INSÓLITO: PRESOS A CARGO DE SU PROPIA SEGURIDAD

Un escrito mediante el cual el Servicio Penitenciario obliga a los presos a hacerse cargo de su “integridad física” corrobora las denuncias que varios de los internos de Coronda le trasmitieron al diputado socialista, Raúl Lamberto, quien preside la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados. A raíz de esta alarmante confirmación, en la que por escrito el Estado se desobliga de custodiar la seguridad de los detenidos, el legislador se comprometió a llevar este tema a la comisión e impulsar un pedido de informes para que desde el Servicio Penitenciario se explique el porqué de semejante acta.

En tanto, familiares de detenidos alojados en Coronda volvieron a manifestarse en Tribunales. El caso más extremo fue el de una mujer que se encadenó frente al Palacio de Justicia para pedir respuestas por la situación de un familiar. Esta inquietud fue atendida por el defensor de Cámaras, Carlos Giandoménico, que dialogó con la mujer, le explicó el estado de la causa, logró tranquilizarla y que depusiera su actitud (ver aparte). En tanto, ayer se tomó declaración a los dos guardicárcles que fueron rehenes de la masacre de Coronda, ocurrida el 11 de abril pasado, mientras que en el penal los reclusos del pabellón 7 (donde estarían alojados los autores de los 14 homicidios) recibieron su primera visita desde el día de la matanza

El diputado Lamberto dijo que hay situaciones muy llamativas y preocupantes que están pasando en el penal, y una de ellas es que “el Servicio Penitenciario se desobliga de garantizar la seguridad. La mecánica es hacerle firmar al detenido una especie de acta donde expresa que él mismo se hace cargo de su integridad física, así lo han denunciado los mismos presos. Si así fuera sería incumplimiento de deberes de funcionario público para los responsables, con grave afectación a los derechos humanos”, enfatizó Lamberto.

En referencia a esto el legislador manifestó que “es evidente la existencia de indicios muy graves de que la seguridad en el penal es altamente deficiente, a punto tal que se pretende deslindar las responsabilidades derivadas de ello, y atribuirlas a quienes no tienen los elementos para garantizarla”.

El legislador agregó que “de esta forma se estaría confirmando una suerte de abandono muy perverso porque el Estado estaría obligando a determinadas personas a permanecer en el penal, sabiendo de antemano que su seguridad peligra más allá de los razonable, con el agravante de que muchas de las personas no tienen aún condena, si bien esto no significa que sea legítimo respecto de los que la tienen”.

La existencia de esta pseudoacta fue confirmada también por familiares de detenidos y por miembros de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC).