INVESTIGABAN EN SANTIAGO A LA MITAD DE LOS SACERDOTES

Algo queda claro: el video que muestra al obispo Juan Carlos Maccarone manteniendo una relación íntima con un joven de 23 años es el último eslabón de una serie de investigaciones, escuchas telefónicas y operaciones intimidatorias que han sufrido, en esta provincia, unos 25 sacerdotes durante los últimos ocho años, con el poder en manos del matrimonio Juárez.

Cuando hace algo más de un año, el 2 de abril de 2004, el entonces interventor provincial Pablo Lanusse desarticuló la Dirección de Informaciones, conocida como D-2, se descubrió que el organismo había acumulado en los últimos 20 años más de 40.000 carpetas con información personal de ciudadanos, políticos opositores, militantes y curas.

Más de la mitad de los 47 sacerdotes que hay en Santiago del Estero tenía su propia foja en los archivos de esta organización, a la que llaman “la Gestapo juarista”. La D-2 era comandada por el comisario general (retirado en 1978) Antonio Musa Azar, que fue denunciado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Y que ahora se encuentra en prisión.

Uno de los primeros sacerdotes en ser investigado por el D-2 fue el padre Marcelo Trejo. El religioso era el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, creada en 1997 por el obispo Gerardo Sueldo, que falleció en un dudoso accidente automovilístico el 4 de septiembre de 1998.

“Durante nuestras misas los fieles se acercaban y nos relataban cómo el poder político los investigaba. El que se oponía a los Juárez era destituido, marginado o echado de su empleo. Sueldo vio esa injusticia y fundó la Secretaría de Derechos Humanos. Allí empezamos a contener a toda la gente que tenía miedo”, dijo a LA NACION el padre Trejo.

Con la llegada de Maccarone, en 1999, la Secretaría cobró más fuerza. “Desde sus homilías y sermones el obispo criticaba al poder político y económico. Marcaba un camino para los pobres e intentaba despertar una conciencia ciudadana y democrática entre todos los santiagueños”, dijo Juan Carlos Storniolo, actual camarista de Santiago del Estero y primer asesor letrado de la Secretaría de Derechos Humanos, en 1997.

Pero no sólo Maccarone criticaba al poder político económico. Sus sacerdotes, identificados con el ala progresista de la Iglesia, también exhortaban a sus fieles a ser conscientes del “cambio que se producía en la provincia”.

El padre Sergio Lamberti recuerda que al poco tiempo de llegar monseñor Maccarone comenzaron las escuchas telefónicas y los infiltrados en las reuniones de la pastoral social. “Había fieles y policías buenos que se acercaban después de la misa y me decían: Padre, cuídese que lo están escuchando. Lo vigilan día y noche. Transcriben sus homilías y lo graban durante las marchas”, recordó el sacerdote.

Para el obispo las escuchas telefónicas y las investigaciones policiales no eran algo nuevo. Poco antes de dejar Chascomús para llegar a la diócesis de Santiago del Estero, un grupo de espías del D-2, comandados presuntamente por el comisario José “Chupa” Ramírez, comenzó a investigar al prelado. En ese momento estalló el escándalo por el doble crimen de la Dársena y llegó la intervención federal que pondría fin al régimen juarista, que había dominado estas tierras por 30 años.

Maccarone hizo su descargo durante la intervención provincial. Y el prelado, junto con los sacerdotes Lamberti, Trejo, Rolando Tenti, Julio Sabat y otros 20 párrocos, presentaron un recurso de hábeas data para constatar si efectivamente en el D-2 había informes sobre ellos. Y había…

INTELIGENCIA PRIVATIZADA

“Me entregaron una carpeta con dos recortes de diario y una hoja con mis datos. Fue una cargada. Estoy seguro de que mi ficha sigue en manos de un grupo de espías que aún sigue actuando en Santiago. Pero con la desarticulación del D-2 y el encarcelamiento de Musa Azar, la inteligencia se privatizó. Toda esa gente que investigaba ahora trabaja en distintas agencias de seguridad privadas”, se lamentó Trejo.

Lamberti dijo que a él le entregaron una carpeta voluminosa con muchísimo material personal. “Había textos de mis homilías y material procesado de mi vida privada”, señaló el cura.

Una vez finalizada la intervención federal, la causa sobre las investigaciones del D-2, casi quedó en el olvido y en abril de este año los sacerdotes tuvieron que ampliar sus declaraciones. “El juez federal Angel Toledo quería cerrar la causa por falta de evidencias. Hay más de 40.000 carpetas y dice que faltan evidencias. Así se manejan las cosas aquí. Maccarone siempre estuvo preocupado por el espionaje en su curia. Aunque ya se había desarticulado la D-2, en marzo último contrató técnicos para que revisaran toda la catedral, el Arzobispado y verificaran las líneas de teléfono”, explicó Lamberti.

Y Trejo añadió: “Nos preocupa que la metodología de filmar un video íntimo que provocó la renuncia de Maccarone reedita viejas prácticas mafiosas y extorsivas que antes estaban en manos del poder político de los Juárez. Ahora están en manos del poder económico que todos conocemos”.