INVESTIGAN A VEINTE JEFES DE LA POLICIA BONAERENSE

Mientras la justicia penal platense inició ayer una investigación para determinar si el ex jefe de la policía bonaerense Alberto Sobrado pudo haberse enriquecido en forma ilícita, el ministro de Seguridad provincial reveló que se investiga a otros 20 jefes policiales cuyo patrimonio no coincidiría con el nivel de sus ingresos.

A primera hora de ayer, el fiscal de ejecución de esta ciudad, Marcelo Romero, le pidió a su par de turno, Daniel Urriza, que inicie una causa para averiguar el modo en que Sobrado consiguió reunir su patrimonio.

Por su parte, Solá informó que la provincia también iniciará un proceso judicial contra el ex jefe policial. Lo hizo durante una conferencia de prensa brindada anoche en la Casa Rosada, en la que dijo que hay “activistas” que pertenecieron a la policía bonaerense y que votaron a Carlos Menem en las últimas elecciones presidenciales, “que instigan a la protesta por los crímenes para crear un clima de inseguridad”.

Aunque el gobernador no citó nombres, habló de “comisarios importantes que se retiraron bien o mal de la policía y que venden seguridad personal como profesión”.

“A mí me parece que activan políticamente, lo que no quiere decir que sean autores de delitos, sino que es gente que se sabe mover en lo mediático después de cometido un hecho ilícito”, dijo el gobernador.

Asimismo, Solá sostuvo que no le consta que un sector en actividad de la policía esté involucrado en la ola de secuestros que se sucede en su provincia. No descartó, sin embargo, que efectivos “retirados o exonerados” puedan estar actuando en ese tipo de delitos.

Anoche Cafiero aseguró que el comisario general Eduardo Colaci, hasta ayer segundo en la jerarquía de la institución, se hizo cargo operativamente de la policía en forma provisional.

Pese a que Cafiero y Solá dijeron que Sobrado había reconocido la cuenta, aunque por un montó menor -unos 150 mil dólares-, ayer se conocieron declaraciones del ex jefe policial en las que negó todo.

“No tengo, ni tuve nunca, un depósito en el exterior. Y tampoco tengo un depósito acá. Ojalá lo tuviera”, manifestó Sobrado en una entrevista publicada ayer por el diario local El Día, único medio con el que accedió a hablar. Allí el ex superintendente de la policía aseguró, además, que presentó su renuncia con el objetivo de “oxigenar la gestión de Cafiero”.

No obstante, ahora deberá explicar ante los tribunales cómo consiguió girar al exterior 333.549 dólares con un sueldo de bolsillo que, como jefe máximo de la policía provincial, asciende a 4443,71 pesos -incluidos ítem de antigüedad y plus por cargo-, según lo informado oficialmente.

Respecto de la situación actual de Sobrado, el gobernador afirmó que no va a ser exonerado de la fuerza, ya que esa sanción está ligada a acciones previas de la Justicia. Desde el Ministerio de Seguridad provincial, en tanto, se indicó que el separado superintendente de policía fue pasado a “retiro obligatorio”, lo que le impediría volver a ocupar un cargo público.

Para el gobernador, “cuando uno es un hombre público uno tiene una vida privada que debe defender, pero su patrimonio es público y se debe poder explicar de cabo a rabo. Nosotros no defendemos la intimidad patrimonial”.

“Cualquier policía o funcionario público que aduzca que debe pedir plata o hacer negocios o aceptar soborno es un delincuente que está buscando una excusa”, sentenció Solá, y reconoció que la cuenta por 333.549 dólares de Sobrado en las Bahamas fue descubierta por la revista Veintitrés y el Gobierno decidió su separación sólo cuando Asuntos Internos confirmó los datos y determinó que éste no había dado cuenta del traspaso del dinero ante la AFIP.

En tanto, la División de Asuntos Internos avanza en la investigación patrimonial de otros jefes policiales. Ayer Cafiero precisó que “hay alrededor de 20 casos de diferentes miembros de la policía que serán puestos en la misma situación y, si se niegan a explicar su patrimonio, deberán dar un paso al costado”. Fuentes de su cartera aseguraron que en ese grupo hay varios comisarios generales, máxima jerarquía de la conducción policial.

“No todos los que integran la cúpula de la policía bonaerense soportarían una investigación sobre su patrimonio”, aseguró ayer una alta fuente de la cartera conducida por Cafiero. El informante reconoció que “esto complica muchísimo la decisión sobre el reemplazante de Sobrado”.

Estos sumarios fueron abiertos a principios de año, cuando Cafiero firmó una resolución que obliga a los funcionarios policiales, a partir de la jerarquía de subcomisario, a realizar una declaración jurada patrimonial. “Lo importante es observar la evolución de los bienes durante su desempeño y compararla con sus ingresos”, por ello en Asuntos Internos ampliaron los rastreos a los registros de la propiedad tanto inmueble como del automotor.