INUNDACIONES: EL INFORME DE LOS PERITOS SEÑALA FALENCIAS E IMPREVISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS

El informe de los peritos que el lunes llegó al despacho del Juez de Instrucción Diego Andrés de la Torre tiene 13 anexos documentales y una extensión que, a más de un experto, llevaría un tiempo prudente de estudio. El dossier, firmado por los ingenieros Jorge Daniel Bacchiega, Juan Carlos Bertoni y Adolfo Mazza tiene una introducción extensa y explicativa, para luego responder al pliego de preguntas que elaboraron el juez, el fiscal Ricardo Favaretto y los actores civiles intervinientes en el expediente.

Aunque el informe está rodeado de una fuerte protección por parte del juzgado, altas fuentes tribunalicias adelantaron -fueron dos y coincidentes-que el dossier adjudica a los funcionarios municipales y provinciales responsabilidades por la obra inexistente de la defensa en la zona oeste y dedica un capítulo al plan de contingencia y evacuación que no pudo agilizar la rápida salida de las zonas anegadas de miles de personas y que provocaron 23 muertes directas.

La pericial técnica tiene “un alto nivel de detalles” y señala que el cierre de defensa de la zona oeste debía hacerse en una extensión que permita resguardar a la ciudad de la crecida del río Salado. Una fuente judicial expresó que “los peritos señalan que la obra estaba inconclusa y que hasta el cierre provisorio estaba mal, correspondía cerrar todo el anillo. La clave del informe es la crítica al final del tramo II de la obra de defensa”, dijo.

Otro inciso del documento gira alrededor de la previsibilidad del fenómeno hídrico y realza los valores de los antecedentes provenientes de la Nación que informaban sobre le comportamiento del río Salado en toda la extensión de su cuenca. “Hay un acta del Comité de Emergencia, de abril de 2.003, en donde se menciona el plano que acercó a la reunión el Ingeniero Ricardo Frati (entonces Director Provincial de Obras Hidráulicas) y advertía sobre el nivel que iba a alcanzar el agua en el interior de la ciudad, esto puede ser fundamental para la investigación en cuanto al plano de la aplicación del plan de contingencias”.

Otro de los aspectos señalados tiene que ver con la situación de colapso que presentaba la ruta 70 en los días previos a la inundación en el casco santafesino. “¿No era un indicador contundente ese dato?”, señaló una calificada fuente técnica que pidió evitar la mínima referencia de su procedencia.

En la mañana de ayer, las abogadas de la Casa de los Derechos Humanos de Santa Fe y actores civiles de la causa, las doctoras Lucrecia Faccioli y Lucila Puyol, se entrevistaron con el juez de la Torre y le pidieron que formalice el pedido presentado la semana pasada donde solicitaron 30 días hábiles para que el perito de parte (Ingeniero Alfredo Trento) revise el dossier oficial y presente la objeciones pertinentes en el caso que las considere necesarias.

Del mismo modo, tanto el juez Diego de la Torre como el Fiscal Ricardo Favaretto pueden solicitarle a los peritos que expliquen o amplíen algunos puntos del informe.

Otro dato importante que trascendió, fue la presencia en los Tribunales santafesinos del ex Ministro de Obras Públicas de la Provincia (y actual funcionario del Enress) Ing. Edgardo Berli. La semana pasada, el ex funcionario provincial le entregó al Fiscal nueva documentación sobre el trabajo elaborado por ingenieros porteños y que tuvo un costo para el Estado santafesino de $150.000. El juez fue notificado inmediatamente sobre esta nueva presentación que ya fue aportada al expediente.

Fuentes tribunalicias dejaron trascender además que “el informe tiene detalles nunca antes aportados a la causa y un alto nivel de tecnicismo que, a simple vista, contrastan en sus conclusiones con los informes de la Cepal y el de los peritos (contratados por Berli durante la gestión de Reutemann como gobernador)”.

Este nuevo informe es la prueba fundamental que necesitaba el expediente para volver a activarse. Había sido pedido por el propio juez hace casi un año para tener “una nueva posición de los hechos”.

El extenso pliego de preguntas, que elaboraron el fiscal, el juez y el actor civil, fue luego sintetizado y finalmente ayer respondido por los peritos.

