INVERTIRÁN 900 MILLONES DE PESOS EN LA AUTOVÍA ROSARIO-SUNCHALES

La iniciativa privada para construir la autovía Rosario-Sunchales sobre la actual ruta nacional Nº34 fue presentada ayer. Con una inversión estimada en 900 millones de pesos, un grupo empresario mostró su intención de remodelar la traza de 250 kilómetros de extensión, aunque aún falta el okey del gobierno nacional.

La propuesta será elevada a la Casa Rosada la semana próxima. “Tenemos que esperar que se apruebe la iniciativa para luego comenzar con un exhaustivo estudio base”, sostuvo el coordinador del proyecto, Enrique Mántel. Mientras que el director ejecutivo del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, se mostró más que optimista: “Si todo sale perfecto a partir de hoy, en cinco o seis meses tendría que empezar la obra”.

La idea es mejorar ostensiblemente la traza, “debido al crecimiento del tránsito de camiones que llegó a casi un 40 por ciento en ese tramo”, agregó.

La circulación vehicular actual en la zona tiene serios inconvenientes ya que diariamente pasa por allí una infinidad de camiones cargados con un gran porcentaje de la producción de las provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y, lógicamente, Santa Fe y parte de Córdoba. Estos pesados rodados se dirigen hacia el complejo agroindustrial y portuario ubicado en la zona de influencia del Gran Rosario, además de los centros de distribución y consumo del eje Santa Fe-Rosario-Buenos Aires.

Tan necesaria es la obra como crítica la situación actual de la ruta. Es una calzada con un sólo carril para cada dirección, a lo que se unen accesos directos a la ruta sin control, aparte de cruces a nivel con rutas, caminos vecinales y vías férreas. El incremento de la capacidad de transporte permitirá hacer frente al desafío que representará el previsto aumento de la producción agraria.

Según el plan presentado, se construirá una calzada adicional con una longitud de 250 kilómetros, terraplenes por cinco millones de metros cúbicos; bases y subbases de pavimentos por un millón de metros cúbicos; y carpetas asfálticas por un millón y medio de metros cuadrados. En tanto, también se prevé iluminar los cruces de rutas, elevar el nivel de alguno de ellos, y construir dársenas y refugios peatonales para el transporte de pasajeros.

Si la iniciativa se concreta involucrará unas 4.800 trabajadores en mano de obra directa o indirecta y beneficiará a unas 2,5 millones de personas que circulan anualmente por esa ruta.

Los trabajos serán ejecutados por las empresas Covico y Coprisa, bajo el mecanismo de iniciativa privada, habilitado hace poco menos de dos meses a través de un decreto del gobierno nacional que básicamente implica invertir y proponer un modo de repago por parte del Estado. Ambas firmas forman parte del actual concesionario de la ruta 34 (Vial 5) y están integradas por 12 pymes argentinas de capitales nacionales, en su mayoría radicadas en el interior del país.

Con este sistema ya se presentaron diferentes proyectos de obras para rutas, autopistas, puentes y puertos en todo el país por un monto cercano a los siete mil millones de pesos. La idea del gobierno de Néstor Kirchner es “acortar los tiempos y bajar los costos”, y para ello se valió de un decreto (el 966 de este año) con el objetivo de “estimular a los particulares a participar en proyectos de infraestructura”.

Las obras -y en especial, las cifras- que pretenden hacerse bajo esta modalidad son de una envergadura tal como la Autopista Pilar-Pergamino, la extensión del camino del Buen Ayre, la ampliación de la avenida General Paz, y las redes viales propuestas por Aeropuertos Argentina 2000.

En ese mismo sentido, ayer en el salón Terrazas del Paraná (La Fluvial), las firmas presentaron la iniciativa privada a través de la cual pretenden construir la autovía a Sunchales.

La obra tiene un gran impacto estratégico ya que permitirá unir los dos polos industriales más importantes de la provincia, Rosario y Rafaela. En efecto, la nueva traza pasará por la llamada “Perla del Oeste” a través de la ruta 34. Vale destacar que el intendente de Rafaela, Omar Perotti, fue de la partida en la presentación.

Los pasos
De acuerdo al Anexo II del decreto, el proyecto debe ingresar a la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas (Cedip), integrado por representantes de los ministerios de Economía y de Planificación Federal. La norma, modificada el 16 de agosto pasado, le da “preferencia” a la empresa impulsora del proyecto a la hora de la licitación. Ese handicap consiste en beneficiar con la adjudicación de la obra a quien presente el proyecto si la diferencia con la mejor oferta en la licitación es inferior al cinco por ciento. Además, si esa diferencia se ubica entre el cinco y el 20 por ciento, la empresa que presentó la idea podrá igualar la mejor oferta y quedarse con los trabajos.

Este sistema se venía utilizando desde la década del 60, según detalló el titular de Hacienda, Roberto Lavagna, durante la conferencia de prensa de inauguración de esta herramienta, pero tenía algunos vacíos legales; como por ejemplo “costos muy altos, plazos no definidos y la posibilidad de que el Estado pudiera ser demandado por la empresa a cargo de las obras”.

No obstante, para Lavagna el nuevo decreto “establece costos más bajos y plazos más precisos: 30 días para decidir si el programa es admisible o no; otros 60 días para que el proyecto sea evaluado en conjunto, entre los ministerios de Planificación y Economía; para esperar finalmente la decisión final del presidente”.

Una vez tomada la determinación, el ministerio de Planificación deberá confirmar si se realizará una licitación pública (en donde el Estado confecciona los pliegos de bases y condiciones en 60 días) o bien un concurso de proyectos integrales, donde el iniciador tiene 30 días para entregar los estudios y la documentación pertinente, y el Estado tiene un mismo plazo para llamar a concurso.