INTERVENDRÁN LA OBRA SOCIAL DE LOS LEGISLATIVOS POR FRAUDE

Una defraudación que podría superar los 7 millones de pesos en perjuicio del Servicio de Salud y Asistencia Social (SSAS) del personal de la Legislatura porteña, fue denunciada ante la Justicia, según informó el vicepresidente primero del Cuerpo, Santiago de Estrada, a los presidentes de los principales bloques.

Por su parte, el legislador kirchnerista Elio Rebot presentó una nota pidiendo una profunda investigación al respecto.

El presunto fraude se descubrió ante la quiebra de la financiera Santa Elena donde, inconsultamente, se había invertido el dinero de los afiliados en bonos cotizables en la Bolsa de Comercio.

Ante esta situación, en su sesión de hoy, la Legislatura evaluará reformar la ley 930 que regula la actividad del SSAS, para limitar su autarquía y disponer eventualmente su intervención.

Esta obra social tiene de gerente administrativo a Andrés Albor, enrolado en la corriente del radical Christian Caram, la presidencia la ejerce el sindicalista Andrés Seisdedos y la vicepresidencia la ocupa Guillermo Souza.

Los restantes directores son: Ernesto Samania, Celia Rossi, Jorge Pisani, Marcelo Valeri, Miguel Angel Varela y Fernando Bertani.

Si bien no figuran en el directorio de manera formal, en el mercado aseguran que detrás de los negocios de Santa Elena, estaría Jorge Terrado, uno de los responsables por la caida del Banco Extrader que habría dejaron a cientos de ahorristas sin sus cuentas y su patrimonio.

Mientras que el titular de la Comisión Fiscalizadora es Angel Barraco, el vice Luis Scholnik, a quienes acompañan cinco secretarios.

El conflicto también compromete a los distintos bloques que nombraron representantes en el Consejo de Administración y a las conducciones de SUTECBA, ATE y UPCN de la Legislatura, que también tenían representantes en la Comisión Fiscalizadora.

Entre las reacciones más inmediatas, figura un comunicado distribuido entre el personal, que firman numerosos empleados legislativos, donde entre otras cosas se preguntan: “¿Cómo se entiende que la Obra Social de la Legislatura tenga el dinero (nuestro dinero) en un banco o financiera privada, y no en el Banco Ciudad o Nación?”

Sin embargo, el tema lo había abordado en enero de 2005 el legislador porteño Juan Manuel Velasco, que pasó de Recrear al bloque de ARI, cuando pidió por nota que se investigaron presuntas irregularidades que se habrían cometido en la obras social legislativa desde 1997.

Los textos habían sido dirigidos a Santiago de Estrada y a Oscar Moscariello, secretario administrativo, así como a la dirigencia del sindicato AUPLEA, que nuclea un sector de empleados legisltivos, y que había sido denunciante de irregularidades administrativas.

Los sindicalistas señalaron que entre diciembre de 1997 y marzo de 1998, se le había hecho a los trabajadores una retención del 3 por ciento de sus salarios, sin que aún hubiera sido contratada una prestadora médica.

Esos fondos descontados, según la denuncia, habían sido depositados en un plazo fijo a nombre del entonces secretario administrativo, el actual legislador Ariel Schifrin, cuando la titularidad del Cuerpo, estaba en manos de Aníbal Ibarra.

Otra irregularidad también denunciada, se produjo en 2001 con el cobro de 13 cuotas anuales, en lugar de 12, destinadas al servicio de Provincia Salud.

En tanto, que se atribuye a la decisión del radical Cristian Caram, cuando era titular de Legislatura, la firma de un decreto autorizando el cobro de mil pesos de parte de los integrantes del Consejo de Administración.