INTENTAN EVITAR EN EE.UU. UN EMBARGO POR US$ 7.000 MILLONES

El juez norteamericano Thomas Griesa decidirá hoy si mantiene inmovilizados los 7.000 millones de dólares en bonos argentinos, según dispuso la semana pasada, atendiendo a un pedido del fondo buitre Elliot.

Griesa dispuso congelar 7.000 millones de dólares en bonos en default depositados por acreedores que decidieron entrar al canje en el Bank of New York (BofNY), agente global de la operación de reestructuración.

La medida cautelar fue determinada a pedido del fondo buitre Elliot, que opera bajo el nombre de NML, una sociedad constituida en el Caribe, que tiene 361 millones de dólares en bonos y no aceptó entrar al canje.

Hoy a las 16.30, en Nueva York, (dos horas más en Buenos Aires) el estudio jurídico Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton representará a la Argentina en esta audiencia decisiva. Al finalizar y tras escuchar a ambas partes, Griesa decidirá si corresponde ratificar o no la cautelar.

Los abogados que representan a Argentina le explicarán al juez que los bonos inmovilizados son propiedad de los acreedores que ingresaron al canje y no del Estado argentino. Por lo tanto, argumentarán que el congelamiento no corresponde.

La defensa también planteará que esos títulos dejarán de tener valor cuando se efectivice el canje por los nuevos bonos, el 1º de abril. Al respecto, fuentes del Ministerio de Economía aseguraron que la decisión que tomé hoy Griesa “de ningún modo” impedirá que el próximo viernes se concrete la entrega de los nuevos títulos a los bonistas que aceptaron el canje.

Pero expertos consultados por Clarín no fueron tan optimistas como los funcionarios. Un abogado especializado en estos temas explicó que el bonista que entró al canje firmó un documento en el que cede los derechos sobre esos bonos a favor del BofNY. En ese sentido, los bonos figuran a nombre del Bof NY, pero éste los tomó a nombre del Estado argentino. Por eso, según esta visión, no va a ser sencillo demostrar que los bonos son de los bonistas y no constituyen un activo comercial de la Nación. Y si los títulos son considerados un bien del Estado, en este caso no estarían protegidos por algún acuerdo de inmunidad, como ocurre con las embajadas.

Para este abogado, una salida extrema sería que el Gobierno desconozca ese embargo y siga adelante con la entrega de los nuevos bonos. Pero estimó que esto sería “poco serio, porque la inmovilización llegó antes de que esos bonos dejen de existir”.

Hace un año, Griesa había embargado preventivamente fondos de una cuenta del Correo Argentino a pedido de un fondo buitre. Pero luego el juez optó por destrabar el embargo cuando se de mostró que los depósitos pertenecían a una empresa privada —el grupo Macri— y no al Estado argentino.