SOBRE LA DEFENSA OESTE

Los peritos sostienen su informe manifestando que – de acuerdo a los cálculos – si estaba cerrado el tramo de la defensa desde el Hipódromo hasta la calle Estado de Israel (unos 2.600 metros) el agua no hubiese entrado. Incluso, según dejaron trascender calificadas fuentes, en la charla que mantuvieron los peritos con el Juez, el Fiscal y el secretario del Juzgado el lunes pasado, hicieron referencia a todos los proyectos presentados anteriormente y aclararon que si la defensa no llegaba hasta la zona de cierre, hidráulicamente hubiese sido deficiente, pero si así sucedía, el cierre era perfecto.

De todos modos, esta interpretación no quita el riesgo de cualquier otra rotura o causa ajena a la defensa, que hubiese permitido el ingreso del agua. Bien cerrado, desde el punto de vista planimétrico y altimétrico hubiese sido una buena defensa contra el río.

LOS ANTECEDENTES

Los profesionales se habían sorteado el 29 de noviembre pasado y adjudicado en forma legal el 7 de diciembre. El trabajo de los peritos será fundamental para establecer las responsabilidades de los funcionarios provinciales y municipales en la emergencia hídrica. El documento tendría conclusiones distintas a los que ya están en poder de la justicia.

Los peritos designados por la Justicia santafesina entregaron ayer al juez de instrucción, Dr. Diego de la Torre, el informe técnico que debían desde el 9 de abril de este año, plazo que fue ampliado luego hasta el corriente mes.

Vale recordar, que el estudio técnico es un elemento fundamental dentro de la investigación, ya que establecerá las responsabilidades de los funcionarios durante la emergencia hídrica, sobre todo en los días más sensibles de la catástrofe.

Según confirmaron fuentes judiciales a Notife, el peritaje rebatiría los argumentos técnicos esgrimidos en el informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina, organismo que depende de las Naciones Unidas), solicitados en su momento por el ex gobernador Carlos Reutemann, a fines del 2003, antes de dejar la gestión y que costaron a la provincia 150 mil pesos.

Las mismas fuentes, muy cercanas a la investigación, indicaron que “el estudio elaborado por los peritos a pedido de la justicia, habría tomado en cuenta incluso otros elementos que no fueron considerados por el organismo internacional, y que serían determinantes en la elaboración final de la conclusión”, sobre las responsabilidades de lo ocurrido en la inundación.

El sorteo de los peritos se realizó en noviembre pasado, y determinó que Jorge Daniel Bacchiega, Juan Carlos Bertoni y Adolfo Mazza fueran los encargados de realizar los estudios técnicos.

Apenas unos días después, el 19 de octubre, los peritos sorteados solicitaron una prórroga en la aceptación del cargo a los efectos de poder cumplimentar los trámites pertinentes para la matriculación y habilitación en el Colegio de profesionales de la Ingeniería Civil de la Provincia de Santa Fe. Dos días después, el propio Tribunal amplió el plazo para la aceptación del cargo.

El 28 de diciembre, el tesorero del Poder Judicial informó al Juzgado que se había procedido al pago de $ 36.000 en concepto “de anticipo de gastos y honorarios correspondiente al peritaje ordenado en autos”. El 16 de marzo los peritos acompañaron el cronograma de trabajo, detallaron la metodología y característica de la labor que iban a desempañar. Allí informaron que en la investigación y elaboración del informe, confeccionada mes por mes, hasta llegar a ocho. En la oportunidad solicitaron una ampliación del plazo originario. El 30 de marzo de este año (a fs. 925), en mérito a los argumentos de necesidad técnica expresados por los peritos, se hace lugar a la petición de prórroga y se concede un nuevo plazo de cuatro meses, que vence el 9 de agosto.

EL COMIENZO DE UN LARGO CAMINO EN BUSCA DE JUSTICIA

La denominada Causa Inundaciones comenzó el 5 de mayo del año 2.003, tras una denuncia presentada por Ana Isabel Zanutigh del Sindicato de Amas de Casa de Santa Fe. El expediente cayó en el despacho del juez de instrucción Diego Andrés de la Torre y en la causa, que ya tiene varias fojas y cuerpos, han declarado en forma testimonial varios ex funcionarios municipales y provinciales de Santa Fe. Pero, hasta el momento, ninguno de esos ex funcionarios (algunos aún en esa condición) fue indagado por De la Torre. No hay ningún imputado por la muerte de 23 personas en forma directa. Tampoco el juez ha dictado un auto de procesamiento para ninguno de los responsables políticos y técnicos de la ciudad o la provincia.