Investigan a una agencia por alquiler de vientres en Mendoza

Argentina Maternity quedó comprometida luego de que detuvieran a una pareja gay que había contratado sus servicios y pretendía llevarse al niño recién nacido a Chile.

Luego de la controversia que se generó en Mendoza por un nuevo caso de alquiler de vientre , la Justicia busca determinar si la agencia trucha Argentina Maternity (AM) ha permitido que más bebés salieran del país y si se encuentran más mujeres embarazadas bajo las órdenes de esta firma, que ya fue desarticulada y dada de baja.

El caso disparador se conoció esta semana pero sucedió a comienzos de mes, cuando una pareja gay de chilenos (un médico neurólogo y un psicólogo) fue retenida en el aeropuerto internacional El Plumerillo con una beba en brazos, de 38 días. A pesar de que tenían los papeles en regla y habían pasado los controles migratorios, la Policía de Seguridad Aeropuertaria (PSA) sospechó del origen de la pequeña. Inmediatamente tomó intervención la Justicia de Familia, y finalmente, la Fiscalía de Delitos Complejos, que inició una causa de oficio e investiga el accionar de la agencia AM.

El titular de esa empresa no inscripta, el abogado Juan Pablo Rojas Pascual, aseguró que AM es una organización de padres con dificultades para concebir hijos y los asesoran, pero que no se dedican a buscar mujeres para fecundarlas artificialmente. Sin embargo, los investigadores creen que más mujeres podrían ser presas de esta organización y que otros bebés ya habrían salido de la Argentina de manera irregular.

Por su parte, el médico chileno que quiso llevarse a la pequeña, aduciendo que nació producto de un noviazgo con la mujer que dio a luz a la beba, reconoció en las últimas horas ante la Fiscalía Especial, a cargo de Claudia Ríos, que se trató de una gestación por sustitución, con la intermediación de Argentina Maternity, lo que pone en situación más compleja al letrado y titular de esa compañía, Rojas Pascual, pero también al accionar de Tersoglio, un reconocido instituto de reproducción asistida de Mendoza. El papá de la beba, al admitir que había mentido, explicó que se trató de una fecundación artifical, con un embrión que se implantó a la joven de 32 años, de bajos recursos, oriunda del departamento de Godoy Cruz, quien recibió una importante suma de dinero. Según los pesquisas, la mujer habría recibido a cambio de los 9 meses de embarazo unos 200.000 pesos, además de una cobertura médica de primer nivel.

Por estas horas, se siguió moviendo el avispero y comenzaron a surgir nuevas ramificaciones vinculados a estos polémicos casos. Una mujer denunció que realizó un tratamiento de fertilización asistida en ese instituto, con resultados alentadores, pero todo se frenó cuando llegó el turno de concretar la transferencia embrionaria, por lo que la Justicia también investiga qué sucedió en este particular caso.

En la Argentina, el alquiler de vientres, técnicamente llamado gestación por sustitución, no se encuentra regulado y quedó afuera del Código Civil , por presiones de la Iglesia, por lo que ya se presentó en el Congreso, de la mano de la legisladora nacional radical y vicegobernadora electa de Mendoza, Laura Montero, un proyecto de ley que permite la práctica pero bajo la órbita de la Justicia. De esta manera, se creará un registro de mujeres, quienes, al igual que los bebés y demás integrantes del proceso, tendrán todas las garantías jurídicas, poniendo freno así al negocio que subyace.

Esta metodología gestacional comenzó este año a hacerse visible en Mendoza y, paradójicamente, logró un fallo judicial inédito a favor de la comercialización, lo que despertó las críticas de especialistas, aunque destacaron que se logró darle la identidad a un bebé, reclamado por una pareja de bonaerenses, quienes finalmente volvieron a casa con su pequeño. También habían realizado el procedimiento con la agencia ilegal.

 

 

 

 

Fuente: La Nación