INVESTIGAN A UN COMISARIO POR UN PATRIMONIO DE 5 MILLONES

En pleno allanamiento, el papelito pegado con imán en el frente de la heladera llamó la atención de los investigadores. Le recordaba al dueño de casa que no debía olvidarse de pasar por el banco a pagar la cuota de la caja de seguridad. El mensaje llegó a manos de los fiscales, que decidieron abrirla. Fue el martes y aún les dura la sorpresa: encontraron 9.000 billetes de cien dólares .

La caja estaba a nombre de Nélida Rodríguez, una pensionada de 78 años que vende productos de belleza para mejorar sus magros ingresos. Para los investigadores, el dueño real sería su yerno, el comisario Juan Manuel Caruso, que hasta el fin de semana pasado era el jefe de la comisaría de Médanos, un pueblo de 6.000 habitantes a 40 kilómetros de Bahía Blanca.

Fuentes del caso dijeron a Clarín que esa cifra sería sólo parte del patrimonio por el que investigan al policía: en total, unos 5 millones de pesos entre cuentas bancarias, inmuebles y coches inscriptos a nombre suyo, de su suegra y de un supuesto hombre de confianza.

Una escucha telefónica del 19 de setiembre pasado abrió la investigación sobre el sorprendente patrimonio atribuido al comisario Caruso. Pocos días antes, la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 de Bahía Blanca había decidido intervenir el teléfono de la comisaría de Médanos para investigar el trato preferencial que estarían recibiendo los cinco detenidos que se alojaban allí.

En esa conversación, un tal Luis le reclamaba al comisario por una cuenta bancaria que figuraría a su nombre en la sucursal Bahía Blanca del Macro Bansud, por 250.000 dólares.

“De acuerdo, soy tu testaferro —decía el hombre—, pero me estoy hartando y te voy a iniciar un juicio… Te querés comer el postre, la frutilla… Yo me estoy cagando de hambre con un montón de plata que ni toco, ni veo, ni quiero ver…”

Con ese dato, la fiscal Claudia Lorenzo, titular de la UFI 4, dio intervención a la fiscalía de turno, la UFI 3, para que siguiera la pista. Los fiscales Oscar Duizeide y Gustavo Zorzano determinaron con rapidez que el tal Luis era Luis Aguado, un reparador de electrodomésticos que vivía en Zapiola 57, una casa cerca del centro de la ciudad, donde los impuestos llegaban a nombre de Juan Manuel Caruso.

Cuando allanaron la casa, encontraron nueve boletos de compraventa de terrenos en el country Bosque Alto, que estarían a nombre del jefe policial por un valor total de 300.000 pesos.

Al mismo tiempo allanaron la casa de dos plantas del comisario en el barrio Santa Margarita, otra de su suegra y una tercera en Villa Harding Green, que figura a nombre de Aguado. “Está comprobado que Caruso es propietario de la vivienda de Zapiola 57, de la que vive en Santa Margarita y de al menos tres vehículos, entre ellos una camioneta 4×4 valuada en 80.000 dólares”, confirmó a Clarín el fiscal Zorzano. Y aseguró que aún resta probar si Caruso también posee dos viviendas en Villa Ventana y Monte Hermoso y una chacra en Cipolletti. Y se libraron oficios a otros bancos con los que podría operar el policía. En el mismo Bansud habría otro depósito de 200.000 pesos.

“Por ahora nuestra única hipótesis es el enriquecimiento ilícito de Caruso, aunque no descarto otras derivaciones”, explicó el fiscal cuando se lo consultó sobre las versiones que atribuyen al comisario el rol de administrador de valores de otras personas vinculadas a actividades ilegales en el sur bonaerense.

Caruso fue secretario de la Jefatura Departamental Sur y jefe de las comisarías de Coronel Dorrego y de Punta Alta.

Ahora, su jefe directo, el comisario inspector José María Cabada, se manifestó “sorprendido” por el dinero hallado en la caja de seguridad y pidió “su inmediato relevo, para que el proceso sea lo más transparente posible”.

Caruso está en disponibilidad preventiva y cobrará la mitad del sueldo mientras dure el proceso. Clarín intentó contactarlo para una entrevista, pero en sus teléfonos no contestaba nadie. Los fiscales seguirán reuniendo pruebas y recién después lo citarán para que explique cómo logró su patrimonio. El enriquecimiento ilícito tiene una pena de 2 a 6 años de prisión, y la misma condena le cabe a un testaferro.