pedido de excusación disparó de inmediato la respuesta de Díaz Bessone, quien se presentó con el patrocinio de sus defensores Gonzalo Miño y Rafael Sarmiento a dar su versión. El militar asegura que las de Harte son “falaces manifestaciones, quien para excusarse ha desarrollado una versión que no siendo cierta compromete mi situación de inocencia y lleva al ánimo de Vuestra Excelencia la convicción de mi culpabilidad”.
Molesto con la revelación de su responsabilidad, Díaz Bessone ‑que ha hecho un culto de la recusación a los jueces que le han tocado en suerte‑ remarca en su escrito que Harte “oculta la verdad, ya que fue detenido por la Policía ‑que estaba fuera de la órbita de mi mando‑ que fue el juez federal Alegría Cáceres quien me visitó en mi despacho para pedirme que intercediera para lograr la libertad de su secretario, y que por razones de buena educación me puse oficiosamente en contacto con la Regional Rosario de Policía, y que fue la Policía la que lo puso en libertad, y que entonces fue conducido en libertad hasta mi despacho donde lo conocí “.
Irónicamente el militar en su presentación desliza que “como el doctor Harte es un ser humano proclive a las debilidades humanas no ha podido dejar de ocultar estos buenos oficios y que por entonces lo beneficiaron”. Y recuerda que “en aquella ocasión le dije que formulara la denuncia contestándome que no lo haría por temor a represalias con las que podrían afectarse a su familia. Lo cierto ‑dice Díaz Bessone‑ es que ni el juez federal de entonces ni el propio Harte promovieron ninguna denuncia sobre los hechos”.
Finaliza diciendo que “el incorrecto relato del doctor Harte no solo tiende a perjudicarme sino que lo muestra como un verdadero desagradecido, cualidad que lo descalifica cuando menos ante mi, pero ante la sociedad rosarina”.
Ahora bien, sin bien Harte no será en su rol de juez quien decida sobre la libertad de Díaz Bessone, tendrá la posibilidad de sumar su voz como testigo ya que tal como ocurriera con su compañera en el Tribunal Oral N° 1 Laura Cosidoy quien fuera defensora oficial durante la dictadura, ambos podrán ser citados como testigos en estas causas. Y quizás allí la verdad pueda ganarse para las futuras generaciones, más allá de los miedos argumentados para ocultar parte de esa verdad durante los últimos 29 años.
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